Por José Gil Olmos
La noche del 26 de septiembre del 2014 fue aciaga. En una acción organizada 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron detenidos a la fuerza por policías de los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco para desaparecerlos la madrugada del 27.
A partir de entonces los familiares de cada uno de ellos ha peregrinado por el mundo exigiendo que aparezcan vivos y el gobierno de Enrique Peña Nieto, por su parte, únicamente ha dado traspiés en sus investigaciones ahondando su peor crisis de credibilidad cuando apenas está a la mitad de su gobierno.
El 27 de enero, cuatro meses después de la desaparición de los jóvenes normalistas, el procurador Jesús Murillo Karam salió a dar una justificación oficial sobre lo acontecido aquella noche del 26 de septiembre en Iguala. En un escenario prefabricado puso un video con testimonios que después se acusaría fueron arrancados con tortura, expuso peritajes inconclusos de la presunta incineración de los cuerpos, acusó al presidente municipal de Iguala y a su esposa de autores intelectuales y a todo esto le llamó “verdad histórica” ante la incapacidad de ofrecer una versión convincente del destino y paradero de los 43 de Ayotzinapa.
Desde el principio nadie creyó en la versión gubernamental sobre la incineración de los cuerpos de los jóvenes a manos del crimen organizado y también se cuestionó la veracidad de los testimonios presentados y la evasión de indagar la participación del 27 batallón de infantería instalado en el cuartel militar de Iguala, así como de la policía federal. Fue también evidente que ocultó pruebas importantes que ahora han salido a flote con el informe de los peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tras un año de fracasos escandalosos en su intento de justificar lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa como un asunto meramente policiaco y de ajuste de cuentas entre el narcotráfico, la opacidad en las investigaciones del gobierno peñista sólo han evidenciado la colusión y simbiosis entre distintos niveles de gobierno y el crimen organizado.
La confirmación de la existencia del narco Estado o el narcogobierno y la prueba de qué pudiera estar detrás de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es lo que más preocupa al gobierno de Peña Nieto. Es más que claro que hubo contubernio entre las policías municipales, estatal, federal y el Ejército en la acción coordinada para desaparecer a los 43 jóvenes.
No se trata, como algunos han dicho y escrito, de la corroboración de que algunos de los estudiantes estaban con un grupo criminal, Los Rojos, y que sus adversarios Los Guerreros Unidos, actuaron violentamente para atacar a sus contrarios.
Se trata más bien de la confirmación de que la línea de autobuses de la que lamentablemente tomaron una unidad los estudiantes, es parte de las rutas del tráfico de goma de opio de los carteles de Guerrero hacia los Estados Unidos y que las autoridades mexicanas al parecer no querían que se revelara porque podría haber autoridades políticas y militares metidas en el negocio.
Un año después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, el grito desesperado de los familiares exigiendo su aparición vivos sigue siendo una demanda incumplida. Ese fue el verdadero grito que se escuchó en el zócalo la pasada noche del 15 de septiembre mientras en el balcón presidencial Enrique Peña Nieto se vestía de oropel ondeando una bandera que le queda muy grande.
Twitter: @GilOlmos
Fuente: Proceso
