La Sección Instructora de la Cámara de Diputados convocó a discutir el miércoles los dictámenes de desafuero en contra de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PT) y de Saúl Huerta Corona (Morena), acusados por la fiscalía capitalina de enriquecimiento ilícito y violación, respectivamente.
En la Gaceta Parlamentaria se publicó esta noche la convocatoria a la reunión, que se realizará vía remota a partir de las 17 horas, para revisar ambos casos.
Según la convocatoria, la Sección Instructora iniciará primero la discusión del proyecto de dictamen en favor del desafuero de Toledo Gutiérrez, quien se reeligió por un distrito electoral con las siglas del Partido del Trabajo.
Enseguida se presentará el proyecto de recepción de alegatos en el expediente abierto contra Saúl Huerta Corona, quien fue detenido la madrugada del 21 de abril, después de que un menor de 15 años de edad denunció un intento de violación en un hotel de la Zona Rosa.
Una vez resuelta esta etapa, la Sección Instructora entrará a la discusión del proyecto de dictamen de desafuero de Huerta Corona.
Votados ambos dictámenes, esa instancia jurisdiccional los enviará a la Mesa Directiva, para que convoque a una sesión donde los dos casos se voten. Debido a que la cámara está en receso y retomará actividades hasta septiembre, para citar a sesión de procedencia, la cámara tendría que pedir a la Comisión Permanente autorizar un periodo extraordinario.
Desde el 4 de junio, la Sección Instructora entregó a sus cuatro integrantes el proyecto de desafuero contra Toledo Gutiérrez.
En el documento, se señala que el ex delegado en Coyoacán sí acumuló ingresos excedentes injustificados que generaron un presunto enriquecimiento ilícito, por lo que la sección instructora de la Cámara de Diputados propuso su desafuero.
Como parte de las conclusiones se describe que el ex perredista usó un prestranombres para tratar de ocultar su fortuna y que se presentó como “consultor privado” de una empresa sin ingresos, que aun así le pagó 3.5 millones sólo en 2017 y le otorgó un salario hasta 2019.
La Instructora refiere que, como parte del expediente, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) sostiene que Toledo consignó ingresos por 9.4 millones de pesos, pero en realidad recibió 20.8 millones, una discrepancia de 11.4 millones.
La Sección iIstructora plantea que de la revisión del cúmulo de documentos aportados, así como de las declaraciones de ingresos del legislador, “se da por acreditado su incremento patrimonial y por no acreditada la legal procedencia del total de sus activos conforme a su remuneración por el desempeño de cargos públicos, su actividad principal, como tampoco respecto de los cuantiosos recursos que ha recibido de una actividad paralela como consultor privado”.
FuenteL La Jornada
