El deteriorado estado de salud del también exrector y exdiputado federal priista, que ha sufrido infartos y padece un problema lumbar, según la exposición de sus abogados, fue el motivo por el cual se cambió la prisión preventiva dictada el 6 de septiembre de 2020, reporta la agencia Apro.
Después de un año y cinco meses en la prisión de máxima seguridad del Altiplano acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), obtuvo su libertad condicional, después de que el juez de control del caso autorizó el cambio de medida cautelar por el de arraigo domiciliario.
El deteriorado estado de salud del también exrector y exdiputado federal priista, que ha sufrido infartos y padece un problema lumbar, según la exposición de sus abogados, fue el motivo por el cual se cambió la prisión preventiva dictada el 6 de septiembre de 2020.
Sosa Castelán fue detenido el 31 de agosto de aquel año, en la Ciudad de México, acusado de ser la cabeza de una presunta red de corrupción creada para sustraer recursos de la Autónoma del Estado, institución de la que mantiene el control político desde 1979, cuando, tras emanar de la extinta organización porril Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), se erigió como el líder fáctico.
En una audiencia celebrada ayer por la noche el juez determinó que el ahora morenista —jefe político de presidentes municipales, así como legisladores estatales y federales— continúe su proceso en un domicilio acordado por las partes, y que sea monitoreado mediante un brazalete electrónico.
En su imputación, la Fiscalía General de la República (FGR) —que fue quien solicitó al juez el cambio de medida cautelar promovida por la defensa del ahora exinterno—, acusó a Sosa Castelán de crear un esquema de triangulación para beneficiarse de los recursos de la UAEH, mediante una empresa fachada, Contabilidad del Siglo XXI, a través de la cual dispersó presuntamente 58 millones 245 mil 948 pesos entre 2011 y 2018, a cuentas de personas físicas y morales allegadas a él (causa penal 263/2020).
Esa firma fantasma que, denunció, carecía de personal, infraestructura y mobiliario indispensable para la prestación de servicios, era puente entre la universidad, despachos contables falsos creados por el operador financiero Francisco Natalio Zamudio Isbaile, prófugo, y cuentas relacionadas con la familia del imputado, entre éstas las de sus hijas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto, también evadidas de la justicia.
El objetivo del arraigo, de acuerdo con la FGR, es salvaguardar la salud del político hidalguense, cuyos abogados, desde el año anterior, buscaron que dejara la prisión federal al argumentar que su estado de salud era precario, por padecimientos crónicos que requieren atención médica especializada.
Fuente: Apro
