El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó ayer la entrega inmediata
a México de Zhenli Ye Gon, quien lleva casi ocho años preso en ese país, luego de que en junio pasado la Suprema Corte de ese país rechazó revisar la petición de habeas corpus o amparo que presentó el empresario mexicano de origen chino, informaron a La Jornada fuentes gubernamentales mexicanas que ya fueron notificadas de la resolución del gobierno de Barack Obama.
De su lado, el penalista Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado que fue contratado por Zhenli para que lo defienda de las acusaciones que enfrenta en tribunales mexicanos, confirmó a este diario que es cuestión de días
, muy probablemente esta misma semana, para que su cliente sea extraditado a México, luego de que ya perdió en Estados Unidos todos los recursos jurídicos a los que tenía derecho para evitar su envío.
Reyes Retana conoce bien el expediente contra Zhenli, ya que en meses pasados logró la libertad de varias personas cercanas al empresario mexicano de origen chino, a quienes la Procuraduría General de la República (PGR) imputó los mismos delitos.
En días pasados el imputado dio una entrevista a la cadena Univision desde la prisión de Virginia en que se encuentra preso, en la que dijo que dio dinero al PRI y al PAN, que la fortuna hallada en su mansión del Distrito Federal sería usada para campañas políticas, y que si involucra a políticos mexicanos la pasaría muy mal.
Si yo denuncio los nombres (de los políticos), uno por uno, para mí no es bueno, porque yo enfrento una extradición y si regreso me van hacer pasarla muy mal
, indicó en esa entrevista el empresario de origen chino, a quien en 2007 le decomisaron 205 millones de dólares en efectivo en una mansión ubicada en las Lomas de Chapultepec, en la ciudad de México.
El detenido en Estados Unidos reiteró que si regresa a México tendría problemas, y su vida correría peligro, ya que dijo tener muchos enemigos
.
Zhenli enfrenta varias órdenes de aprehensión por delitos graves vinculados a la delincuencia organizada, por lo que una vez que llegue al Distrito Federal será trasladado e internado en un penal de máxima seguridad.
El pasado 22 de junio la Corte de Estados Unidos notificó su rechazo a la solicitud de revisión presentada por los abogados de Zhenli, conocida como writ of certiorari, que era el último recurso legal para evitar la extradición a México.
Como se acostumbra en los casos en que rechaza de manera sumaria dichas peticiones, la Suprema Corte estadunidense no hizo públicas sus razones para su decisión, adoptada en el expediente 14-1131.
Zhenli lleva varios años retrasando su extradición a México mediante recursos jurídicos interpuestos en diversos tribunales estadunidenses.
El 16 de diciembre un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del cuarto circuito con sede en Richmond, Virginia, le había negado un habeas corpus o amparo contra la autorización para su extradición, certificada como procedente en febrero de 2011 por la Corte para el distrito de Columbia.
Días después, Zhenli intentó una revisión ante el pleno del cuarto circuito, que fue negada, lo que motivó que se presentara la solicitud de revisión ante la Suprema Corte.
El habeas corpus fue tramitado en el distrito oeste de Virginia porque Zhenli está preso en una cárcel en dicho estado, ubicada en la localidad de Orange.
Según dijeron a este diario las fuentes gubernamentales consultadas, el principal argumento del empresario de origen chino en el amparo fue que de ser enviado a México se le juzgaría dos veces por los mismos cargos de narcotráfico, ya que el gobierno de Estados Unidos también lo acusó de ese elícito, pero luego de dos años decidió cancelar el proceso por varias razones, entre ellas la dificultad para llevar a ese país a los testigos necesarios para el juicio.
El gobierno mexicano lo requiere en extradición para juzgarlo por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada, desvío de precursores químicos, narcotráfico y posesión de armas prohibidas.
Los 205 millones de dólares decomisados a Zhenli en su casa de Las Lomas, lo que por mucho ha sido el mayor decomiso de dinero en efectivo que se ha registrado en México, pasaron al erario por abandono y fueron repartidos entre la Secretaría de Salud, el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República.
Fuente: La Jornada
