El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, colecciona denuncias y acusaciones. En la PGR ya hay una demanda en su contra por peculado, corrupción, uso indebido de atribuciones y malversación de fondos, pues transfirió recursos estatales a un banco del cual es accionista. Ahora enfrenta señalamientos de conflicto de interés por su marcado favoritismo a ciertas empresas proveedoras del sector salud estatal, con las cuales mantiene estrechas relaciones.
Por Patricia Mayorga/ Proceso
Desde 2011, a dos meses de haber ocupado el cargo, el gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, tiene una alianza con las compañías Ymmarsa Pharmaceutica, SA de CV, y Servicios y Atenciones Médicas K, a las cuales convirtió en las principales proveedoras del sector salud estatal, privilegió con licitaciones millonarias en adjudicaciones directas –pese a las quejas contra esas empresas por vender sus medicamentos con sobreprecios– y con las cuales comparte la dirección fiscal y las oficinas de una asociación civil y un negocio propiedad del mandatario.
En el domicilio fiscal Periférico de la Juventud número 8725 de la colonia Lomas Universidad en esta capital, que comparte con Servicios y Atenciones Médicas K (Farmacias Economik), Duarte Jáquez tiene registrada su Unión Ganadera División del Norte y su asociación civil Que el Cielo Bendiga a Chihuahua, registrada apenas en 2013 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Aunque la dirección de la razón social de Ymmarsa Pharmaceutica es la calle Rudyard Kipling número 11368, en el Complejo Industrial Chihuahua, los ejecutivos de la empresa despachan en el domicilio de los negocios del gobernador, como consta en sus tarjetas de presentación.
Duarte ya estaba envuelto en un escándalo por las transferencias de recursos estatales al banco Progreso de Chihuahua, del cual es accionista. En su contra pesa una denuncia por los delitos de peculado, corrupción, malversación de fondos y uso indebido de atribuciones, presentada por el abogado Jaime García Chávez y la diputada panista Rocío Reza Gallegos, respaldada por 40 senadores y miles de ciudadanos que han creado un movimiento “antiduarte”. La denuncia está radicada en la Procuraduría General de la República.
El caso de las farmacéuticas arrastra otro conflicto de interés y favoritismo a empresas aliadas. Entre 2011 y 2013 el sector salud gastó 2 mil 665 millones 707 mil pesos en la compra de medicamentos, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud estatal solicitados mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Ymmarsa, Farmacias Economik y Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S de RL de CV –propiedad del priista Eduardo Almeida Navarro, quien apoyó la campaña de Duarte–, recibieron sólo en 2011, 2012 y 2013 más de la mitad del presupuesto estatal destinado a la compra de medicamentos y material de curación. Los gastos de 2014 aún no son públicos.
Pese a que los gastos estatales en medicamentos se han incrementado 32% (301.9 millones de pesos) desde la llegada de Duarte a la gubernatura, en los centros de salud aumentó notablemente el desabasto –señalan médicos entrevistados– y la propia Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que no hay control en los almacenes.
A las empresas aliadas de Duarte se les señala en las auditorías por incumplimiento de requisitos o bien generaron quejas de otros proveedores, quienes demostraron que cotizan los medicamentos con precios mucho más altos que sus competidores y aun así ganan los contratos con el gobierno.
Un grupo de ciudadanos –asesorados por médicos que sospecharon del conflicto de interés y la malversación de fondos– solicitó una investigación a la Secretaría de la Función Pública federal, la cual se negó argumentando que le corresponde hacerlo a la Contraloría del Estado; ésta la preside la exdiputada priista Liz Aguilera García, cercana a Duarte y posible candidata por el PRI a una diputación federal.
El 28 de noviembre de 2014 estos ciudadanos –quienes informaron a Proceso de su queja– interpusieron otra demanda ante la Auditoría Superior de la Federación, que la mantiene abierta con el código WEB8613 en el estatus de “estudio y análisis”. En su documento, los demandantes acusan al gobernador de coludirse con funcionarios del sector salud y violar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrato de Servicios y Obra Pública y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Púbicos del Estado de Chihuahua, entre otras.
Más dinero, menos abasto
A partir de la alianza con las farmacéuticas señaladas, la Secretaría de Salud de Chihuahua aumentó su presupuesto para el gasto de medicamentos: de 2011 a 2013 pasó de 781 millones 784 mil pesos a 974 millones 223 mil pesos.
Mediante el desglose del documento obtenido vía la Ley de Transparencia se desprende que los Servicios Estatales de Salud gastaron en esos tres años 2 mil 665 millones 707 mil pesos sólo en adquisición de medicamentos y material de curación. El Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal, el cual maneja el programa federal del Seguro Popular) gastó mil 552 millones 618 mil pesos y Pensiones Civiles del Estado manejó 1 millón 552 mil pesos, ambos en el mismo rubro.
