Por Adolfo Sánchez Rebolledo
El relato del niño aprendiz de sicario recogido por Sergio Ocampo Arista en Ayutla de los Libres no puede ser más sobrecogedor: “En Chilpancingo vi cómo despedazan a la gente y la torturan; los compas (los delincuentes) me invitan, me llevan por la carretera y me enseñan cómo tienen a la gente amarrada, cómo le van quitando las manos y los pies, la cabeza y sus partes, y por eso, pensando que ahí se gana dinero fácil, me fui, y ahora me anda buscando en el pueblo el compa que me llevó, pero ya no quiero. Por eso mi abuelita me entregó con la policía comunitaria” (La Jornada, 1/2/13). El testimonio me hizo ver hasta qué punto la violencia, o más bien, el consumo informativo de la violencia, generalmente descontextualizado, de los hechos criminales más execrables, sí acaba por desensibilizarnos. La locura no se detiene por el solo hecho de ajustar sus impactos mediáticos. Ahí sigue con su cauda de crueldad inexplicable. Este es el México de hoy, al que no tenemos derecho a darle la espalda. Y debe ocurrir algo extraordinario para que la atención pública se concentre en lo que está pasando en regiones cuya existencia cotidiana es sencillamente un infierno, un territorio donde el Estado ha abjurado de sus responsabilidades y, por tanto, impera la ley del más fuerte.
La llamada de atención vino esta vez de la Costa Chica guerrerense con el anuncio de que un tribunal comunitario juzgaría a las más de 50 personas que los pueblos mantenían retenidas por cometer diversos ilícitos, algunos muy graves, como secuestro, extorsión y asesinato. Esta era, se dijo, la respuesta de ciudadanos hartos de tolerar la ineficacia de las autoridades políticas y judiciales (o su complicidad) para combatir a la delincuencia, adueñada impunemente de vidas y hacienda de los más indefensos. Como surgido de la nada, de la noche a la mañana apareció un grupo pertrechado con viejas escopetas, palos y otras armas, dispuesto a cortar por lo sano con el historial de atropellos sin pasar por los circuitos legales que antes los habían defraudado. Estábamos, pues, ante un caso de autodefensa, un ejercicio de justicia popular por propia mano, cuya simple evocación sacude con temor a las buenas conciencias, que suelen ver en estos temas espinosos sólo un lado de la moneda, los efectos negativos pero no las causas que van gestando los hechos. Los involucrados, en cambio, justifican su acción en virtud de la experiencia real, inmediata de las comunidades; reivindican la legitimidad de la autodefensa ante el fracaso total y demostrable del Ministerio Público y los jueces para atajar a la delincuencia que asuela la región, ante la burla de los delincuentes a sus derechos y dignidad. Naturalmente, la gravedad de la situación puso en tensión al gobierno estatal y al federal, pero también a otras fuerzas regionales. Mientras se insistía en la participación de la policía comunitaria como columna vertebral de la movilización, se hicieron evidentes las diferencias entre dos grupos. Por un lado, la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), que dirige el movimiento, y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, CRAC.
Al propio gobierno no le preocupaba demasiado la precisión y se siguió hablando de las policías comunitarias en la prensa, sin contar con la opinión de los directamente interesados. Vale la pena recordar lo que dijo al respecto la CRAC en un comunicado de prensa fechado el 13 de enero: “Ante los hechos que se están presentando desde la semana pasada en la región de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, queremos informar lo siguiente: como es de todos conocido, pobladores de diversas comunidades de esos municipios se presentaron armados y encapuchados, estableciendo operativos de revisión en las vías de acceso a Ayutla de los Libres, presentándose desde el primer día como policías comunitarios. A raíz de lo anterior, nos vimos precisados ese mismo día 7 de enero a declarar ante la prensa que dicho movimiento no está encabezado por la CRAC–Policía Comunitaria e informamos que teníamos información de que quienes estaban detrás del levantamiento eran los dirigentes de la UPOEG, a pesar de que en los primeros días ellos mismos manejaron que era la CRAC quien dirigía el levantamiento; sin embargo en el transcurso de la semana, esta cuestión se fue definiendo con mayor claridad, a tal grado que ha sido la dirigencia de esa organización la que se ha reunido en más de tres ocasiones con el gobernador para definir el rumbo que le han de dar a dicho levantamiento. Se nos hace necesario destacar la postura engañosa y de mala fe que los dirigentes de la UPOEG manejaron ante los medios de comunicación desde el principio ya que a sabiendas de que son ellos los promotores han insistido en involucrarnos en un movimiento que no es propio de nuestra forma de actuar”.
Y no sólo procedió al deslinde en general sino que la CRAC puntualizó su desacuerdo con ciertas prácticas y concepciones esbozadas a raíz de los acontecimientos. “1) Nuestros policías comunitarios –resumo los argumentos– siempre estarán descubiertos de la cara. Respetuosamente pedimos a los participantes de este levantamiento que dejen de utilizar nuestro uniforme y/o escudos en sus operativos. 2) No estamos en guerra ni en confrontación con el narcotráfico. Nuestra misión es resguardar nuestras comunidades. No podemos realizar operativos en localidades que no están incorporadas al sistema comunitario, por lo que en ningún momento nos hemos planteado perseguir a la delincuencia allá donde ande. 3) En los 17 años de existencia de la Policía Comunitaria, nunca se ha ejecutado ni se ha desaparecido a ningún detenido o persona acusada ante el sistema comunitario. 4) Nuestro sistema de seguridad y justicia, en ningún momento desde su nacimiento ha establecido en ninguna parte un ‘toque de queda” ni ha ordenado, ni siquiera sugerido, la suspensión de clases en las instituciones educativas. 5) Nuestra institución comunitaria siempre se ha planteado una relación de respeto en relación al gobierno en sus diferentes niveles y órdenes, pero nunca hemos aceptado ni aceptaremos que nos dé indicaciones o nos condicione. No nos subordinamos. Nuestro único mando es el pueblo. No pedimos la coordinación con otras corporaciones policiacas, Ejército o Marina. Nuestros operativos los planifica y los ejecuta únicamente nuestra Policía Comunitaria, con su estructura y sus mandos”.
A las comunidades no les interesa crear pequeños ejércitos para su protección sino asegurarse mejores condiciones de vida y el acceso a la justicia que hoy, por lo visto, no existe.
Fuente: La Jornada
