El proyecto, que fue aprobado en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado de la República, prevé la creación de un registro público y un sistema de alertas sobre las deudas estatales y municipales.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de disciplina financiera de estados y municipios.
El dictamen establece lineamientos para que los tres órdenes de gobierno revisen de manera obligatoria a qué se destina el gasto público y a evitar el desvío de recursos para cubrir los intereses del ejecutivo en turno.
El documento busca evitar que la deuda local se traslade a futuras administraciones, estableciendo que estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir necesidades a corto plazo, las cuales deberán liquidarse totalmente a más tardar tres meses antes del término del período de gobierno correspondiente. Asimismo, se prevé que no podrán contratar nuevas obligaciones en dicho plazo.
La deuda deberá destinarse a inversiones públicas productivas, así como a su refinanciamiento y reestructura, siempre bajo las mejores condiciones de mercado y se prohíbe usarla en gasto corriente.
Se establece la obligación de publicar todos los empréstitos y obligaciones en un Registro Público Único, y se creará un sistema de alertas para vigilar la deuda.
Se faculta al Congreso de la Unión para dar las bases por las que el titular del Ejecutivo podrá celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la Nación; así como para aprobar esos empréstitos, reconocer y pagar la deuda nacional.
Se propone una Comisión Bicameral que estudie, analice y resuelva lo relativo a aquellos estados con nivel elevado de endeudamiento que soliciten la garantía federal para la contratación de un empréstito.
Se faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fiscalizar que el Gobierno Federal otorgue garantías con cargo al crédito de la Nación en forma adecuada. Además, la ASF podrá fiscalizar directamente a los estados, municipios y al Distrito Federal cuando accedan a dichas garantías.
Se mandata a los gobiernos locales a contemplar en sus Constituciones la responsabilidad de los servidores públicos por el manejo indebido de recursos públicos y deuda pública. Se dan atribuciones a las entidades de fiscalización de los estados para fiscalizar los fondos, los recursos federales, locales y la deuda pública de estados y municipios.
Fuente: Milenio
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