Sin embargo, en uno de los hospitales con más afluencia de los derechohabientes del Seguro Popular se constató un importante desabasto de medicamentos y material de curación desde 2013. El último reporte obtenido da cuenta de que entre enero de 2013 y julio de 2014 ningún mes tuvo un abasto mayor a 90% y el promedio de esos 19 meses fue de 58%. El gobierno anterior, aunque con menos presupuesto, tuvo un promedio de más de 80% de abasto, según el cálculo de funcionarios consultados.
Para algunos expertos, el aumento en la compra de medicamentos carece de explicación. “Esa situación contrasta con el incremento de la población (…), de apenas 8% contra 45% en el gasto de medicamentos en la administración actual, sin considerar que la mitad de la población estatal es derechohabiente del IMSS”, estima un funcionario cercano al actual secretario estatal de Salud, Pedro Hernández Flores y quien pidió el anonimato.
Sobre esa diferencia opina: “Se compra caro, se compra mal o, a juzgar por el deterioro en el abasto de medicamentos a los hospitales, suceden ambas cosas. La mala compra puede consistir en un análisis deficiente de los reportes estadísticos de enfermedades o simplemente esos reportes no son tomados en cuenta, ya que la prioridad es comprarle al proveedor favorito aquello que como intermediario pueda venderte con un máximo de ganancia y con el mínimo esfuerzo, aunque ese medicamento esté a punto de caducar o se trate de uno de uso infrecuente”.
Entonces, advierte, un auditor difícilmente podrá detectar esa mala práctica puesto que no se trata de un médico con preparación administrativa. Señala que con la llegada de Hernández Flores al sector salud empeoró la situación.
Otro colaborador de alto nivel de la Secretaría de Salud estatal, quien también pidió el anonimato, dijo que el sector salud ha adquirido sus insumos a través de intermediarios, en vez de licitar cada insumo por separado y directamente con los fabricantes, lo cual permitiría un gran ahorro. “Basar el abasto de medicamentos en intermediarios va contra esa tendencia y es una puerta abierta de par en par a la corrupción”, dice a Proceso.
Empresas opacas
Ymmarsa y Servicios y Atenciones Médicas K aparentemente son lo mismo. Tienen los mismos socios, despachan en la misma dirección y compran medicamentos y material de curación a diferentes laboratorios a bajo costo y al mayoreo. Pero cuando esas empresas empezaron a ser proveedoras estatales en 2011 no estaban preparadas para atender el abasto del sector público en Chihuahua ni los de otros estados a los cuales también surten.
Los hermanos Juan Hiram y Jorge Márquez Rodríguez abrieron farmacias Economik como un negocio familiar en Durango en 2004 y en 2011 crearon Ymmarsa Pharmaceutica, para convertirse en proveedores del sector público. El negocio lo continuó Juan Hiram e invitó como socio a Jesús Miguel Robles Villarreal.
“Tenían el medicamento en el piso o expuesto a la luz, pese a que debe estar con temperatura controlada. Así operaron un año hasta que la Coespris (Comisión Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios) les puso un alto”, asevera un empleado administrativo de la empresa, quien también habló con este semanario a condición de reservar su nombre. Esa situación la confirmó la ASE en la fiscalización de 2012.
Un empleado del área administrativa entrevistado en las oficinas de Periférico de la Juventud dice que en ese lugar acomodan las licitaciones según les convenga: “Una semana antes empiezan a preparar todo para concursar, pero se atenían porque ellos mismos ponían las condiciones; el gobierno les manda las licitaciones y se acomoda de acuerdo a lo que tienen”.
Ymmarsa atrajo las franquicias de las farmacias Economik en 2011. Éstas surgieron en 2004 como negocio familiar en Durango, donde abrieron siete sucursales. En 2011 llegaron a Chihuahua. Actualmente hay nueve sucursales repartidas en la capital, Parral, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc.
En Periférico de la Juventud número 8725, cuando se pregunta por Servicios y Atenciones Médicas K, los encargados canalizan la petición a Jesús Miguel Robles Villarreal, uno de los socios de Ymmarsa. Esta persona –quien entregó una tarjeta de presentación con el domicilio de Médicas K y de los negocios del gobernador, aunque la empresa registró el de Rudyard Kipling 11368– explicó que comparten la razón social “porque hubo un acuerdo para prestarles el domicilio fiscal”.
Al pedirle una entrevista con uno de los encargados de Médicas K, propuso contactar al apoderado legal, pero éste no atendió la solicitud. Personal de esa empresa consultado por Proceso confirma que se trata de la misma compañía pero con diferente nombre (Ymmarsa y Médicas K).
