Por Sanjuana Martínez
El fenómeno de las comunidades armadas en Guerrero y otros estados de la República, es el inicio de una nueva realidad en México: las autodefensas y el paramilitarismo.
Es un ejercicio de defensa aparentemente ciudadana contra la violencia del crimen organizado y el Estado. Son indígenas y campesinos armados para combatir el incremento de secuestros, ejecuciones y el cobro de piso, que impunemente comete el crimen organizado, en connivencia con autoridades de distinto nivel.
Algunos de los nuevos ejércitos usan uniforme y armas largas; otros forman parte de los sistemas de autodefensas indígenas, previstos en su forma de vida, usos y costumbres.
La pregunta es concreta: ¿Quién está armando a las autodefensas mexicanas? En algunos casos en particular, como el de Teloloapan e Iguala, Guerrero, es evidente que el armamento y equipamiento de los grupos de defensa tiene un nivel, cuyo costo debió haber pagado alguien con mucho dinero.
Los retenes de las autodefensas de Guerrero son cotidianos en diversas carreteras, ante la mirada impasible de las autoridades. A los primeros dos pueblos armados, le han seguido Ahuehuepan, Ahuelican, Tonalapa del Río y Coatepec Costales.
Hay también autodefensas en Michoacán, concretamente en Cherán, para defenderse de los talamontes que supuestamente están protegidos por “La Familia Michoacana”. También crearon un grupo de autodefensa en Urapicho donde sus pobladores están hartos de las desapariciones y el ataque a sus recursos naturales.
En La Concordia y Mazatlán, fueron las mismas autoridades las que promovieron las autodefensas para combatir al crimen organizado, después de las matanzas indiscriminadas: “Para garantizar la seguridad, es imposible tener un policía, un soldado, en cada casa”, dijo el alcalde Eligio Medina, que alentó la formación de autodefensas.
En Veracruz, un estado que ha quedado rebasado por el crimen organizado, ha surgido el Comando Civil de Defensa de Tantoyuca y Platón en Veracruz, bajo el argumento de defenderse de los extorsionadores del crimen organizado.
Ya que el Estado no ha sido capaz de enfrentar la ola de violencia, cumplir con su obligación de proporcionar seguridad y bienestar a sus pobladores y detener el incremento de ejecuciones y desapariciones, los ciudadanos han buscado la manera de autoprotegerse.
Ver a civiles armados con la cara cubierta ofrece la imagen de un país sumido en la anarquía. La idea de “sálvese quién pueda” es la muestra fidedigna del fracaso del Estado.
El fenómeno de autodefensas es el inicio del paramilitarismo. Así empezaron en Colombia los grupos de civiles en 1990, para defenderse de la guerrilla de las FARC. Los pobladores fueron armados por ganaderos, empresarios, políticos, militares…
El ejercicio civil se convirtió luego en una horrenda pesadilla. Las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se convirtieron en una organización paramilitar, responsable de miles de asesinatos de civiles y campesinos.
Las autodefensas colombianas derivaron en un grupo violento que igual secuestraba sindicalistas, intelectuales o “enemigos de la patria”. Finalmente, el gobierno colombiano las consideró una organización terrorista al igual que la Unión Europea y Estados Unidos. En su haber quedan las masacres de Mapiripán, El Aro, San José de Apartadó, El Salado, Chengue y Macayepo, entre otras. Su líder Carlos Castaño ha pasado a la historia de los criminales de lesa humanidad impunes, al igual que sus sucesores Vicente Castaño y Salvatore Mancuso.
Este ejercicio de defensa, que en un principio se permitió por autoridades colombianas, después derivó en una organización paramilitar y terrorista, cuyo sostenimiento provenía del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, paradójicamente los delitos que justificaron su creación.
¿Las autodefensas mexicanas pueden terminar como las autodefensas colombianas? El paramilitarismo en este país tiene una larga historia de grupos armados con estructura militar dispuestos a jugarse la vida; algunas veces por dinero, otras más por ideología. Paramilitares orquestados desde el Estado o los distintos estamentos de poder.
Los nuevos grupos de autodefensa en México han surgido ante la ineficiencia de las autoridades, para proporcionar no solo protección a la vida, sino a la propiedad. Su origen es comprensible desde las iniciativas ciudadanas, pero el peligro de su crecimiento, puede derivar en actos criminales por encima de la ley e incluso convertirse en instrumentos del Estado para realizar el “trabajo sucio”.
Si el gobierno de Enrique Peña Nieto es incapaz de ofrecer seguridad a sus ciudadanos, el debilitamiento del Estado será imparable. Crecerá el número de grupos de autodefensa, resurgirá el paramilitarismo e inevitablemente, la militarización, provocará más muerte y destrucción.
Observar complaciente desde la Silla del Águila el nacimiento de un México anárquico, puede tener funestas consecuencias: el desgobierno. Está demostrado que el paramilitarismo de cualquier color deriva casi siempre en crímenes masivos y finalmente en guerra civil.
Si las estructuras del Estado han quedado rebasadas, habrá que pensar en nuevos mecanismos democráticos para cambiar al capitán del barco que, en estos momentos, navega a la deriva con tripulación y pasajeros.
Fuente: Sin Embargo
