El presidente de la CIDH, James Cavallaro, explicó ante estudiantes en Berlín la investigación en torno a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa e hizo una dura crítica al Estado mexicano.
“Ayotzinapa marcó la conciencia de México y América Latina, de países que saben de la cultura de la desaparición forzada, de la complicidad del Estado”, afirma el presidente de la CIDH, James Cavallaro. El también director fundador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford, California, fue invitado por la Universidad Libre de Berlín a abrir un simposio internacional que aborda los casos en donde la Justicia ha fallado.
La conferencia del jurista estadounidense abordó el caso de los 43 estudiantes del magisterio de Ayotzinapa desaparecidos en la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando se dirigían en autobuses a una manifestación. Sus cuerpos nunca fueron hallados y su desaparición fue investigada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El GIEI desmintió la llamada “verdad histórica” que sostiene todavía el Estado mexicano, según la cual los 43 jóvenes fueron detenidos y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que supuestamente ejecutó e incineró a los estudiantes en un basurero lanzando sus restos a un río. El GIEI comprobó que científicamente es imposible que 43 cuerpos fueran quemados en un basurero. El caso sigue sin esclarecerse a tres años de haber ocurrido.
El grupo de expertos del GIEI apuntó a varias líneas en donde no fue posible continuar investigando: la participación del Ejército, la hipótesis sobre la transportación de heroína en un quinto autobús en el trasiego de droga de Guerrero a Chicago, el análisis de la telefonía celular de los estudiantes y el papel de la Policía municipal y federal de Huitzuco.
Cavallaro: “En México los familiares de los desaparecidos saben lo que significa la complicidad del Estado, la falta de investigación, la indiferencia de las autoridades”.
DW: ¿Es el caso Ayotzinapa un paradigma de las desapariciones en América Latina?
James Cavallaro: Estamos hablando en México de miles y miles de personas desaparecidas. 32.000 es la última cifra que manejamos, muchas, no sabemos cuántas, de manera forzada, con algún tipo de participación de las autoridades. Acaba de publicarse una investigación dirigida por Ariel Dulitzky, de la Universidad de Texas, que muestra el grado de cooperación entre el grupo criminal de los Zetas y las distintas autoridades en el Estado de Coahuila, incluyendo a dos gobernadores (Humberto Moreira y Fidel Herrera).
El caso Ayotzinapa también muestra la participación de diversas autoridades en la desparición de los estudiantes y los homicidios, así como en los errores brutales en la investigación, que documentó contundentemente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH. Ayotzinapa dejó una huella en la conciencia de México y de América Latina porque también nuestros hermanos en Argentina, en Chile y en otros países saben lo que es la cultura de la desaparición forzada, saben lo que significa la complicidad del Estado, lo que significa la falta de investigación, la indiferencia de las autoridades. Han vivido todo eso, entonces, hay un elemento en común.
El discurso oficial hacia el exterior es que México es un país confiable, pero ¿no choca esto con la falta de seriedad con la que aborda el Estado las desapariciones?
Los hechos son muy claros. El Estado insiste en que se trata de casos aislados, que en algunos casos de desapariciones habrían participado algunos agentes, que el grueso de la responsabilidad es del crimen organizado, al que el Estado combate. Pero tras la investigación del GIEI en el caso Ayotzinapa, quedó demostrada la participación de las autoridades en todos los niveles, de la Policía de varios municipios, de la Policía estatal, federal y hasta del Ejército mexicano, que acompañó a las autoridades en las actividades en esa noche y en la investigación después.
México insiste en el Exterior en que son casos aislados, pero son muchos. No pueden ser aislados si son miles de casos. El discurso mexicano choca con la realidad. Lo que pasa es que a nivel internacional, los gobiernos de otros países no conocen los detalles y pueden no apreciar la gravedad de la situación.
El gobierno mexicano descalificó al relator especial contra la tortura de la ONU, Juan Méndez, porque dijo que la tortura era una práctica generalizada entre las fuerzas de seguridad; a los integrantes del GIEI, porque desmintieron “la verdad histórica” sobre Ayotzinapa; incluso al entonces secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza. ¿Cómo queda la imagen de México?
El presidente de la CIDH, James Cavallaro, junto con los miembros del GIEI, de izquierda a derecha: Alejandro Valencia, Angela Buitrago, James Cavallaro, Claudia Paz, Francisco Cox y Carlos Beristáin, durante la presentación del reporte final sobre Ayotzinapa.
La CIDH tiene cinco décadas trabajando y ha recibido ese tipo de ataques de diversos Estados. Es muy desafortunado y sería bueno que las autoridades mexicanas pensaran si quieren que México esté alineado a países como Cuba y Venezuela, que son los que descalifican el trabajo de la CIDH. Esta institución, que tengo el honor de representar, ha demostrado en diversas oportunidades y ante las más diversas críticas, la contundencia de su información. Se ha mantenido independiente de toda corriente política y su único norte es la protección y la promoción de los Derechos Humanos en las Américas.
Usted ha dicho que estamos volviendo a los años 30 del siglo XX. ¿Qué efecto tiene un presidente Trump en todo esto?
Lo que ha surgido en los últimos años es un discurso que busca legitimar los nacionalismos, los nacionalismos étnicos, raciales, esas corrientes que están ganando fuerza no sólo en los Estados Unidos, sino en varios países. Representan una amenaza directa a la democracia, a la tolerancia, a los valores centrales de los derechos humanos y la dignidad humana. Los que apoyamos a la civilidad, a la igualdad racial y de género y la tolerancia entre las religiones tenemos que defender nuestros principios ahora porque los desafíos son tremendos.
México acaba de aprobar una ley contra la desaparición forzada. Pero aún no reconoce la competencia del Comité de la ONU sobre la desaparición forzada, lo que no permite que los familiares de desaparecidos lleven sus casos ante ese foro.
La promulgación de esa ley es un paso, pero el gran desafío es y seguirá siendo la distancia existente entre la ley y la práctica. Las familias de los desaparecidos pueden llevar sus casos a la CIDH y a diversos foros. Lo más importante es que México cumpla con las determinaciones de los órganos cuya competencia ha aceptado, no sólo en los casos individuales, sino las políticas públicas.
México tiene que cambiar sus políticas públicas, excluir a los corruptos, los violentos de la fuerza policial e investigar cada caso. Buscar a cada persona desaparecida. Más allá de los casos individuales que puedan llegar a las instancias internacionales, lo importante es que el Estado mexicano atienda todos los casos de las personas desaparecidas en México.
Fuente: DW