Robles Villarreal niega que exista alguna relación con la Unión Ganadera División del Norte, fundada por Duarte en 2005. “Hasta tenemos problemas de estacionamiento (con la asociación), pero no tenemos nada que ver”, asevera. Agrega que “pagan renta”.
A Ymmarsa –proveedora de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y del Instituto Municipal de Pensiones en el ayuntamiento de Chihuahua– se le acusa de inflar precios hasta en 300%, y pese a ello gana las licitaciones. Las denuncias se han hecho en Chihuahua, Tabasco y Durango; en Nuevo León le retiraron una licitación el pasado 27 de junio.
La ASE hizo observaciones en el ejercicio fiscal de 2012 y 2013 a la Secretaría de Salud respecto del abasto de medicamentos por la mala distribución, falta de control en los almacenes y caducidad, que implicaba a Médicas K; con todo, el Congreso estatal aprobó por unanimidad su cuenta.
Los Servicios de Salud del estado han entregado por adjudicación directa al menos 500 millones de pesos a Médicas K a partir de 2012. Sólo ese año recibió 321.1 millones de pesos en medicamentos y material de curación para aplicarlo al programa federal del Seguro Popular. Así lo indica el contrato D20517 derivado de la adjudicación directa 282/2012.
En 2013, mientras esa empresa recibió 183.5 millones pesos como proveedor de la Secretaría de Salud, el resto de proveedores recibió entre 106 mil y 600 mil pesos y uno más obtuvo 68 millones de pesos, según la solicitud de información 087242014.
Un año antes la ASE había hecho observaciones a los Servicios de Salud por haber adjudicado a esa empresa, sin concurso, los contratos D20517 y D20518, por 417.5 millones de pesos, pese a no tener la licencia sanitaria obligatoria.
Ymmarsa también tiene su historia. En 2012, Marketing Medicinal y otros proveedores denunciaron públicamente que Pensiones Civiles adjudicó a esa empresa duranguense un contrato por 345 millones de pesos, aun cuando ésta ofreció precios inflados. De 881 medicamentos y materiales etiquetados para su compra le otorgó 738; más de 80% de la licitación LP002012.
Los proveedores quejosos ofrecen más ejemplos: Ymmarsa cotizó en mil 503 pesos cada una de las 700 cajas de Bicalutamida (para combatir el cáncer de próstata), en tanto que la distribuidora México Hospitalaria las cotizó en 500 pesos; la Fenitoína (antiepiléptico) la ofreció en 394 pesos por caja, mientras que el Laboratorio Pisa la ubicó en 14 pesos; la licitación para el antidepresivo Prozac la ganó cotizándolo en 398 pesos por caja, cuando un año antes lo compró en 7.50 pesos.
Los mismos proveedores calculan el desfalco al estado en al menos 100 millones de pesos. Los inconformes alegan que a Ymmarsa no le pidieron una carta para demostrar que no tiene historial de incumplimiento, como lo exigen los requisitos; la razón es que dicha empresa no hubiera podido mostrar nada pues surgió en 2011 y no había cotizado ni surtido a dependencias oficiales.
Al Instituto Municipal de Pensiones le abasteció 67% de los medicamentos licitados, también con sobreprecio.
En 2012, Marcelo González Tachiquín, actualmente secretario de Educación y quien fue director de Pensiones, aseguró que había despedido al encargado del área de Adquisiciones, Édgar Hermes Sandoval Tarín. Sin embargo, oficialmente dicho funcionario no salió de esa dependencia sino hasta agosto del presente año.
También Prosalud
La tercera proveedora beneficiada es Administración y Comercialización de Franquicias Internacional (conocida como Prosalud) del Grupo ALSA, propiedad de Eduardo Almeida Navarro, quien apoyó económicamente la campaña de Duarte. El empresario posee una avioneta Cessna 402 matrícula N3403 y en junio último fue nombrado presidente seccional del PRI municipal.
Grupo ALSA está formado por siete firmas. Tres son proveedoras del gobierno estatal y de la Presidencia Municipal de Chihuahua: Construcciones Corporativas Inmobiliarias, SA de CV, Comercializadora Corporativa Internacional, SA de CV, y Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S de RL de CV.
Estas compañías se encargan de instalar alumbrado público, remodelar inmuebles, vender maquinaria, construir y remodelar escuelas y vender medicamentos.
Prosalud provee medicamento y equipo médico al gobierno chihuahuense. En 2012 recibió por ese rubro más de 180 millones de pesos. En su portal indica que la empresa administradora fue constituida en 2003 y en 2011 se reactivó para la apertura de la farmacia Prosalud, la cual abastece de medicamentos a por lo menos nueve farmacias y es proveedora del IMSS, Ichisal y Pensiones.
Fuente: Proceso
