Negociado al margen de las sociedades de los países que involucra, el Acuerdo Transpacífico (ATP), del que forma parte el gobierno mexicano) dificultará el acceso de la mayoría de la población de las 12 naciones a medicamentos de última generación, como los empleados para el tratamiento del cáncer, de acuerdo con organizaciones civiles y partes del documento. También establece compromisos para la libre comercialización de productos para la agricultura.
En la negociación del ATP participaron los gobiernos y corporaciones de: Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, Australia, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Japón, Malasia y Vietnam.
Hecho a la medida de las grandes transnacionales, el ATP contiene una cláusula que ha establecido que las negociaciones se desarrollen en secreto, dijo este viernes Consumers International, una organización con sede en Londres y una representación latinoamericana en Chile. Sólo prevé que los legisladores conozcan los textos una vez que la negociación haya concluido, mencionó.
El capítulo de protección intelectual es quizá uno de los más controvertidos del acuerdo, cuyos textos no se han hecho públicos oficialmente, dijo por su parte Public Citizen, con sede en Estados Unidos. El alcance de este apartado incluye un amplio espectro de servicios que van desde el acceso a internet, medicamentos, publicaciones, libertades civiles y patentes biológicas, apuntó.
“Si el ATP es ratificado, los habitantes de los 12 países del pacífico cuyos gobiernos negociaron el acuerdo deberán vivir bajo las reglas de ese acuerdo”, consideró en un comunicado Peter Maybarduk, director del programa de acceso a medicamentos de Public Citizen. “Los nuevos derechos monopólicos para las grandes compañías farmacéuticas pueden comprometer el acceso a medicinas para los habitantes de los países involucrados. El ATP puede costar vidas”, sostuvo.
Este viernes, la plataforma Wikileaks dio a conocer uno de los capítulos del ATP, precisamente el relacionado con los derechos de propiedad intelectual. Wikileaks afirmó que el documento es la última versión acordada por los ministros que participaron en la negociación. El texto está fechado el 5 de octubre, fecha que coincide con el cierre de las pláticas en las que se cerró el acuerdo, realizadas en Atlanta, Estados Unidos.
En el texto filtrado por Wikileaks, los gobiernos de los 12 países que firman el ATP acuerdan que “las partes pueden formular o enmendar sus leyes y regulaciones; adoptar medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición y para promover el interés público en sectores de vital importancia para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean consistentes con las disposiciones de este acuerdo”.
Uno de los puntos del acuerdo sobre propiedad intelectual tiene que ver con la comercialización de productos químicos agrícolas, lo que la relacionada directamente con la producción de alimentos.
Si el gobierno de un país exige, como condición para aprobar la comercialización de un nuevo producto químico agrícola, la presentación de pruebas relativas a su seguridad y eficacia, se compromete a no permitir por un periodo de diez años que otras empresas puedan comercializar el mismo producto o uno similar, a no ser que la primera compañía que presentó la solicitud lo apruebe explícitamente.
Una reglamentación similar fue acordada por los gobiernos, según el texto filtrado por Wikileaks, para la comercialización de productos farmacéuticos protegidos por patentes. Si una empresa solicitó a un gobierno aprobación para la venta de un medicamento y ofreció información sobre la seguridad y eficacia del producto, el gobierno que se trate no puede permitir que otra compañía comercialice la misma medicina, según el documento.
En el acuerdo también se incluyen consideraciones respecto del uso de fármacos de nueva generación para el tratamiento de enfermedades como cáncer, conocidos como “medicamentos biológicos”.
Los medicamentos biológicos son moléculas complejas que son aisladas de plantas, animales y microorganismos o elaboradas a partir de a utilización de la biotecnología, explicó Public Citizen. Pueden incluir vacunas, medicamentos para el tratamiento del cáncer o insulina, para el tratamiento de personas con diabetes.
Este tipo de medicamentos pueden costar decenas e incluso cientos de miles de dólares por paciente al año y, en mucho casos, la persona enferma los requiere de por vida.
Los compuestos biológicos no son patentables en todos los casos, dado que algunos se generan de manera natural, como la insulina, o son componentes de la sangre humana. Sin embargo, según el texto filtrado por Wikikeaks, los países firmantes del ATP podrían detener la producción de versiones genéricas de medicamentos biológicos, o biosimilares, para dejar disponibles los de patente.
“El anuncio esta semana del fin de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico tras un debate secreto de ocho años, trasladará la discusión de este tratado a los escenarios nacionales, abriendo una gran posibilidad para que los Parlamentos, que son los organismos encargados de aprobar o no este acuerdo, aseguren y se comprometan para que el interés público prime por sobre los intereses comerciales”, consideró Consumers International.
Los textos de este Tratado deben ser liberados cuanto antes y entregados al conocimiento de la sociedad civil y de las autoridades políticas de los países para que se informen, no sólo de lo que sido negociado en su nombre, sino también de las decisiones que podrían dar forma a su vida cotidiana en las próximas décadas, añadió.
Ya iniciado el siglo 21, no es posible que se puedan procesar y desarrollar acuerdos, menos aprobarlos, sin la participación de la sociedad civil y las autoridades políticas de los países involucrados. Este procedimiento no es un mecanismo democrático que pueda legitimar acuerdos de ninguna naturaleza, dijo.
“Pensamos que el secretismo es la forma en que el poder de las corporaciones puede desplegarse sin obstáculos para diseñar acuerdos comerciales internacionales, e imponer cambios fundamentales para su beneficio en las políticas públicas y en los sistemas legales nacionales”, declaró Consumers International.
Fuente: La Jornada
