Con la anuencia u omisión de la exsecretaria Rosario Robles y la conducción intelectual del ex oficial mayor Emilio Zebadúa, un grupo de al menos 11 exservidores públicos participó en la maquinación del desfalco de 4 mil 73.3 millones de pesos cometido desde Sedesol y Sedatu.
De acuerdo con declaraciones contenidas en distintas investigaciones administrativas y penales, no en todos los casos los involucrados tuvieron conocimiento del desfalco que se estaba realizando a través de universidades, entidades públicas y empresas fantasma.
El desvío de recursos comenzó a operar desde el 15 de febrero de 2013, cuando la Secretaría de Desarrollo Social firmó un convenio por 21.1 millones de pesos con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para que ésta instalara ventanillas de atención para el programa de adultos mayores.
A ese convenio se sumaron 24 más, el último firmado el 15 de diciembre de 2016, con otras 12 universidades y tecnológicos, así como tres sistemas de radio y televisión de los estados de Hidalgo, Quintana Roo y Sonora.
El propósito de firmar convenios con las universidades y los centros estatales de radio y televisión fue evitar los procesos de licitación e intentar evadir la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) permite la contratación entre entes públicos siempre y cuando el contratado esté en capacidad de proveer lo solicitado sin subcontratar más del 49 por ciento de los trabajos a realizar.
Desde que la ASF comenzó a revisar estos convenios advirtió que en ellos había irregularidades, porque si bien estaban permitidos por la ley, no se ajustaban a lo establecido en la norma y las universidades no tenían la capacidad técnica ni de personal para cumplir con lo pactado.
Pese a ello, durante el paso de Robles y Zebadúa por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), firmaron los convenios y asignaron contratos para proveer distintos servicios, entre los que están la instalación de módulos, la realización de conciertos de rock, la elaboración de estudios, la planeación de campañas de difusión y la elaboración de spots.
En febrero de 2015, al dar a conocer los resultados de la Cuenta Pública 2013, la ASF evidenció el esquema que se repetiría año con año: el pago millonario a universidades por la prestación de supuestos bienes y servicios, que en muchos de los casos no se realizaron, y la triangulación de la mayor parte de esos pagos a empresas fantasma.
“Se evidencian esquemas que permitieron eludir las licitaciones públicas, presumiblemente simular los servicios y las adquisiciones, subcontratar proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios, y que éstos, a su vez, subcontrataran a otras empresas, que en algunos casos resultaron inexistentes o vinculadas”, indicó en la auditoría forense DS-031.
Luego de que se daba la firma del convenio respectivo, el modus operandi que se seguía al interior de la Sedesol y Sedatu era que se acordaba con las universidades a qué empresas se debían transferir los recursos, se elaboraban supuestos entregables que justificaran los bienes prestados, se seguían los trámites para liberar los pagos y se pretendía solventar ante la ASF las observaciones con papeleo y pruebas hechizas.
Robles fue vinculada a proceso el 12 de agosto pasado por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito de servicio público, debido a que, pese a haber tenido conocimiento del desvío de recursos que se estaba llevando a cabo, no hizo nada para impedirlo ni informó de ello a su superior jerárquico, el Presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la audiencia se reveló que José Antolino Orozco Martínez, Marcos Salvador Ibarra Infante y María del Carmen Gutiérrez Medina, ex funcionarios de Sedesol y Sedatu, en distintas declaraciones ministeriales aseguraron que Robles estuvo al tanto del saqueo que se estaba cometiendo.
“Si bien es cierto, se ha narrado que Juan Manuel Portal, entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación informó a María del Rosario de las irregularidades que ocurrían, en aquella época, en la Secretaría de Desarrollo Social.
“La certeza que María del Rosario tenía conocimiento, se obtiene de la notificación que hizo la Auditoría Superior de la Federación, de los pliegos de observaciones; y posteriormente, de los dictámenes técnicos donde se desprende el posible daño a la Hacienda Pública en ambas dependencias”, añadió el Juez.
Así, con su anuencia u omisión, de acuerdo con declaraciones de algunos implicados, sus subalternos operaron el desfalco.
Fuente: Reforma
