A 7 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de #Ayotzinapa, madres, padres y estudiantes exigen ante @FGRMexico verdad y justicia. #Ayotzinapa7años pic.twitter.com/M3C3PxRk7t
— Centro Prodh (@CentroProdh) September 23, 2021
Este material forma parte del robusto expediente que fue construido en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, el cual documenta “manipulación masiva y sistemática” de las evidencias para fabricar la llamada “verdad histórica”, revelaron a Milenio funcionarios cercanos a la investigación.
De acuerdo con , los interrogatorios fueron realizados entre octubre de 2014 y enero de 2015, y su propósito no era arrancarles información fidedigna a los sospechosos (incluidos todos los que fueron enviados ante la prensa), sino “desinstalarlos” intelectual y emocionalmente, es decir, desligarlos de lo que sabían que pasó para convertirlos en “repetidores de la versión” de los entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
Y de acuerdo con los funcionarios consultados para el reporte, el mismo Zerón, Gualberto Ramírez –jefe de antisecuestros–, otros funcionarios de la PGR y miembros de las fuerzas de seguridad, e incluso abogados de oficio asignados a la defensa de los detenidos aparecen en los videos sometiendo a las víctimas a tratos inhumanos, dictando instrucciones u observando sin objetar.
La investigación oficial incluye un peritaje internacional que corrobora que la voz que se escucha en varios de los videos es de Tomás Zerón. Además de tortura, el expediente documenta montaje de escenarios del crimen, fabricación de pruebas, destrucción o inutilización de evidencias, omisión de procedimientos y de líneas de investigación, indagatorias insuficientes o desestimadas, desprotección de lugares donde había elementos relevantes e intimidación de testigos, entre otras irregularidades.
Carpetas de pruebas Estos 40 videos se reparten en 57 carpetas digitales, que además contienen pruebas forenses (incluidas las obtenidas de teléfonos celulares extraídos ilegalmente por la PGR) y forman parte del arsenal de evidencias y testimonios sobre el que la Unidad Ayotzinapa sustentará denuncias penales por asociación delictuosa contra los sospechosos de falsificar la investigación oficial.
Fuentes de primer nivel comentaron que esta perspectiva de macrocriminalidad se fundamenta en que la fiscalía considera que las acciones de este conjunto de personas no tienen origen en decisiones individuales, sino que “fueron producto de una red coordinada para delinquir”.
Otra vertiente clave de información la ofrece una veintena de declarantes: el titular fiscal Omar Gómez Trejo y sus colaboradores han logrado convencer a testigos no involucrados en los hechos, a presuntos delincuentes y a funcionarios de la ex PGR de aportar sus conocimientos de los hechos.
Algunos de ellos lo hacen por sentido del deber o reivindicación y otros más ateniéndose al criterio de oportunidad a cambio de beneficios, como no ser acusados.
Fuente: Milenio
