La presencia de grupos de autodefensa en Guerrero se extiende a 46 de los 81 municipios del estado, con lo que sus operaciones pueden alcanzar al 65.47% de la población estatal e implican el riesgo de que se genere una “espiral de violencia” en la entidad, según un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Aunque la CNDH reconoce que las autodefensas se han formado desde la década de los 90 como una respuesta a las actividades de organizaciones delictivas, subraya que su expansión contribuye a la inseguridad, porque el uso de la fuerza contra los delincuentes debe mantenerse como una tarea exclusiva de las autoridades.
“El uso de la fuerza por parte de los miembros de la sociedad (…) entraña un riesgo fundado de que la espiral de violencia se recrudezca y se constituya en un factor que afecte la gobernabilidad e impida la recuperación de la seguridad pública”, indica una de las conclusiones del informe, presentado por el titular de la CNDH, Raúl Plascencia.
El documento señala que se identificó a seis grupos de autodefensa con diferentes grados de presencia en los municipios del estado, ubicado en el Pacífico mexicano.
El de mayor expansión es la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), que llega a 21 localidades. Le sigue la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con 15 y, en menor nivel, la Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG, cuatro), la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP, tres), la Policía Ciudadana de Olinalá (PCO-CRAC, una) y el Movimiento Aplaxtlense Adrián Castrejón (MAAC, una).
El reporte aclara que en 11 municipios no se logró identificar a los grupos de autodefensa que operan en el lugar.
“La seguridad, tarea del Estado”
La CNDH concluye que la operación de las autodefensas únicamente se justifica si éstas actúan como “auxiliares” de las autoridades locales, no como un sustituto en la atención de las tareas de seguridad pública.
“La única manera de legitimarlo es aplicando la ley en términos de que sean auxiliares de la policía municipal o bien de la policía estatal. (…) La labor que están llevando a cabo se aleja totalmente de la regulación”, dijo el titular del organismo durante la presentación.
Por ello, agregó, las recomendaciones de la CNDH se centran en llamar al gobierno de Guerrero, a cargo del perredista Ángel Aguirre, así como a los ayuntamientos, a que retomen la responsabilidad de la seguridad pública en las comunidades con autodefensas y mantengan diálogo con estos grupos.
“(Se debe) implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público en todos los municipios del estado de Guerrero, instrumentando acciones efectivas de prevención del delito y realizando con la debida diligencia las investigaciones y acciones de procuración de justicia”, señala uno de los exhortos dirigidos al gobernador.
El gobierno de Guerrero emitirá el miércoles un posicionamiento sobre el informe, luego de una sesión de funcionarios de seguridad que revisarán a detalle el documento, dijo a CNNMéxico el vocero José Villanueva Manzanares.
Además, la CNDH solicita la intervención del Congreso local y del Senado, para que analicen la situación y de ser necesario hagan las reformas legales necesarias. Según el organismo, aún no se requiere que intervengan autoridades federales porque no se han registrado violaciones graves a los derechos humanos.
Los desplazados
El informe indica que se documentó que 2,193 personas se han visto desplazadas de sus lugares de residencia debido a la situación de violencia en el estado, que tiene una población de 3 millones 500,000 ciudadanos.
Los municipios donde ha habido desplazamientos y operan grupos de autodefensa son San Miguel Totolapan, General Heliodoro Castillo y Chilpancingo, la capital.
CNNMéxico reportó en meses pasados que cientos de personas habían dejado sus casas en varias localidades de Guerrero debido a la situación de violencia.
“Lo que sabemos es que se los llevan (a los hombres y jóvenes) para hacerlos de su banda, y el que no quiere o lo matan ahí mismo o le queman su casa”, dijo en julio pasado un funcionario que pidió el anonimato por razones de seguridad.
La presencia de grupos de autodefensa también se ha registrado en otros estados, como Michoacán y Oaxaca, donde éstos buscan hacer frente a organizaciones delictivas.
Al respecto, el titular de la CNDH dijo este martes que el organismo está elaborando un informe especial sobre Michoacán.
Además de padecer violencia, Guerrero fue el estado más afectado por inundaciones y deslaves provocados por la tormenta tropical Manuel, en septiembre, registrándose más de 100 muertes y 60,000 damnificados.
Fuente: CNN
