Por Thalif Deen
Los 10 años de cárcel y los mil azotes a los que condenó el régimen conservador y autoritario de Arabia Saudita a un bloguero y activista provocaron la condena internacional y revelan la impotencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante este tipo de casos. Raif Badawi fue condenado por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión en la página de Internet llamada Free Saudi Liberals (Liberar a los Liberales Sauditas). La condena también incluye una multa de un millón de riales, equivalentes a 266 000 dólares. La crítica más fuerte surgió el jueves 15 de enero del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein. “La flagelación es, en mi opinión, por lo menos, una forma de castigo cruel e inhumano”, afirmó el exembajador de Jordania ante la ONU. “Este tipo de castigo está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos, en particular por la Convención contra la Tortura, que Arabia Saudita ratificó”, explicó. Los analistas coinciden en que la decisión de Arabia Saudita es una burla a la convención internacional, de la misma forma que lo son otros abusos, como la tortura que las agencias de inteligencia de Estados Unidos practican contra los sospechosos de terrorismo. La ONU es impotente en estos casos y no puede sancionar a los países infractores porque los Estados miembros tienen la última palabra, salvo cuando los sanciona el Consejo de Seguridad, el único órgano del foro mundial capaz de adoptar resoluciones obligatorias. Badawi recibió los primeros 50 latigazos el viernes 9 y recibirá 50 más cada viernes, el día de reposo santo para los musulmanes, hasta cumplir los 1 000 azotes de su condena. Según Amnistía Internacional, la flagelación prevista para este viernes 16 se aplazó por motivos médicos, ya que Badawi aún no se recuperó de los azotes del día 9. “Badawi es un preso de conciencia. Solamente trataba de defender su derecho a la libertad de expresión y por eso se lo está castigando de una manera horrorosa”, afirmó Sevag Kechichian, investigadora de Amnistía Internacional Arabia Saudita, en diálogo con IPS. “Los azotes y la condena de 10 años son testimonio de los extremos a los que llegan las autoridades sauditas con el fin de aplastar la disidencia”, subrayó. En lugar de continuar con los latigazos, las autoridades sauditas deben tomar en cuenta la indignación internacional por su caso y ordenar la libertad inmediata e incondicional de Badawi, exhortó la activista. Kechichian recordó que Arabia Saudita había calificado de “cobarde” el atentado del 7 de enero contra el semanario francés Charlie Hebdo en París. Al día siguiente las autoridades sauditas “azotaron a Raif Badawi por ejercer su derecho a la libre expresión. Debemos denunciar esta hipocresía. Necesitamos avergonzarlos para que tomen medidas, ya”, expresó. Adam Coogle, investigador de la organización de derechos humanos Human Rights Watch dijo a IPS que la declaración de ACNUDH califica correctamente a la flagelación de tortura y pide a Arabia Saudita que erradique la práctica. “Recibimos con beneplácito el comunicado de prensa de ACNUDH, pero les pedimos” a Zeid “y a la ONU que sigan vigilando y criticando públicamente a Arabia Saudita cuando imponga castigos severos y draconianos contra los activistas y disidentes pacíficos”, agregó. En lo que se consideró una “reprimenda diplomática poco común”, Estados Unidos criticó a Arabia Saudita, uno de sus aliados más cercanos en Medio Oriente e instó al gobierno a revocar la sentencia y revisar el caso. Washington se opone con firmeza a las leyes que limitan la libertad de expresión y de cultos, como las leyes de apostasía, e insta a todos los países que defiendan esos derechos en la práctica, declaró el 8 de enero la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Jen Psaki, a los periodistas. Javier El Hage, abogado de la no gubernamental Fundación de Derechos Humanos, con sede en Nueva York, dijo a IPS que el gobierno de Arabia Saudita se burla de las obligaciones asumidas por ese país en virtud de la Convención contra la Tortura. “El Comité de la ONU contra la Tortura debe solicitar al gobierno de Arabia Saudita que cese inmediatamente los azotes al Sr. Badawi, ya que ese tipo de castigo constituye una clara violación de las obligaciones contraídas” por Riad, añadió. El artículo 20 de la convención faculta al Comité de la ONU contra la Tortura a realizar “investigaciones de oficio si recibe información fiable que parezca indicar de forma fundamentada que la tortura se practica sistemáticamente en el territorio de un Estado parte”, explicó. Aunque el Comité no tienen el poder coercitivo para obligar a Arabia Saudita a detener los azotes, como sucede con la mayoría de las obligaciones del derecho internacional, sí puede informar sobre el tema, condenar al país y emitir recomendaciones, aseguró. En un comunicado difundido el jueves 15, Zeid apeló al rey de Arabia Saudita para que detenga el castigo público y perdone a Badawi, y también para que reconsidere con urgencia este tipo de penas, extraordinariamente severas. El caso de Badawi es uno más en una serie de juicios contra activistas de la sociedad civil, según el comunicado. El lunes 12, un tribunal de apelaciones confirmó la sentencia contra el abogado y cuñado de Badawi, Waleed Abu Al-Khair Badawi, por ofender a la judicatura y fundar una organización sin permiso y amplió la condena de 10 a 15 años de prisión. El Comité de la ONU contra la Tortura expresó en reiteradas ocasiones su preocupación por la práctica de los azotes de parte de los Estados y solicitó su erradicación. En 2016 el organismo examinará la aplicación de la Convención contra la Tortura de parte de Arabia Saudita.
Fuente: Diario EL COMERCIO
