Un juez federal rechazó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias de varios allegados de Genaro García Luna, entre ellos su hermana
Un juez federal rechazó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias de varios allegados de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública, preso desde diciembre en Estados Unidos por acusaciones de proteger al narcotráfico.
Francisco Migoni, juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, negó la suspensión provisional en amparos promovidos por la hermana de García Luna, por un empresario cercano al ex funcionario, y por una de sus empresas.
Los amparos impugnan el bloqueo de cuentas decretado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tras la captura del ex mando en Dallas, Texas, el 9 de diciembre, y su posterior traslado para ser procesado ante una Corte de Nueva York.
Este jueves, Migoni negó la suspensión a Esperanza García Luna, hermana del imputado, mientras que hoy notificó la misma resolución en los amparos de Jonathan Alexis Weinberg Pinto y de la empresa ICIT Private Security México.
Weinberg Pinto y su padre, Mauricio Weinberg López, son dueños de varias empresas inmobiliarias y de seguridad, entre ellas ICIT, y el primero es propietario de una residencia y un departamento de lujo en Miami que fueron rentados por el ex funcionario cuando dejó su puesto en el Gobierno a finales de 2012, según publicó Univisión en marzo de 2019.
La misma investigación reveló que empresas de los Weinberg fueron contratistas del Gobierno cuando García Luna era titular de la SSP, en el sexenio de Felipe Calderón.
Jorge Luis Castilla Aguilar, otra persona vinculada con el ex Secretario, también presentó un amparo contra la UIF por bloqueo de sus cuentas. El juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Jonathan Bass, le concedió la suspensión provisional el 14 de enero.
Según Mexicanos Contra la Corrupción, Castilla es uno de los apoderados de la empresa Nunvav, domiciliada en Panamá, que recibió transferencias de dependencias federales en el sexenio pasado por 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares, y que también es representada por una ex empleada de García Luna.
Los fallos sobre suspensión provisional pueden ser impugnados ante tribunales colegiados, que tendrán 48 horas para resolver.
Los jueces resolverán la próxima semana sobre las suspensiones definitivas, ya con base en informes que les rindan la autoridad responsable.
La Suprema Corte de Justicia ha establecido que procede suspender los bloqueos decretados por la UIF, siempre y cuando no exista solicitud de colaboración internacional al Gobierno de México para congelar cuentas de algún sospechoso.
En 2019, el juez Migoni sí había concedido suspensiones en otros amparos contra bloqueos de la UIF, entre ellos los presentados por el grupo gasolinero Hidrosina, así como por Alejandro Quintero, señalado por financiar el documental “El Populismo en América” durante la campaña electoral de 2018.
Fuente: Reforma
