A tres años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa –se cumplen el martes 26–, la investigación del caso no avanza. Lo único que ocurre es que el expediente de la PGR crece y ya rebasa los 400 tomos. Y en ese expediente hay un nombre que se repite con insistencia, el de Humberto Velázquez Delgado, comandante de la Policía Ministerial de Guerrero en 2014, a quien los padres de las víctimas señalan como elemento indispensable para aclarar de una vez por todas la relación entre criminales y autoridades.
Reportaje de Proceso
Ciudad de México. Pese a que la Oficina de Investigación del Caso Iguala, a cargo de Alfredo Higuera Bernal, tiene un equipo de 90 agentes y ya se ha detenido a 170 personas –de las cuales sólo 70 están directamente relacionadas con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014–, las acciones del gobierno no han dado resultados.
Hasta ahora esa oficina no ha logrado más que acumular fojas con algunas solicitudes de información sobre algunas personas que los padres y madres de los normalistas desaparecidos consideran que deben ser llamadas a cuentas, según un escrito en el que solicitaban unas 140 diligencias con base en indicios extraídos de la indagatoria PGR/SDHPDSC/O1/2015.
En el escrito ingresado al expediente en febrero del año pasado, los familiares de las víctimas y sus representantes advertían que “no sólo no se ha terminado de esclarecer el acto criminal; ni siquiera han comenzado a dilucidarse las relaciones que se dieron tanto en el grupo criminal como con actores políticos” (Proceso 2069).
El documento se refiere a la participación de militares en el cártel Guerreros Unidos, grupo criminal cuya estructura de mando estaba formada por los hermanos José Alfredo, Mario y Sidronio Casarrubias Salgado, así como por Adán Zenén, procesados todos por la Procuraduría General de la República (PGR).
La PGR no ha establecido el vínculo, pese a que desde el 27 de mayo de 2016 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –en respuesta a una solicitud de la oficina de Higuera Bernal– informó que José Alfredo Casarrubias Salgado causó alta en el Ejército el 1 de septiembre de 1982 y que actualmente tiene el grado de capitán.
El documento de la Sedena está firmado por el procurador general de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez, quien también ratificó la liga con el Ejército de otros dos procesados del caso Ayotzinapa: Honorio Antúnez Osorio, sargento retirado a partir del 1 de diciembre de 2005; y Salvador Bravo Bárcenas, sargento en situación de retiro a partir de 16 de enero de 2010.
Desde febrero del año pasado los familiares de los desaparecidos consideraban en su escrito que interrogar a los procesados es “fundamental para la investigación y para determinar si los hermanos Casarrubias contaban con algún vínculo dentro de las Fuerzas Armadas”.
Pedían a interrogar a los hermanos Casarrubias acerca de una versión –ofrecida por Gregorio Abeja Linares, un indiciado, presunto miembro de la delincuencia organizada– quien en 2011 le aseguró a la PGR que a Mario Casarrubias “lo mueve la Marina”.
El policía ministerial
En el escrito de febrero del año pasado los padres de los normalistas demandaban investigar a cierto personaje, el excomandante de la Policía Ministerial de Guerrero, Humberto Velázquez Delgado, para quien solicitaban una “orden de presentación y localización”, pues había antecedentes dentro de la misma instancia federal de su involucramiento con Guerreros Unidos.
Personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), que atrajo la investigación del caso Ayotzinapa, el pasado 3 de diciembre tomó la declaración ministerial de Ernesto Pineda Vega, recluido por secuestro en el penal de Acapulco, para que hablara de la estructura de Guerreros Unidos.
Pineda Vega sostuvo que desde 2007 y durante siete años fue “extorsionado”; cada mes pagaba un mínimo de nueve mil pesos, dinero que “entregaba al comandante de la Policía Ministerial Humberto Velázquez Delgado o a su hermano Ulises Velázquez (exagente ministerial), quienes me manifestaban que iban de parte de la señora María de los Ángeles Pineda Villa”, esposa del defenestrado alcalde José Luis Abarca Velázquez, ambos en prisión.
Según el testimonio recabado por la UEIDMS, los hermanos Velázquez Delgado le decían que “dicho dinero era para la organización criminal Guerreros Unidos, a la cual pertenece desde entonces María de los Ángeles Pineda Villa”.
Las sospechas sobre Velázquez Delgado en el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas va más allá de su presunto involucramiento con el crimen organizado.
Dentro de los 400 tomos del expediente del caso Ayotzinapa hay un documento proporcionado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Iguala, que incluye los nombres de 165 policías que operaron desde las 20:00 horas del 26 de septiembre de 2014 a las 08:00 horas del día siguiente.
En esa relación están los nombres de Ulises Velázquez Delgado, Omar Velázquez Nájera y Jonathan Uriel Velázquez Ruiz, hermano e hijos de Humberto Velázquez, entonces comandante de la Policía Ministerial estatal, que estaban asignados a un área denominada “recuperación de vehículos”.
