El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –llegado a México como coadyuvante en la investigación del caso Ayotzinapa– se fue del país en plena confrontación con el gobierno federal. Pese a los obstáculos que enfrentaron sus cinco integrantes, lograron desenmascarar al gobierno y sus operadores, de manera notable al exprocurador Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón de Lucio, su comparsa en la escandalosa e inverosímil “verdad histórica” y dejaron abiertas innumerables preguntas.
Por Gloria Leticia Díaz/ Proceso
El 28 de octubre de 2014, los periodistas gráficos freelance Daniel Villa y José Manuel Jiménez tuvieron una jornada singular: tomaron innumerables fotos y grabaron un video en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, relacionado con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dieciocho meses después sus imágenes cobraron relevancia, pues muestran las irregularidades con las que se construyó la “verdad histórica” pontificada por Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esa versión se apoyó en el trabajo del responsable de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, el funcionario al que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusaron de presuntamente “tergiversar” los hechos ocurridos en el río San Juan, donde, según la versión oficial, presuntamente quedaron los restos calcinados de los estudiantes.
Ese día, Villa y Jiménez tuvieron problemas para difundir su trabajo, según cuentan a Proceso por separado.
Villa no pudo colocar su serie fotográfica en los medios, en tanto que Jiménez —ex colaborador de este semanario— vendió su video a la productora Vice. La empresa no atendió las recomendaciones de incluir en un documental las imágenes en las cuales aparece Zerón junto a Agustín García Reyes —uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas—, y varios hombres armados, uno de ellos fornido, con traje oscuro, relata Jiménez.
Y Villa comenta divertido: “Ahora resulta que la serie fotográfica del 28 de octubre de 2014 —el fracaso de mi vida— sirvió para que Ayotzinapa no quede en el olvido… Movió al sistema”.
En los primeros días de abril, Carlos Beristáin, uno de los cinco integrante del GIEI —los otros son Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia y Francisco Cox Vial—, buscó a Jiménez para hablar de las imágenes.
FECHAS NO COINCIDEN
“Me pidió ver mi video, y confirmó que la metadata era correcta, que correspondía al 28 de octubre. Lo contacté con Daniel (Villa), porque trabajamos en equipo. Beristáin nos preguntó si podíamos entregarle el material; lo hicimos sin ningún problema, con el simple ánimo de colaborar en la investigación.
“Debo puntualizar que el GIEI no nos ofreció dinero —no lo hubiéramos aceptado. Lo único que pedimos es que nuestros nombres aparecieran en el informe final sobre el caso Ayotzinapa”, sostiene Jiménez.
Él y Villa llegaron a Iguala el 27 de octubre, cuando supieron que había operativos de búsqueda en el basurero de Cocula. Se dirigieron a esa localidad y permanecieron en la región hasta el 29.
Admiten que no fueron los únicos reporteros gráficos esos días en el basurero de Cocula y en el río San Juan. Recuerdan incluso que el 28 de octubre de 2014 algunos portales de medios electrónicos, incluido Proceso, subieron información del operativo de la PGR, de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y el Ejército, entre otras corporaciones.
“Cuando (Murillo Karam) habló de la ‘verdad histórica’ y dijo que la localización de restos óseos, entre ellos el de Alexander Mora Venancio, ocurrió el 29 de octubre y vi las imágenes en televisión, me di cuenta de que eran muy parecidas a las que tomamos el día 28… El 29 lo que hubo fue un operativo muy singular; Cocula estaba llena de elementos de gendarmería que tocaban casa por casa preguntando por los chavos”, narra Jiménez.
La discordancia en la fecha en que ocurrió el hallazgo y lo asentado en el expediente fue una de las últimas revelaciones del GIEI durante la presentación de su último informe el pasado 24 de abril. Eso acentuó las diferencias con la PGR, luego de que Zerón trató de desmentir a los expertos tres días después con un video editado.
LA CONFERENCIA DEL GIEI
El 28 de abril, en conferencia de prensa, los expertos independientes dieron cuenta del “comportamiento impropio” del funcionario, al llevar al río San Juan a uno de los inculpados —Agustín García Reyes— sin que exista registro en el expediente. Él presentaba “30 lesiones que no tenía al momento de ser revisado por el médico naval tras su detención”, según las constancias médicas.
