La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló deficiencias en el proceso de licitación para la compra consolidada de la adquisición de bienes terapéuticos; detectó que la Secretaría de Salud no verificó que las instituciones públicas participantes (IPP) presentaran la totalidad de los documentos requeridos para concursar en las licitaciones y, además, ubicó que no se atendió a cabalidad la necesidad total del abasto de bienes terapéuticos solicitados por las IPP. Se presume un probable daño o perjuicio a la Secretaría de Hacienda por un monto un millón 71 mil 272 pesos.
De acuerdo con el informe general de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, la ASF describió que no se atendió, a cabalidad, la necesidad total del abasto de bienes terapéuticos solicitados por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, Comisión Nacional de Protección Social en Salud, ahora Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), hospitales, institutos, centros comunitarios, entre otros, llamadas las IPP.
El reporte concluyó que de las tres mil 988 partidas requeridas por las IPP, se licitaron tres mil 257, de las cuales sólo mil 181 fueron adjudicadas (36.3 por ciento).
Asimismo, “se determinaron deficiencias en el proceso de la contratación del Servicio Integral de Logística de Almacenamiento y Distribución de Bienes Terapéuticos para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2019, toda vez que en la investigación de mercado no se acreditó la recepción de 95 cotizaciones, la publicación de la convocatoria, ni la documentación del citado proceso competitivo realizado por la Secretaría de Salud, y tampoco se sustentó el supuesto de excepción a la Licitación Pública en el que se fundamentó la adjudicación directa”, precisó la Auditoria.
Pese a que el gobierno federal instrumentó, como estrategia, realizar la compra centralizada de medicamentos y material de curación; así como transparentar los procedimientos de contratación de manera abierta para todos los proveedores de la industria farmacéutica a nivel nacional e internacional, la ASF observó diversas inconsistencias en el proceso de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica número LA-006000993-E4-2019 para la compra consolidada de medicamentos y material terapéutico para el Sistema de Salud para el ejercicio 2020.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de realizar dicho proceso, no verificó que las 36 instituciones públicas participantes (IPP) presentaran en tiempo y forma la totalidad de los documentos requeridos para participar en el citado procedimiento, relativos éstos a las demandas agregadas de necesidades de las IPP.
Falta de medicamentos
De acuerdo con la Auditoría, no se atendió la totalidad de las necesidades de medicamentos y bienes terapéuticos de las 792 partidas requeridas por las 36 IPP, ya que sólo se licitaron 632 (80 por ciento), de las cuales 228 se declararon desiertas, por lo que sólo 404 fueron adjudicadas (63.4 por ciento).
De la revisión al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), como IPP, respecto de los dos contratos revisados para la compra de medicamentos y bienes terapéuticos, no proporcionó evidencia de la aplicación de penas convencionales por mil 71.3 miles de pesos.
Además, a la fecha de la auditoría (diciembre 2021, precisó la ASP), el INSABI no había elaborado y autorizado sus políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios (POBALINES), las cuales se debieron autorizar a más tardar el 17 de septiembre de 2020, ni se han efectuado los planes estratégicos de abastecimiento de medicamentos y bienes terapéuticos de consumo que le corresponden a nivel nacional, así como el proceso que se llevaría a cabo para supervisar y controlar la recepción de éstos.
Daño o perjuicio
El documento de la Auditoría reveló que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Secretaría de Hacienda por un monto un millón 71 mil 272 pesos por la falta de documentación consistente en la evidencia que sustente la aplicación de penas convencionales por un monto de 246 mil 192.70 pesos y por 825 mil 70.19 pesos de los contratos números LA-E4-2019-CNPSS-SALUD-EDOS- 018-2020 y LA-E4-2019-CNPSS-SALUD-EDOS-041-2020, respectivamente, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 24; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Fuentes: La Jornada
