En 2012 fueron detenidas 99 personas acusadas del delito de terrorismo y 79 en 2013, de acuerdo con datos de la PGR solicitados vía transparencia. Las cifras representan un aumento significativo y reflejan una tendencia al alza en el número de casos, publica Reforma.
La información oficial señala que en 2006 no hubo ninguna persona acusada de terrorismo; en 2007, hubo tres; en 2008, 14; en 2009, 33; en 2010, 36 y en 2011, 60, según el rotativo.
Para Samuel González, extitular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (ahora SEIDO), el problema de la definición parte desde el hecho de que no existe tal aun a nivel internacional.
“Pero va más lejos, ya que asegura que el aumento en el número de detenciones se debe tanto a lo amplio de la definición como a la intención de no admitir ciertas acciones de la delincuencia organizada, como actos terroristas durante el sexenio pasado”, cita Reforma.
La última modificación hecha al Código Penal Federal (CPF), donde se contempla el delito de terrorismo, se publicó el pasado 14 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.
En las modificaciones se agregan apartados y capítulos a varios artículos del CPF y se introducen conceptos que, de acuerdo con expertos, producen mayor incertidumbre en cuanto a la aplicación de la ley, además que provocaron quejas de varias organizaciones porque no contemplan el derecho a la manifestación.
En el capítulo VI del CPF se señala como actos terroristas el uso de las siguientes sustancias: armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o incendios, inundaciones y que sean usadas intencionalmente para dañar a las personas.
“Actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”, se lee.
Reforma señala que defensores de derechos humanos señalaron que el Gobierno está utilizando el delito de terrorismo como un mecanismo de control.
“A nivel internacional es un patrón que se sigue por muchos países porque la legislación se fue modificando de forma sustantiva; en el caso mexicano es la utilización del delito de terrorismo como un mecanismo de control político y social”, afirmó Simón Hernández, abogado del Centro Pro de Derechos Humanos.
“La definición actual (de terrorismo) es tan amplia que no solamente incluye lo que es propiamente el delito de terrorismo, sino a toda aquella persona que a juicio del propio Gobierno pueda cometer actos violentos para presionar a una autoridad o a un particular para que cambie de política”.
