El Senado aprobó en comisiones este lunes diversas reformas para endurecer los castigos en contra de la trata y la explotación sexual, cuyas sanciones van de uno a 30 años, pero dependiendo del tipo de delito y de la acumulación de los mismos puede llegar a 50 años de cárcel.
Entre los agravantes se destaca que cuando el delincuente sea servidor público, miembro de algún refugio, albergue o de una organización civil se le incrementará la pena.
En la exposición de motivos se destaca que estas reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, que cambia su denominación a la de Ley General en Materia de Trata de Personas, era necesaria debido a que se debía establecer pautas específicas para enfrentar este problema. Asimismo se establece que la ley vigente tiene omisiones y en algunos casos permite la impunidad.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Angélica de la Peña destacó que la reforma protege a cada víctima de manera individual y castiga con las reglas del concurso la acumulación de penas, si el delitos se comete en contra de varios sujetos por ejemplo, refirió si el delincuente comete un delito diverso a los contemplados en la ley contra la trata, por ejemplo homicidio, secuestro, omisiones, la sanción se agravará.
Manifestó que se define correctamente la diferencia entre medios comisivos y las agravantes; los primeros se refieren a los que son utilizados por los delincuentes para cometer el delito, y las agravantes son condiciones tanto de delincuentes como de las víctimas que deberán agravar la penalidad.
Con estos cambios se da la máxima protección a la vida, a la dignidad humana, a la libertad, seguridad y derechos humanos de las víctimas.
En tanto, la senadora Arely Gómez, integrante de la Comisión de Justicia destacó que la trata y la explotación de personas son dos fenómenos que deben ser erradicados “si pretendemos ser un Estado respetuoso de la dignidad de los seres humanos”.
Gómez, senadora del PRI, refirió que se modifica la redacción normativa de los tipos penales, estos cambios buscan establecer nuevos criterios para superar las dificultades a las que se enfrenta nuestro sistema de justicia, la sanción de los responsables ha sido complicada tanto para la autoridad encargada de la investigación como la jurisdiccional.
La senadora aseveró que el dictamen que se aprobó establece redacciones que posibilitan la eficacia en las sanciones penales; genera armonía de criterios de asistencia, prevención, protección, reparación y demás consideraciones entre la Ley General de Víctimas y la Ley General en Materia de Trata.
Fuente: La Jornada
