La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la posibilidad de que la Guardia Nacional (GN) apoye al Instituto Nacional de Migración (INM) en el resguardo del interior de las estaciones migratorias, pues consideraron que garantizar la vigilancia de estas instalaciones sí es un asunto de seguridad pública, como lo demostró la tragedia ocurrida recientemente en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas durante el incendio de uno de estos inmuebles.
“Acabamos de ver una tragedia terrible precisamente en un centro migratorio, donde al parecer y hasta lo que se sabe, estaba encargada la seguridad local a una institución privada, donde no se tenían los mínimos elementos necesario. Yo creo que una institución como la Guardia Nacional es una salvaguarda de que los lugares tengan las condiciones necesarias y que adicionalmente se cuide a las personas migrantes”, señaló el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al argumentar a favor de esta medida.
Aunque el proyecto del ministro ponente, Javier Laynez Potisek, proponía invalidar esta posibilidad, señalando que en todo caso la GN podría desplegarse afuera de las estaciones migratorias, pero no en su interior, pues las personas migrantes no pueden considerarse como un riesgo para la seguridad pública, la mayoría de los ministros señaló que la participación de esta corporación sí puede ser necesaria, precisamente para salvaguardar a quienes se encuentran detenidos en estas instalaciones.
“Debemos reconocer que la situación actual del sistema de alojamiento de personas migrantes enfrenta situaciones adversas que han tenido como consecuencia la vulneración de derechos humanos de las personas migrantes, lo anterior amerita una reacción frontal y directa por parte del Estado mexicano”, advirtió la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Al final, la propuesta de avalar estas acciones de la GN fue aprobada por unanimidad, incluso con el voto del ministro Laynez, quien aceptó modificar su proyecto, con la anotación de que la intervención de la GN no implica criminalizar a los migrantes.
En esta sesión de la GN solo se anuló de la Ley de la Guardia Nacional las fracciones del artículo 9 que le permitían realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados, pues se consideró que estas técnicas de investigación solo pueden tener la finalidad de recabar pruebas o detener a alguien en flagrancias, lo cual excede a las facultades de prevención del delito que la Constitución otorga a esta corporación policial.
Fuente: La Jornada
