Con 32 votos a favor y cinco en contra, el Congreso local aprobó este lunes la llamada Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado que avala el uso de armas para disolver manifestaciones “violentas”. Los votos en contra de la iniciativa enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle fueron de diputados de Movimiento Ciudadano y de los partidos Del Trabajo y Verde Ecologista.
Bautizada en las redes sociales como #RafaBalazos o #LeyBala, la norma establece en su artículo 9 cuatro niveles para el uso de la fuerza, mismos que serán aplicados de manera progresiva de acuerdo con las circunstancias de cada caso. También cuando se actúe “en legítima defensa”, persuasión o disuasión verbal, sometimiento, utilización de armas no letales, y utilización de armas de fuego o de fuerza letal.
Sobre el último nivel, señala, se pondrá en marcha “únicamente en el caso de legítima defensa de la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves, en ambos casos de la propia o de terceros”.
En su artículo 43 precisa que “en el caso de manifestaciones violentas cuya realización implique afectación a bienes jurídicamente tutelados, “los elementos policiales aplicarán el nivel gradual del uso de la fuerza” que se establece en la ley.
En tanto, el artículo 44 prevé el uso de armas para repeler agresiones, preservar la vida o evitar afectaciones a la integridad física graves de los elementos policiales o de terceros.
“Para este fin –aclara– los elementos policiacos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar que el accionamiento de las armas de fuego ponga en riesgo a personas distintas del agresor”.
En su argumentación para votar en contra de la iniciativa, el coordinador de la fracción del PT, Mario Hernández Reyes, aseguró que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la organización.
Con esta ley, dijo, el gobierno de Rafael Moreno Valle ha borrado “siglos de debates, luchas y logros en materia de derechos”.
De acuerdo con la agrupación Nodo de los Derechos Humanos (Nodho), durante todos estos siglos una de las funciones principales del derecho “ha sido establecer los límites del poder para contrarrestar su tendencia hacia el absolutismo”, sin embargo, añadió, la nueva ley, en lugar de limitar el uso de la fuerza, más bien la favorece. “Con el discurso de la defensa de los derechos humanos se pretende legitimar y legalizar su violación”, reclamó.
Y cuestionó los parámetros que se usarán para determinar si la agresión justifica el uso de armas letales por parte de la policía contra manifestaciones públicas.
“Tal vez será cuando a juicio del gobernador o del policía en turno haya agresión sobre los intereses de la administración estatal o se ponga en riesgo ‘actual o inminente’ algún tipo de propiedad o megaproyecto”.
Luego preguntó:
“¿Han tomado en cuenta que esta ley, que explícitamente faculta a los policías para hacer uso de fuerza letal (por gradual que esta sea), será aplicada por policías capacitados para la violencia y sumergidos en un ambiente de constante corrupción en un estado convulsionado y con un descontento legítimo y creciente?”.
El Nodho advirtió que esta ley es prácticamente una copia del recién aprobado “Código que establece el uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública de Chiapas”, lo que –subrayó– insinúa una estrategia nacional que agudiza sustancialmente la criminalización de la protesta.
Mientras se discutía la iniciativa enviada por Moreno Valle, afuera del Congreso local integrantes de la Asamblea Juvenil #YoSoy132 Puebla realizaron una protesta y calificaron la ley como violatoria a los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por separado, organizaciones ciudadanas anunciaron la creación del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, para oponerse a las reformas del mismo tipo que se han presentado en otras entidades del país.
Entre esas organizaciones destacan Artículo 19, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz y Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
Fuente: Apro
