La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ha fallado en su intento de que sean declarados “notoriamente improcedentes” las decenas de demandas de amparo promovidas por ciudadanos inconformes con la terminación del noticiario radiofónico que conducía la periodista Carmen Aristegui.
Un juez federal y un tribunal colegiado, integrado por tres magistrados, rechazaron un recurso legal con el que Humberto Castillejos, consejero jurídico del presidente Enrique Peña Nieto, pretendía revocar la admisión a trámite de las demandas de garantías, la mayoría de ellas firmadas en colectivo por decenas de ciudadanos.
En su recurso, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República utilizó el adjetivo “absurdo” para calificar la pretensión de las demandas de amparo, las cuales solicitaron la protección de la justicia federal para el efecto de que los concesionarios de radiodifusión tengan que consultar con las audiencias antes de decidir sobre su programación.
“Si se está en el supuesto de determinar la procedencia de la demanda de amparo, estaríamos frente al absurdo de que para suprimir o dejar de transmitir cualquier programa, los concesionarios tuviesen que consultar a la audiencia, y en caso de omisión o estar en desacuerdo, los radioescuchas estarían legitimados para acudir al juicio de amparo a impugnar que se dejen de transmitir los programas de su preferencia, situación que sin duda alguna resulta inadmisible”, refiere el escrito de la Consejería Jurídica.
Al negarse a la petición de Castillejos, el segundo tribunal colegiado especializado en telecomunicaciones e integrado por tres magistrados, consideró que las dos juezas que se dedican a ese sector (que han admitido alrededor de veinte de los más de 2 mil 700 amparos que promovieron los inconformes con la salida de Aristegui) deben dar trámite a los juicios de garantías.
En las próximas horas, la Presidencia de la República, Grupo MVS y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, señaladas como autoridades responsables en esas demandas de amparo, deberán rendir informes justificados (negar o aceptar los actos reclamados) y comparecer a los juicios.
Fuente: La Jornada
