Por Lydia Cacho
Hace unos años entrevistaba a un alto mando de la agencia ICE (US Immigration and Customs Enforcement) que es el brazo investigador principal del departamento de seguridad nacional (Department of Homeland Security,DHS). Pasé un par de horas con este agente preguntando cómo actúan respecto a las redes de trata de personas. Hablamos sobre casos de tráfico de órganos y sobre cómo detectan los casos de víctimas de explotación sexual y laboral en los Estados Unidos. Me mostró expedientes de casos notables, e insistió en puntualizar: la prensa que hace bien su trabajo de investigación es fundamental para nosotros, dijo, explicando que tiene personal que se dedica a hacer seguimiento de medios para detectar casos y a partir de las pautas de una buena nota de una o un reportero confiable, se meten a fondo y así han logrado investigar, consignar y sentenciar muchísimos asuntos a lo largo de la historia. También el US Marshal me dijo que sin la buena prensa las cosas estarían mucho peor.
Casi nunca se habla de este tema, porque cuando discutimos la importancia del periodismo de investigación profesional y ético, nos referimos al valor que tiene para la sociedad en general que los medios logren hacer pública la información veraz, oportuna y ajena a intereses ulteriores. Pero casi nunca se recuerda que en los vacío del Estado la prensa acaba haciendo trabajo criminológico en sus investigaciones
En México quienes hacemos periodismo de investigación, sabemos que trabajamos para transparentar el ejercicio del poder público, para evidenciar las violencias sociales y de género; para dar a conocer quiénes, cómo, cuándo, dónde y por qué manejan la economía, las finanzas públicas, los monopolios, la educación y los procesos legislativos. Asumimos esa tarea y, en muchos casos, nos arriesgamos al develar colusiones criminales en todos los ámbitos. Sabemos que la corrupción y la impunidad, como el moho, crecen y se reproducen en la oscuridad.
Leo las declaraciones Rodolfo Río Garza el Procurador General del Distrito Federal, quien dijo que sin las víctimas no hay forma de acreditar el delito, me pregunto ¿de verdad? ¿y la nómina del PRI-DF? Y el que pagaba a las mujeres, y el historial de Priscila la contratadora. ¿Cómo han sido tan efectivos en otros casos como el Cadillac y aquí desde ya advierten que será muy difícil?. Temen que se politice, pero ya es político; temen que se partidice, pero ya es problema de un partido. Sobre todo es problema de toda al sociedad y un mensaje de cómo los institutos políticos tratan a las mujeres. Si ya están investigando a Jesús Ortega, señalado por una de las víctimas del bar Cadillac, no importa el partido, todos los señalados han de ser investigados.
El peligro:
El equipo de periodistas de Carmen Aristegui-MVS se puso en riesgo; la reportera se tuvo que hacer pasar por edecán para documentar el proceso de contratación y obtuvo grabaciones de voz. Los dos fotógrafos de MVS, a las afueras, tomaron imágenes, fueron confrontados por un grupo de supuestos agentes de seguridad privada responsables de proteger a Gutiérrez y sus oficinas. Bajo amenazas forzaron a los fotógrafos a borrar las imágenes de las mujeres cruzando de un edificio (donde las contratan) a otro (donde las hacen desfilar en minifalda frente a Gutiérrez). Amenazados y por temor a que su compañera fuera descubierta y le hicieran daño, obedecieron borrando su material periodístico. Cabe recordar que este es un comportamiento que nuestros colegas fotorreporteros enfrentan sólo con militares, con policías corruptos y con narcotraficantes.
Una testigo presencial fue a la PGR/SEIDO a denunciar hechos que constituyen elementos claros de trata de personas. De allí que la ley exija que el caso se persiga de oficio. Al día siguiente aparecieron dos mujeres más que, según sus testimonios detallados, fueron cooptadas por la gante de Gutiérrez. Con el apoyo de la organización dirigida por Teresa Ulloa, ya tiene lista una denuncia penal, no solamente contra el ex dirigente del PRI, sino contra varios políticos cómplices en establecer un entramado de explotación de mujeres.
La Procuraduría del Distrito Federal se ha caracterizado por su persecución efectiva de casos de trata de personas, en particular ha llevado a cabo investigaciones acuciosas y efectivas con muchos menos elementos que los que ahora se tienen. Desde ya esa autoridad, experta en investigar explotación sexual de mujeres, debería de estar trabajando de la mano de SEIDO siguiendo las pistas, haciendo investigación; si ya la dirigencia nacional priista ofreció apoyar a la autoridad con la información que soliciten para esclarecer el caso.
Una vez más han venido periodistas profesionales a ponerles sobre la mesa todo: el caso, la evidencia de base, el contexto de peligro y amenaza para víctimas y para quienes lo documentan, fotografías de el señalado con las edecanes y el gobernador de Veracruz; se han evidenciado (con hechos concretos, fechas y nombres) los intereses políticos que han permitido que este delito se perpetúe a lo largo de once años. Tienen la averiguación previa del 2011 de Rosario Guerra en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez abierta e intocada. ¿Pero no es suficiente?
No creo que las y los periodistas debamos actuar como fiscales, no lo somos. Sin embargo, cada buena investigación no solamente conlleva un riesgo inicial para quienes hacen público un caso, sino hay además un peligro mayor para las víctimas a quienes las autoridades ineptas siguen dejando la carga de la prueba.
Las consecuencias de arrojar luz sobre un caso de naturaleza criminal con aristas tan peligrosas como las que tiene este y muchos otros, pueden ser fatales. Porque cada vez que desde el periodismo se investigan estos asuntos tan puntuales, quien persigue la verdad se gana enemigos personales, amenazas puntuales y mayores riesgos. Es decir, mientras se hace mejor periodismo en México, el silencio de los medios aliados al poder junto con la ineptitud de las autoridades, triplica el riesgo para quienes publican la nota y para las víctimas.
Esta estrategia que favorece la impunidad, genera un peligro más: que los acusados invictos terminen utilizando al sistema de justicia como venganza contra las y los periodistas. Ciertamente en un país con pleno estado de derecho la prensa simplemente investiga y publica, luego la autoridad hace su trabajo. En el caso mexicano si la prensa no diera seguimiento formal y persistente a estas notas, los niveles de impunidad serían mucho mayores. Quien calla otorga, quien otorga se hace cómplice y quien habla asume el riesgo y la responsabilidad.
Fuente: Sin Embargo
