Por Francisco Javier Pizarro Chávez.
Es literalmente ignominioso y preocupante el desempeño de las autoridades de gobierno en materia de seguridad y combate a la violencia.
No hay un solo día en el que la violencia deje de estar presente a lo largo y ancho del Estado Grande.
Los índices de asesinatos del crimen organizado van al alza, mientras las instancias de gobierno se mantienen culpándose mutuamente de su ineficiencia y, lo que es aún peor, dejan al garete ya no sólo a los ciudadanos, sino también a los elementos de sus corporaciones policiales.
Un ejemplo de ello es el artero asesinato del director administrativo de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, Efrén Peñaflores Rodríguez y su escolta Alejandro López Rivera, realizado por un comando armado que viajaba en un automóvil compacto de color blanco que los emboscó a la entrada a la ciudad. de Chihuahua en la Avenida Silvestre Revuelta y calle 120.
El escolta murió al volante de la camioneta que conducía y el director de la policía una hora después en un hospital, al cual fue trasladado luego de ser baleado por sus agresores. Ambos iban desarmados.
En este caso hay mucho que escarbar y poner en claro. Es de dominio público que meses atrás se generó un conflicto entre la Comisión de Seguridad Estatal y la Policía Municipal de Cuauhtémoc, luego que de manera arbitraria y sin previo aviso, la Comisión de Seguridad Estatal y la Fiscalía General del Estado, desarmaron y apresaron a los policías municipales presuntamente por no contar con las licencias de portación de arma.
El alcalde morenista de Cuauhtémoc, Carlos Tena, salió en su defensa, y declaró que se trataba de una venganza por no aceptar que se mantuviera el mando único, impuesto por la Comisión de Seguridad y Estatal y la Fiscalía General del Estado, en la anterior administración municipal.
Prefirió dar de baja provisionalmente a 11 de sus policías municipales detenidos que terminaron siendo liberados, que aceptar el Mando único impuesto por la Comisión Estatal de Seguridad y la fiscalía General del Estado.
El presidente municipal declaró públicamente que el famoso mando único estaba controlado por cárteles de la droga y que su director de Policía ya habían recibido amenazas no únicamente de los grupos delincuenciales, sino también del Consejo Estatal de Seguridad, a quienes, en forma indirecta acusó, de ser responsables de la muerte de un policía que fue levantado y exhibido en un video difundido en las redes sociales por un comando de encapuchados con uniforme militar y armas de alto poder.
En dicho video, el policía secuestrado fue interrogado por el grupo criminal acerca de los policías que presuntamente trabajaban para “El Tigre”, jefe de un cártel que se disputa el control de las drogas en ese territorio.
En la lista se incluyó al director administrativo de la policía de Cuauhtémoc Efrén Peñaflores y su escolta Alejandro López Rivera, y otros agentes policiales más, que han sido amenazados públicamente mediante mantas, y ejecutados presuntamente por un grupo del Cártel de la “Liga”.
Después de esos sucesos, el edil solicitó una audiencia privada al gobernador del Estado para tratar el conflicto entre la corporación estatal y la municipal cuyas mesas de seguridad improvisadas para taparle el ojo al macho, no dieron resultado alguno y por separado, pidió al presidente de la República el apoyo de la Guardia Nacional en ciernes en ese entonces.
El mandatario estatal panista, Javier Corral, hizo caso omiso a la propuesta del edil. Ahora dice que está dispuesto a hacer una consulta pública a ciudadanos y el sector privado, para ver si están de acuerdo en que se mantenga el mando único o no.
El alcalde de Cuauhtémoc, por su parte, advierte que no va aceptar que la Comisión Estatal de Seguridad encabece el mando único y de antemano responsabiliza al gobernador de lo que le pueda ocurrirá a él y su familia.
De haberse abordado institucionalmente el conflicto entre la Comisión Estatal de Seguridad y la Dirección de la Policía Municipal de Cuauhtémoc, seguramente no se habría llegado a estos extremos.
Es evidente que los cárteles han aprovechado esa confrontación y la han agudizado con el asesinato de policías para hacer de las suyas y mantener su control territorial de la zona en la que operan.
En este contexto, no basta que el gobernador y el fiscal anuncien que se realizará una investigación a fondo para detener a los asesinos del ex director de Seguridad Pública y su escolta. Esa es su responsabilidad y obligación.
El presidente Municipal de Cuauhtémoc por su parte no debe seguir endosando a diestra y siniestra responsabilidades y culpas de los asesinatos de sus agentes policiales, sino aporta evidencias y las prueba, como marca la ley.
Espero que el gobernador del Estado y el Presidente Municipal entiendan que la confrontación que mantienen no beneficia a ninguno de los dos y sí en cambio afecta a los ciudadanos y a las corporaciones policiales que tutelan.
Ambos servidores públicos deben abordar la realidad tal cual es y reconocer que ni uno ni otro han logrado frenar el flagelo de la violencia en sus ámbitos de competencia, que requieren coordinarse y elaborar un plan se seguridad integral que proteja la vida de los ciudadanos y la de los elementos que integran las corporaciones policiales a su cargo.
Las cifras oficiales respecto a la violencia que vive Chihuahua son contundentes.
En el 2018 fueron asesinadas 1,800 personas, esto es, el 47.16 % por cada 100 mil habitantes. (SNSP).
Nuestro estado se ubica en el cuarto lugar de las entidades con más altos índices de homicidios, por lo que la percepción de inseguridad de los ciudadanos se elevó del 74% en 2017 al 80 % en 2018.
La policía estatal y la municipal, apenas alcanzan el 52% de confianza por parte de la población chihuahuense. Dicho de otra manera. Ambas están reprobadas.
En contraste, las Fuerzas Armadas cuentan con una anuencia aprobatoria: la Marina es la mejor calificada con un 82 % y el Ejército con 75 %.
Y que no vayan a salir como es costumbre que no hay recursos en materia de seguridad y justicia.
De conformidad con el presupuesto de egresos, el año pasado se destinaron 4 mil 749 millones de pesos en materia de seguridad y justicia. Este año se tiene previsto un gasto de 7 mil 226 millones de pesos, esto es, habrá un aumento del 35%.
La Guardia Nacional que tanto objetaron, aún no está en funciones, así que quiera o no, no tienen tampoco pretexto para eludir su responsabilidad.
Dicho de otra manera: No le busquen tres pies al gato. Así no van a cazar nunca a los ratones.