Hasta ahora ni la Fiscalía General de Guerrero ni la PGR han llamado a declarar a esos funcionarios para que expliquen qué papel jugaron en las horas trágicas en las que desaparecieron los 43 normalistas.
Este semanario tuvo acceso a documentos integrados en el expediente PGR/SDHPDSC/O1/2015. Entre ellos, el parte oficial 585/2016, fechado el 3 de agosto de 2016, en el cual la Coordinación de la División de Gendarmería de la Policía Federal informó de una averiguación previa abierta en 2015 en la que una mujer, Oyuki Rubí Solano Palacios, detenida el 16 de noviembre de ese año, declaró que los familiares de Humberto Velázquez, Ulises y Omar, asesinaron a su pareja sentimental el 8 de agosto de ese año, “ya que se negó a trabajar para ellos distribuyendo droga en la colonia CNOP”.
La detenida dijo también que los hermanos Humberto, Julio y Ulises Velázquez Delgado “tienen un convenio con los hermanos Benítez Palacios, conocidos como Los Peques o Los Tilos, para secuestrar en el territorio”.
El 30 de enero de 2016 Oyuki Solano “fue encontrada sin vida junto a otros dos cuerpos, todos con impactos de arma de fuego”.
De la Fiscalía de Guerrero, la oficina encabezada por Alfredo Higuera obtuvo una copia del expediente de Humberto Velázquez Delgado.
Ahí destaca que el 27 de noviembre de 2014, la agente del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, Laura Trinidad Yescas, pidió a la fiscalía guerrerense “el expediente laboral” de Velázquez Delgado, pero hasta ahora no se le ha llamado a cuentas.
El documento, integrado al expediente del caso Iguala, habla de su ingreso en 1983 como agente de la Policía Judicial, cargo en el que duró nueve meses; reingresó en 1986 hasta que renunció “por incapacidad total y permanente” el 25 de noviembre de 2015.
A lo largo de las 795 fojas se refleja la vida de un agente policiaco en el que no hay reconocimientos para su trabajo y sí está plagado de denuncias en su contra; evidencia a un funcionario incrustado en la estructura del estado que sobrevivió nueve mandatos, los de Alejandro Cervantes Delgado, José Francisco Ruiz Massieu, Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre Rivero, René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo, Ángel Aguirre, Rogelio Ortega Martínez y Héctor Astudillo Flores.
Prevalecen las notificaciones de inicio de procedimientos administrativos en su contra, a partir de denuncias de ciudadanos por su mal proceder como funcionario público, algunas presentadas directamente ante la Contraloría Interna, por conducto de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum).
En la revisión del expediente laboral se contabilizan 34 registros de pliegos de responsabilidad dentro de la Contraloría Interna, aparece mencionado 23 veces en recomendaciones y oficios de Opiniones y Propuestas de la Coddehum desde 1991, en tanto que se le abrieron al menos ocho averiguaciones previas en la extinta Procuraduría y la Fiscalía local.
Velázquez Delgado comparte señalamientos en muchos de los casos con su hermano, Ulises, en delitos como extorsión, allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad, tortura, golpes, ejercicio indebido de función pública, cohecho y desaparición forzada, entre otros.
En marzo de 2005 se pidió su destitución y procesamiento penal, tras ser acusado de violar a una mujer en Tecpan de Galeana, a la que habría detenido sin orden de aprehensión, retenido en la comandancia de la Policía Ministerial y a quien habría extorsionado con 300 mil pesos para dejarla en libertad.
Entre la larga lista de casos resalta otro por desaparición forzada de un policía ministerial de Iguala, Gerardo Delgado Delgado; otro por tortura y extorsión contra un anciano en Teloloapan; uno más por allanamiento de morada y lesiones en Huamuxtitlán; un despojo de propiedades en Iguala…
Pese a su negro historial, en toda su carrera sólo tuvo una amonestación pública y dos suspensiones –de 30 y 60 días– de su cargo como coordinador regional de la Policía Ministerial.
Lo que se advierte es una tendencia reiterada para favorecer a Velázquez y a sus acusados, con el simple hecho de negar las acusaciones de sus víctimas y poner en entredicho la función de la Coddehum, organismo del que dijo en uno de sus testimonios que “justifica su existencia” emitiendo recomendaciones en su contra.
Entre los documentos se incluyen también oficios de los último años dentro de la corporación, cuando empezó a solicitar licencias médicas por presuntas afectaciones derivadas de un disparo en la cabeza sufrido en 1991.
Las secuelas físicas de lo anterior habrían sido el pretexto para su separación definitiva de la Fiscalía General, como consta en su carta de renuncia fechada el 25 de noviembre de 2015 y dirigida al titular de Administración de Desarrollo de Personal de la Fiscalía, Jaime Ramírez Solís.
Ahora, parece que nadie lo busca.
Fuente: Proceso
