La incapacidad de las autoridades mexicanas de garantizar la seguridad en buena parte del país, unida al abandono institucional, ha llevado a grupos de ciudadanos a organizarse y armarse con el fin de garantizar su seguridad, tanto la propia como la de la comunidad a la que pertenecen.
Por Rubén Pascual/ Gara
La Constitución mexicana, en su artículo 17, establece que «ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho». Pero, ¿qué sucede cuando el Estado no es capaz de cumplir con la obligación de proporcionar seguridad a la vida y a las propiedades de sus propios ciudadanos?
La ausencia de un Gobierno federal, estatal o municipal que cumpla con las obligaciones que se le suponen a un estado de derecho han generado un nivel de hartazgo que se ha traducido en la proliferación de cuerpos de autodefensa comunitaria.
Pese a que, según la fuente consultada la cifra varía ligeramente, los recuentos efectuados por medios locales y nacionales mexicanos arrojan una cifra nada desdeñable: Se han contabilizado al menos 40 grupos en dieciséis de las 32 entidades federativas que conforman México.
Sería un error meterlos a todos en el mismo saco, ya que existen diferencias sustanciales entre ellos.
La expresión de la autodefensa con mayor bagaje en la historia moderna de México es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria (CRAC-PC), creada en 1995 en el estado de Guerrero -situado en el sur de la república, cuenta con uno de los mayores índices de pobreza- y que tiene presencia en más de un centenar de municipios. En este caso, la policía comunitaria se rige por los usos y costumbres y sus miembros son nombrados en una asamblea ante la cual deben también responder.
La CRAC, entre cuyas funciones están la administración de la justicia y la procuración, se encarga del proceso de reeducación de aquellas personas que son halladas culpables de haber cometido algún delito.
Estos procedimientos se llevan a cabo respetando el debido proceso, con juicios orales y tomando en cuenta las versiones de las partes implicadas.
Esta policía comunitaria cuenta con el derecho a existir como parte de las estructuras de los pueblos. Ese derecho está amparado por convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política de México, cuyo segundo artículo establece que los pueblos indígenas descienden de las poblaciones que habitaban el país antes de la formación del Estado y que, por ello, su derecho es anterior al Estado.
A pesar de que en México los pueblos originarios y sus organizaciones sufren a menudo hostigamiento por parte de las autoridades, están asistidos por el derecho a la libre determinación y, por tanto, a la autonomía. Es decir, que aún estando dentro del Estado, cuentan con derechos colectivos y pueden crear sus propias estructuras.
Brigadas de autodefensa
Un caso distinto son las autodefensas formadas generalmente por campesinos armados y sin entrenamiento, que establecen controles de carretera e incluso emprenden juicios populares contra los detenidos.
El último caso que ha trascendido se produjo el pasado fin de semana, cuando una brigada de autodefensa abatió en Michoacán a cinco presuntos narcotraficantes de la banda conocida como «Los Caballeros Templarios», horas después de que estos atacaran varías subestaciones de energía.
Si bien es cierto que estas expresiones surgen del hartazgo ciudadano por el menosprecio con que se les trata y que pudieran entenderse como acciones de legítima defensa, no hay que obviar el riesgo real de colombianización de México.
Esta cuestión no es baladí, sobre todo teniendo en cuenta lo sucedido en Colombia en los años 90, cuando surgieron las llamadas Autodefensas Unidas, que acabaron convirtiéndose en una organización paramilitar respaldada por grupos del narcotráfico.
Habida cuenta de la clara relación entre el Plan Mérida y el Plan Colombia, así como la labor de asesor del Gobierno de Enrique Peña Nieto que cumple el general colombiano Óscar Naranjo en materia de narcotráfico, no resulta exagerado pensar en las intenciones del Estado de aplicar, bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, esquemas de represión contrainsurgente.
Es decir, que se buscaría militarizar y paramilitarizar el país, no para acabar con el negocio de la droga, sino para poner fin de manera preventiva con grupos que propugnen un cambio político y social.
La Policía Comunitaria, una experiencia conocida en latinoamérica que ha traído resultados enriquecedores
La cuestión de los grupos de autodefensa en América Latina suele aparecer relacionada al horror que supusieron las Autodefensas Colombianas. Sin embargo, las policías comunitarias o brigadas de autodefensa se han experimentado también con resultado opuesto, de manera muy exitosa.
En el año 2000, la ciudad guatemalteca de Villanueva puso en práctica el citado modelo como parte de un programa llevado a cabo por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y se logró en apenas diez meses que el porcentaje de personas que denunciaron haber sido víctimas de al menos un delito en los últimos meses descendiera más de diez puntos porcentuales, del 34% al 23,8%.
En Brasil, basándose en la experiencia de Sao Paulo, se implementó el modelo de policía comunitaria, que hizo descender la criminalidad y aumentó la sensación de seguridad.
«Ningún pueblo puede garantizar la paz dentro de este sistema caduco»
Cirino Plácido Valerio. Miembro Fundador de la CRAC-PC.
Tras haber impulsado la creación del sistema comunitario de seguridad y justicia CRAC-PC y haber participado en numerosas luchas indígenas, hoy es presidente del comisariado ejidal del Ejido de Buena Vista, en el estado mexicano de Guerrero.
