Después de cinco horas de un duro debate entre el oficialismo y la oposición sobre la “crisis de Estado” en torno de los sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, el Senado de la República aprobó por 93 votos a favor y ninguno en contra un posicionamiento de ocho puntos para respaldar las peticiones de los padres de familia de los normalistas desaparecidos.
Mientras en tribuna los legisladores del PRI y del Partido Verde contraatacaban a las críticas de senadores del PRD y el PT, los integrantes de la Junta de Coordinación Política redactaron un documento de ocho puntos que se aprobó una vez terminada la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los normalistas, sobrevivientes y abogados de Ayotzinapa.
Los puntos aprobados incluyen el “reconocimiento de la legitimidad de la búsqueda de justicia y de que el caso Iguala esté abierto; la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la aceptación plena de su informe y sus recomendaciones; reencausar la investigación en una unidad especializada, y el relanzamiento y concentración de la búsqueda, a partir del uso inmediato de tecnología”.
Asimismo, la “atención digna e inmediata a los heridos y familiares de ejecutados y trato digno a las víctimas; respeto a la Normal Rural Isidro Burgos y la no criminalización de los normalitas; mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a sus derechos, y acciones para proteger y hacer valer los derechos humanos y combatir cualquier forma de impunidad”.
Luego de dar lectura a los ocho puntos, el presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, sometió a votación del pleno el acuerdo de los coordinadores. El senador panista Javier Corral pidió que se aclarara en el documento que se trata de un lenguaje que corresponde al “equilibrio que los coordinadores hacen de las peticiones”. Layda Sansores, senadora del PT, también dijo que le preocupaba la redacción.
Sin embargo, los ocho puntos fueron finalmente votados a favor por senadores de todos los partidos, aunque horas antes legisladores del Partido Verde acusaron a la dirigencia nacional del PRD, a Andrés Manuel López Obrador y hasta al senador Armando Ríos Pitter de ser responsables de los sucesos de Iguala, hace un año.
Provocador, Pablo Escobar, del Verde, subió a la tribuna para insistir que los responsables de la violencia en Iguala y la desaparición de los normalistas son los gobiernos municipal y estatal que estaban a cargo del PRD.
En esa primera parte del debate, Armando Ríos Pitter, senador guerrerense del PRD, acusó al Verde de hacerle el trabajo sucio al PRI y recordó que, en todo caso, también habría que responsabilizar al presidente municipal de Cocula, que es del revolucionario Institucional.
“¡Qué bueno que José Luis Abarca esté en la cárcel!”, exclamó Ríos Pitter, pero sentenció que los sucesos en Iguala constituyen una “crisis de Estado” y el máximo jefe del Estado es el presidente de la República.
La tesis de que se trata de una “crisis de Estado” y que la responsabilidad máxima es del primer mandatario la defendieron en tribuna los senadores Dolores Padierna y Angélica Peña, del PRD, y Manuel Bartlet, del PT, entre otros.
Por su parte, los priistas subieron a defender la “disponibilidad” de Peña Nieto para reunirse con los familiares de los normalistas y hasta presumieron que los resultados del informe de expertos del GIEI formaron parte de una orden presidencial.
Omar Fayad reiteró la “solidaridad con los familiares” y condenó el “pleito entre partidos”, al tiempo que otros de sus correligionarios atizaron las acusaciones para minimizar la responsabilidad del gobierno federal.
Graciela Ortiz, también del PRI, sentenció: “Merecemos la verdad, no la manipulación política de los hechos”. A su vez, Manuel Cavazos Lerma enumeró ocho elogios al gobierno de Peña Nieto para recordar que fue un compromiso suyo la investigación del GIEI.
Fuente: Apro
