La organización Amnistía Internacional dio a conocer que en las morgues del país hay 15 mil 921 cadáveres sin identificar y se han exhumado más de 1,400 restos humanos de fosas comunes clandestinas, a consecuencia de la lucha contra el crimen organizado y una estrategia de seguridad que no pondera la protección de los derechos humanos.
La organización entregó a la Organización de las Naciones Unidas el informe “México. Aumento de las violaciones de los derechos humanos y de la impunidad. Información de Amnistía Internacional para el examen periódico universal, EPU, de la ONU”, en el cual ser afirma que “el nuevo gobierno ha declarado que desea reducir la violencia y las violaciones de derechos humanos pero, hasta el momento, la estrategia de seguridad pública militarizada continúa, y los niveles de violencia siguen siendo altos”.
El Examen Periódico Universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU creado para evaluar a los países miembros en materia de cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. La evaluación se realiza cada cuatro años y a México le tocará el segundo examen el próximo 23 de octubre de 2013.
El siguiente es un fragmento del informe de Amnistía Internacional, correspondiente al capítulo “Seguridad pública y desapariciones forzadas”:
La crisis de seguridad pública que azota México desde hace seis años ha dado lugar a más de 60,000 homicidios, la mayoría cometidos por bandas de delincuencia organizada, pero también por la policía y las fuerzas de seguridad, que han cometido, entre otras cosas, ejecuciones extrajudiciales.
En las regiones afectadas, más de 150,000 personas se han visto obligadas a desplazarse a causa de la violencia y la inseguridad. Según datos de la CNDH, en 2012 la propia Comisión estaba investigando 2,126 casos de presunta desaparición. En las morgues del país había al menos 15,921 cadáveres sin identificar, y se habían exhumado más de 1,400 restos humanos de fosas comunes clandestinas.
El gobierno anterior centró su atención en restar importancia a los informes de violaciones generalizadas de derechos humanos, incluidas desapariciones. En febrero de 2012, el nuevo gobierno reconoció que entre 2006 y 2012 se había denunciado la desaparición de más de 26,000 personas; un número indeterminado de esas desapariciones eran desapariciones forzadas.
Las organizaciones locales de derechos humanos y los familiares de las víctimas sacaron a la luz pública la magnitud de las desapariciones, la participación directa e indirecta de funcionarios públicos en algunos casos, y la ausencia casi sistemática de investigaciones exhaustivas e imparciales.
El nuevo gobierno se ha comprometido a prevenir y castigar las desapariciones, incluidas las desapariciones forzadas, pero no ha tomado medidas enérgicas para atender las demandas de las agrupaciones de víctimas, que piden, por ejemplo, una base de datos nacional sobre desaparecidos, una nueva legislación nacional, mecanismos rápidos de búsqueda, investigaciones inmediatas y de alta calidad para determinar la verdad de lo sucedido y el paradero de las víctimas, un proceso fiable de exhumación e identificación, y el procesamiento de los responsables.
No ha habido progresos para hacer rendir cuentas por las desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas durante las décadas de 1960, 1970, y 1980.
El nuevo gobierno ha declarado que desea reducir la violencia y las violaciones de derechos humanos pero, hasta el momento, la estrategia de seguridad pública militarizada continúa, y los niveles de violencia siguen siendo altos.
El gobierno ha propuesto una reforma de la policía, que incluye establecer una gendarmería, pero no ha hecho referencia a mejorar la protección de los derechos humanos o reforzar las investigaciones sobre los presuntos abusos.
Mientras tanto, el ejército y la marina siguen realizando labores policiales sin una rendición de cuentas efectiva en varias regiones del país, y muchos puestos de la seguridad pública civil están ocupados por personal militar.
Dar clic para descargar el informe México. Aumento de las violaciones de los derechos humanos y de la impunidad. Información de Amnistía Internacional para el examen periódico universal, EPU, de la ONU