¿A qué necesidad respondió la creación de la policía comunitaria, en 1995?
A los pueblos originarios de México nos nació la idea de la necesidad de luchar por el derecho, por la restitución del derecho colectivo y de todas las instituciones destruidas desde la llegada de los españoles hace cinco siglos. Hay una necesidad de rescatar lo más importante, una institución de los pueblos a través de sus usos y costumbres, como es la policía comunitaria. En 1995, encontramos un problema de inseguridad y encontramos que el mismo Gobierno estaba metido en la delincuencia del fuero común, el fuero civil y federal. Entonces nos quedó clara la necesidad de crear nuestras propias instituciones y de que estas estén reguladas vía asamblea comunitaria y asamblea regional.
¿Cuál es su relación con las fuerzas de seguridad y otros estamentos del Estado?
En la asamblea de los pueblos se ha buscado una relación de respeto, no de subordinación.
Nosotros le decimos al Gobierno: ‘respétanos nuestra propia forma de ser, nuestro proceso organizativo, nuestra lucha por garantizar la paz y la seguridad en nuestro territorio y nosotros te respetamos’.
Pero el Gobierno está buscando desarticular este movimiento. Primero, destruir el sistema comunitario, por su capacidad organizativa. Para el Gobierno es estratégico primero dividir desde dentro y confrontar, para después poder justificar una intervención militar y destruir la organización del sistema comunitario y aprovechar a la vez para venir a por la minería, el material mineral que hay en la región.
¿Cuáles son las principales diferencias con respecto a las policías tradicionales?
Nosotros creamos una policía para que cuide al pueblo de la delincuencia. El policía viene de la comunidad y no está para enfrentarse al Estado o al Gobierno. Si la policía tiene problemas con el Estado, es la población civil la que tiene que defender a su policía comunitaria.
Además, en la policía oficial se permite la tortura, la extorsión, se permite todo tipo de abuso. Aquí no es así, aunque haya habido gente a la que ha cooptado el Estado y ha utilizado a la policía comunitaria para reprimir a los propios pueblos que la fundaron.
También es importante señalar que la policía comunitaria no puede ser informante del Ejército ni de ninguna autoridad municipal, estatal o federal. Tiene que tener su propia autonomía, solo está subordinada a la asamblea.
¿Qué sucede con quien comete algún delito?
Cuando a una persona se le investigó, se le careó y se encontraron todas las pruebas, se le manda a trabajar al servicio de las comunidades, a lo que se llama el proceso de reeducación.
Se trata de corregir, de enderezar la mala conducta. No se permite la tortura ni el abuso, porque si un detenido está ahí por ser violento y se permite más violencia, en vez de reeducarse, va a salir aún más violento. Se trata de humanizar, de reeducar.
¿La policía comunitaria sustituye a la policía o la complementa?
En las comunidades hay dos tipos de policías, la local, que se encarga de delitos menores, y la comunitaria, que se encarga de delitos más graves, como el asesinato, la violación o el secuestro. Pero no puede tener coordinación con la policía judicial, estatal ni federal.
La policía comunitaria surge una nueva modalidad de gobierno, bajo los usos y costumbres, en la que el pueblo manda y el gobierno obedece.
¿Hay diferencias en la cantidad de delitos cometidos en las zonas en las que existe una policía comunitaria?
Ha bajado muchísimo, se ha trabajado mucho. Se dan algunos problemas, pero porque faltan programas de prevención.
El grave problema de inseguridad que afronta México hoy día ha traído consigo la proliferación de grupos de autodefensa. ¿Qué les diferencia respecto a ellos?
Muchos pueblos, no solo indígenas, ante la desesperación y la inseguridad, se han visto obligados a armarse para defenderse de la delincuencia.
Sin embargo, el Estado se ha encargado de cooptar, dividir y se prepara para una guerra total, para la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto tiene un buen asesor: [Óscar] Naranjo, la experiencia colombiana.
Están trabajando de distintas maneras para desarticular la organización de los pueblos y los movimientos sociales.
El Gobierno ha dicho que no iba a permitir la existencia de estos grupos. ¿Cree que la lucha del Estado tendría algún efecto en el estatus de las policías comunitarias?
Creemos que ningún pueblo que quiera garantizar la paz y su seguridad puede ser parte de una estructura de un régimen ya caducado.
Han pasado 100 años de régimen caduco y capitalista y el resultado de ese Gobierno es el que tenemos hoy: la pobreza, la explotación, la corrupción y el poder de unos cuantos mientras la mayoría está hundida en la miseria.
¿Cuál es el mensaje de los pueblos fundadores de la CRAC-PC a su fundación en 1995?
Llevamos 18 años persiguiendo la delincuencia y resistiendo a las embestidas del Estado mexicano. También de lucha por la restitución del derecho colectivo, donde el pueblo manda y el gobierno obedece.
Hemos demostrado al mundo que somos capaces de autogobernarnos y hemos sido capaces de mostrar al mundo una alternativa para un cambio pacífico en el país.
Soñamos con reconstituir este sistema de seguridad y justicia comunitaria, que fue cooptado por un grupo de oportunistas. Nosotros, como pueblos fundadores, ahora debemos luchar, convencer y mejorar.
Fuente: Gara.Naiz.info
