Organizaciones de defensa del consumidor y de la salud denunciaron hoy la injerencia de la industria refresquera en la posible disminución de 50% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los refrescos y otras bebidas procesadas que tengan hasta cinco gramos de azúcares añadidos –muchos de los cuales están destinados a los niños–, actualmente en discusión en el Senado.
Lamentaron que los diputados federales priistas, panistas y de los partidos satélites PVEM y Panal, aprobaron la reducción del impuesto –de un peso por litro a cincuenta centavos por litro– sobre estas bebidas, haciendo caso omiso a las opiniones de organismos nacionales e internacionales de salud que se alarmaron ante la medida “regresiva” aprobada en la cámara.
Entre ellos destacan el Instituto Nacional de Salud Pública, la Asociación Nacional de Cardiólogos de México o la Organización Panamericana de la Salud, así como una coalición internacional de organizaciones científicas, que recomiendan, al contrario, elevar el impuesto al 20% sobre todas las bebidas azucaradas.
De acuerdo con las organizaciones, la estrategia de la industria consiste en fomentar el consumo de bebidas light –tal como lo hizo la industria del tabaco–, las cuales son diseñadas y elaboradas en laboratorios con azúcares, edulcorantes, saborizantes y otros químicos para habituar a los más jóvenes a la sensación de dulce y volverlos adictos.
Prueba del cabildeo de la industria refresquera, según El Poder del Consumidor, la dio el diputado priista Jorge Estefan Chidiac el pasado 21 de octubre, cuando admitió en entrevista con Radio Fórmula que “el sector empresarial en su conjunto estuvo visitando a los diferentes grupos parlamentarios”.
Durante la entrevista, el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados abundó: “no es una propuesta del PRI, obviamente. Sin embargo, entendimos que podría ser una nueva opción para que se creara una nueva generación de refrescos con menos calorías que, obviamente, no va a sustituir a Coca Cola o Pepsi, porque sus fórmulas son inalterables”.
Ayer, Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), retomó el argumento de la industria refresquera al destacar que la medida propuesta por el PRI fue “malinterpretada”, pues aseveró que “lo que se está proponiendo es establecer un tramo particular de bajo contenido de azúcar y que solamente para ese tramo se aplique un impuesto más bajo de 50 centavos”.
Sin embargo, el argumento según el cual reducir el impuesto sobre estas bebidas incentivará la elaboración de “un refresco menos agresivo” no se sostiene en evidencias científicas, según las organizaciones.
Con la medida, una bebida para niños de 300 mililitros tipo “aguïta” por ejemplo, podría contener hasta 15 gramos de azúcares añadidos, lo cual se acerca a los 16 gramos de azúcar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera lo máximo que puede ingerir un niño por día.
De hecho, El Poder del Consumidor dio a conocer su extrañamiento ante el silencio de la Secretaría de Salud pese que su titular, Mercedes Juan López, respaldó en público el impuesto a los refrescos que “ha disminuido el consumo en este año de las bebidas azucaradas y ha aumentado el consumo de agua” el pasado 19 de octubre.
La industria, cuyo “poder económico ya se convirtió en un poder político”, recluta a exfuncionarios para cabildear en las esferas políticas, denunció hoy Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.
En la práctica de las “puertas giratorias”, Calvillo señaló al exdirigente nacional del PRI y exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Genaro Borrego, quien funge actualmente como director de asuntos corporativos de Femsa, la mayor embotelladora de Coca Cola en México.
También señaló el caso de Jaime Zabludowsky, quien negoció a nombre del gobierno mexicano los tratados de libre comercio con América del Norte y la Unión Europea y desempeña ahora, entre otros, el cargo de presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, grupo de interés de la industria de alimentos, bebidas y productos de consumo y abierto opositor a los impuestos a la “chatarra”.
La discusión se encuentra ahora en el Senado de la República, donde el PRI, aparentemente solo, apoyará la reducción del impuesto.
En una semana, el PAN dio marcha atrás: si bien los diputados votaron a favor de la medida, los senadores del mismo partido anunciaron ayer que se opondrán a la misma. Por su parte el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano la rechazaron desde un principio.
Calvillo sostuvo que, en caso de aprobarse la reducción del impuesto, las organizaciones no descartarían emprender acciones legales, pues estimó que “sería una medida regresiva en materia de derechos, lo cual es anticonstitucional”.
Y concluyó: “¡No lo pedimos nosotros!, sino la comunidad científica nacional e internacional. ¿Por qué (los legisladores priistas) no acudieron a los expertos?”
Fuente: Proceso
