Particulares y empresarios aprovechan vacíos en la Ley Minera para obtener ganancias que el Estado mexicano deja de obtener. Conoce el modus operandi.
Por Andrea Vega Valerio
Los concesionarios particulares de minas ya encontraron su negocio: Especulan con las hectáreas otorgadas por el gobierno mexicano hasta que llega un mejor postor –empresa nacional o transnacional—y ceden los derechos con ganancias extraordinarias. Ellos y no el gobierno mexicano es quien gana por tal inversión. Gracias a los vacíos en la regulación minera, existen más de 10 mil títulos transferidos de mano en mano.
Este equipo de investigación analizó los movimientos en los títulos de concesión minera de los 10 particulares beneficiados con más hectáreas en cada uno de los últimos tres sexenios y encontró que, al menos en los casos de los otorgados en las administraciones panistas, los particulares los han cedido o intentado ceder a compañías nacionales y extranjeras, en un esquema que la ley no regula.
Una revisión de la base histórica de concesiones mineras muestra que, en los últimos tres sexenios, ha venido aumentado el número de títulos otorgados a particulares. Fox le dio 2 mil 156 concesiones mineras a personas (42.47% del total de las otorgadas entre 2001 y 2006); Calderón, 6 mil 102 (61.3% de las expedidas entre 2006 y 2012) y Peña Nieto, 1808 (65.7% del total de las otorgadas hasta junio de 2015).
Ya desde 2010, la Auditoría Financiera y de Cumplimiento hecha a la Secretaría de Economía para analizar el estado de los Derechos Sobre Minería por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), advertía que “los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la Nación”.
Entre las recomendaciones que emitió entonces la ASF destaca que “la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Economía, analizara la conveniencia de revisar la normativa y los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras, a fin de que éstas se autoricen a partir de premisas que garanticen utilidad pública y beneficios a la Nación”. Esto no se ha hecho.
En lugar de eso, este sexenio se publicó el Programa de Desarrollo Minero 2013 – 2018, que tiene entre sus objetivos: detonar proyectos mineros de alto impacto, apoyar el financiamiento a la comercialización de minerales y concentrados, impulsar a la pequeña y mediana minería y a la minería social.
Para lo anterior, una de las acciones presentadas en el plan, y ejecutadas, es la simplificación administrativa para el otorgamiento de concesiones mineras, que incluye trámite electrónicos, y la reducción en los tiempos de atención.
No hay ningún apartado de este plan en el que se hable de que los ciudadanos deban contar con títulos de concesión como una forma de impulsar la actividad minera en el país, se habla siempre de empresas; sin embargo, son las personas quienes parecen estar aprovechando la laxitud en las concesiones mineras.
El cambio de varios “dueños” de una misma concesión minera puede ser en meses o en años. Así ocurrió con varias hectáreas ubicadas en Guachinango, Ameca y Cuautla en Jalisco. Manuel Langarica Ramos –la persona más beneficiada con concesiones mineras durante el sexenio de Fox—le otorgó a Minera El Cobre de Jalisco sus concesiones. Y ésta le otorgó los títulos a Minas Chaparral.
El principal beneficiado en el sexenio de Calderón fue Jorge Jiménez Arana, a quien El Universal, en su nota del 14 de septiembre de 2014, “México, en poder de las mineras”, ubicó como representante legal de la minera canadiense Blackfire Exploration México. Jiménez Arana obtuvo ocho permisos que le conceden una superficie de 580 mil 304 hectáreas (área similar a la del estado de Colima), en los municipios de Acapetahua, Mazatán, Pijijiapan y Suchiate, en Chiapas.
Blackfire Exploration México ha tenido problemas con el gobierno mexicano por infringir normas ambientales, de acuerdo con el informe elaborado por United SteelWorkers, Common Frontiers y MiningWatch Canada.
En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, o al menos hasta junio de 2015, la persona más beneficiada por extensión es Juan Carlos Astiazarán Nieves, con seis títulos de concesión por 264 mil 558 hectáreas, en las localidades de Carbo, Hermosillo, Pitiquito y San Miguel Horcasitas, en Sonora.
Los títulos de concesión otorgados a Astiazarán Nieves no registran movimientos. Todavía los tiene en su poder. En su caso, llama la atención que en la LXII Legislatura (de 2012 a 2015) el diputado priista, por Sonora, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (y familiar del concesionario), fuera integrante de la Comisión Especial de Minería.
En este caso en particular, como en muchos otros, no hay una ley que regule el posible conflicto de interés. Es decir, no hay forma de impedir que peritos, personas físicas que evidentemente no tienen forma de explotar una concesión minera o incluso familiares de políticos, se beneficien de los títulos otorgados por el gobierno mexicano.
AGUJEROS CONVENIENTES
El marco legal deja las lagunas necesarias para darle cabida a este modus operandi. En su artículo 19, fracción VII, la Ley Minera asienta que “las concesiones confieren derecho a transmitir su titularidad a personas legalmente capacitadas para obtenerlas”.
La palabra transmitir incluye una variedad de posibilidades: desde traspasar, ceder o vender. Viéndolo así, la venta de un título de concesión es legal, aunque la ley no lo mencione como tal. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, prohíbe lucrar con los bienes de la nación y un título de concesión minera es justo eso.
Así lo explica Juan Antonio López, abogado e integrante del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C (ProDESC). “Una concesión no se puede vender, porque estarías lucrando con un bien de la nación, por eso (en las tarjetas de registro del Sistema de Administración Minera, SIAM, donde se asientan todos los movimientos de un título) a la mayoría le llaman cesiones (gratuita u onerosa), aunque el trasfondo es que éstas sí implican un intercambio monetario”.
No hay un único responsable a quien se le puede señalar de fomentar este esquema, que opera en toda la República Mexicana. La ruta que deben seguir los títulos, según lo asienta el Reglamento de la Ley Minera, en sus artículos 17 y 23, es así: el interesado debe acudir personalmente a la unidad administrativa (agencia o subdirección de minería) que le corresponda (de acuerdo a la entidad donde se ubique el lote), ésta revisa que los documentos estén completos y hecho el pago de derechos.
Si lo anterior está en orden, hará constar que la solicitud fue admitida para su estudio y trámite y expedirá el certificado credencial al solicitante, con vigencia de sesenta días hábiles, para que un perito minero ejecute los trabajos periciales en el terreno. Si estos trabajos cumplen con los requisitos legales, la unidad administrativa emitirá la proposición a título para que continúe el trámite.
A partir del día siguiente a aquel en que se reciba la proposición a título de la solicitud en Oficinas Centrales (Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía), la Secretaría procederá a convalidar cartográficamente dicha proposición y contará con quince días hábiles para resolver sobre el otorgamiento del título. Lo anterior quiere decir que tanto las agencias y subdirecciones de minería en los estados como la Dirección General de Minas, la Secretaría de Economía y hasta los legisladores conocen y permiten este esquema.
Esto es relevante porque daña los intereses del estado, que podría otorgar las concesiones solo a quien realmente pueda explotarlas, por una suma que debería entrar a las arcas públicas. “Los otros grandes afectados –explica Julieta Lamberti, de Project PODER (movimiento ciudadano para la transparencia y la rendición de cuentas en América Latina– son las personas que no saben que están viviendo en un terreno cuyo subsuelo está concesionado a un particular”.
Si el concesionario lo vende, la compradora querrá poner ahí una mina, y como esta actividad está catalogada en la ley como más relevante que cualquier otra, así haya terrenos de cultivo, casas o escuelas; las plantaciones, las construcciones se tendrán que quitar y los pobladores deberán irse.