Según Paz y Paz y Cox Vial —dos de los expertos del GIEI—, la exhibición de las imágenes en las que se observa a Zerón y a varios integrantes de servicios periciales y fuerzas de seguridad en acción son falaces, pues sus actuaciones no están reflejadas en el expediente.
Paz y Paz, ex fiscal de Guatemala, comenta: “Nos llama mucho la atención que el día 29 de octubre (de 2014) haya una serie de pasos registrados en el expediente para realizar la diligencia en el río San Juan ese día.
“Se acuerda realizar la diligencia, se acuerda el traslado de los presuntos miembros de Guerreros Unidos; se le pide a las carceleras que les den libertad para que puedan ser trasladados a la orilla del río San Juan y al basurero de Cocula para la reconstrucción de hechos; se mandan oficios a servicios periciales para pedir que haya peritos en el río San Juan…
“Según lo que consta el día 29, es una serie de pasos para poder realizar la diligencia, que no existe en relación con el 28 de octubre. La pregunta es: ¿por qué no está esa información en el expediente?”
LAS CONTRADICCIONES
Proceso consultó varias de las actuaciones asentadas de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos en Materia de Secuestro (Ueidms) de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), así como de Servicios Periciales, que cimentaron “la verdad histórica”, a partir de una llamada anónima tomada la noche del 26 de octubre y registrada por la agente del ministerio público Diana Elizabeth Guerrero Ruiz (Proceso 2060).
Cabe destacar que entre el 27 y el 29 de octubre se formalizaron algunas de las detenciones relacionadas con el basurero de Cocula y el río San Juan, entre ellas las de Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez Martínez, Agustín García Reyes, Jonathan Osorio Cortés y Patricio Reyes Landa.
Entre esas fechas, hay oficios suscritos por un comisionado de la UEIDMS en Iguala, Cuauhtémoc Mauriño Cubas, en los que se advierte que a partir del 27 de octubre hubo presencia de peritos en criminalística de campo, odontología forense, medicina forense, antropología, fotografía y video, tanto de la PGR como del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para analizar el basurero de Cocula.
A las 14:00 horas del 29, por ejemplo, se asienta el acceso al vertedero de los agentes ministeriales federales Gualberto Ramírez Gutiérrez y Jorge García Valentín, de la Ueidms, acompañados de peritos y “elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes custodian a Jonathan Osorio Cortés y Agustín García Reyes, sujetos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, estado de Guerrero, quienes hacen de conocimiento de esta representación social que en dicho paraje desahogarán una diligencia, por lo que (…) se les permite el acceso al predio”. No se menciona al defensor de oficio.
LOS OFICIOS
En la averiguación 871/2014 hay un oficio fechado el 28 de octubre a las 16:00 horas por la agente del Ministerio Público Alicia Bernal Castilla, quien instruye la realización de diligencias para el día 29 en el basurero de Cocula y en el río San Juan, donde “pudiesen encontrarse indicios que nos lleven al paradero de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa”.
Entre las indicaciones, se ordena citar al defensor de oficio Víctor Hugo Rodríguez Montiel en las instalaciones de la SEIDO a las 10:00 horas “para trasladarse al lugar señalado; se gira oficio a la directora general de la coordinación de servicios periciales, Sara Mónica Medina Alegría, para que proporcione peritos que acompañen la “diligencia de reconstrucción de hechos, así como en la búsqueda en los lugares de referencia respecto de indicios que puedan proporcionar el paradero y/o destino de los 43 desaparecidos, quienes por dicho de los probables responsables pudieran haber sido privados de la vida en dichos lugares” .
Además se ordena enviar un oficio al coordinador de Infantería de Marina, Marco Antonio Ortega Siu, para que designe elementos que “proporcionen seguridad perimetral durante el desarrollo de las diligencias que habrán que practicarse, así como para que designe buzos de trabajos submarinos para que realicen labores de búsqueda de posibles restos humanos en el cauce del río San Juan”.
Cabe destacar que en la averiguación previa no constan copias de los oficios girados a la Marina ni a los peritos.
Fuente: Proceso
