A casi cinco años del asesinato del periodista juarense Armando El Choco Rodríguez, el caso fue atraído finalmente por la fiscalía especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en lo que constituye la primera vez en este sexenio que la PGR atrae un caso de homicidio de un periodista en el país, según reportes oficiales.
La titular de esa dependencia, Laura Angelina Borbolla Moreno, titular de la fiscalía federal adscrita a la PGR, informó en efecto que desde la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales –vigente desde el 3 de mayo pasado–, éste es el primer homicidio que la Fiscalía atrae de entre todos los crímenes sufridos por periodistas y comunicadores en el país.
Rodríguez Carreón fue privado de la vida el 13 de noviembre de 2008 cuando, a bordo de su automóvil, se disponía a salir de su vivienda, junto a una de sus hijas para trasladarla a la escuela y luego él dirigirse a El Diario, en el que cubría la fuente policiaca.
Hasta ayer, el expediente permanecía en poder de la Fiscalía General del Estado sin que se conocieran avances sustanciales.
“Ya teníamos la investigación, digamos en paralelo a la Fiscalía General del Estado, pero nos llevamos la carpeta de investigación, para nosotros es lo que conocemos como la causa principal u original; esto nos permite avanzar conmensurablemente en la investigación que ya llevábamos con algunos tropiezos y vicisitudes”, dijo Borbolla Moreno.
Previo a su participación en el taller “Prevención de Delitos contra la Libertad de Expresión”, organizado por la Red de Periodistas de Ciudad Juárez, la fiscal explicó que la solicitud de atracción se fundamenta en el Artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.
En dicho ordenamiento se explica en qué supuestos los tribunales federales y el Ministerio Público de la Federación pueden tener competencia y el apartado VI se establece la atracción “cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta”.
“Es la aplicación de estas nuevas facultades legales. El delito de homicidio como el de desaparición, privación ilegal de la libertad, lesiones, daños, robo, el delito que sea del cual haya sido objeto cualquier comunicador o periodista es un delito del orden del fuero común”, detalló Borbolla Moreno.
Subrayó que la reforma constitucional de la fracción 21 del Artículo 73 que tuvo efectos el 25 de junio del año pasado preveía que se hicieran las modificaciones a las leyes secundarias para que se establecieran las reglas del juego, de cómo ejercer la facultad o la capacidad de atraer las investigaciones del fuero común y apenas el 3 de mayo el presidente Enrique Peña publicó estas reglas de operación”.
Tras rechazar que la Fiscalía federal haya intervenido ante la falta de resultados por parte del Gobierno de Chihuahua, la fiscal Borbolla dijo que la Fiscalía estatal vio con beneplácito el ejercicio de la dependencia a su cargo y sin cortapisas aceptó transferir la responsabilidad.
“(La solicitud) ya fue ingresada y ayer (lunes) tuve una reunión con la Fiscalía del Estado de Chihuahua y este martes por la tarde fue recibida y nada más estamos a la espera de concluir con el trámite administrativo del papeleo, de la entrega de la cadena de las custodias que se tenga que hacer”, puntualizó.
Desde la entrada en vigor de la reforma, en mayo pasado, la Fiscal Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR ha conocido de 29 agresiones contra periodistas y comunicadores –incluido el caso de “El Choco”–, según Borbolla, pero ello sólo a través de investigaciones paralelas a las iniciadas por las procuradurías de los estados donde ocurrieron los hechos.
Y de estos ha atraído cinco expedientes relativos a delitos de abuso de autoridad y lesiones, ocurridos en Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Oaxaca y Tabasco, finalizó la fiscal federal.
Con información de El Diario
