Por Surya Palacios*
La certeza legal a la que llega la Procuraduría es inconclusa; no ha informado las motivaciones de los presuntos autores materiales
La certeza legal a la que dice haber llegado la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa sigue planteando interrogantes que, por lo menos, deberán responderse en el juicio que se sigue -en tribunales federales- en contra de más denoventa detenidos.
De entrada, la fiscalía mexicana no ha informado a cabalidad cuáles fueron las motivaciones de los presuntos responsables materiales de estos trágicos hechos, es decir, el móvil del crimen.
Si consideramos que la misma PGR ha dado a conocer declaraciones de algunos de los imputados, en los que estos admiten que –en el momento del ilícito- supieron que sus víctimas eran estudiantes normalistas, no queda claro por qué el delito se cometió con las características que la autoridad reiteró este martes.
En ese tenor, partiendo de la anterior premisa, surgen las siguientes preguntas:
¿Por qué decidieron incinerar los cuerpos de los jóvenes, y posteriormente deshacerse de las cenizas en el río San Juan, cerca del municipio de Cocula, en Guerrero?
¿Científicamente se puede probar que esos despojos pertenecen a los normalistas?
¿Por qué hablar de una certeza legal si en diciembre pasado el Equipo Argentino de Antropología Forense, que coadyuva en la investigación del caso, aclaró que no hay una convicción expresa sobre la cadena de custodia que debieron seguir las autoridades con respecto a las pruebas encontradas?
¿Cómo es posible que, siempre de acuerdo con lo informado por la PGR, algunos de los detenidos declaren que un número no determinado de estudiantes falleció “por asfixia” en el trayecto al basurero de Cocula? Es decir ¿la narración de esos imputados prueba a cabalidad la mecánica de los hechos?
Sobre esto último también hay que señalar que no resulta verosímil la transcripción que el Ministerio Público federal hizo de las declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, alias el Cepillo, señalado como uno de los autores materiales del homicidio de los estudiantes, quien en vez de decir “me di cuenta” o “no sé”, se expresa con frases nada coloquiales como “me pude percatar”, “sin poder precisar” o “el fuego redujo a cenizas”.
Por otro lado, y volviendo con las incógnitas que aún plantea el caso ¿cuál es la respuesta de la PGR a las acusaciones de tortura por parte de algunos de los detenidos? ¿En términos jurídicos, la autoridad investigadora ha respetado el debido proceso de los inculpados?
En cuanto a las víctimas indirectas u ofendidos, es decir, los padres y familiares de los normalistas ¿se han seguido los protocolos y estándares internacionales a fin de que estos conozcan la verdad de los acontecimientos sin ser lesionados en sus derechos humanos? ¿Cuál será la forma en la que se les reparará el daño?
Finalmente, ante la responsabilidad social que tienen las autoridades, cabría preguntarnos si en algún momento se admitirá que los hechos de Iguala constituyen un crimen de Estado ¿o tendremos que esperar a que un organismo internacional, como la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo consignen?
* Surya Palacios es socióloga, abogada y periodista mexicana. Colabora en Idconline, revista que pertenece a Grupo Expansión; síguela en su cuenta de twitter: @suryapalacios
Fuente: CNN México
