Por José Pérez-Espino.
El asesinato, las agresiones y la privación ilegal de la libertad de periodistas representan una amenaza para la democracia. Su vida no vale más que la de cualquier otra persona. Sin embargo, la frecuencia de los atentados contra las libertades de expresión y de prensa son señales de alerta que pueden significar el acotamiento de los derechos civiles por distintas vías de presión.
El asesinato de la periodista Regina Martínez fue el primero que se registró en el actual proceso electoral federal que inició en octubre de 2011. Fue hallada sin vida en su domicilio el sábado 28 de abril. Unos días después, el 3 de mayo, fueron asesinados los reporteros gráficos Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez. Sus cuerpos fueron localizados en un canal de aguas negras de Boca del Río, Veracruz, después de que horas antes se había reportado su desaparición.
Hugue y Luna fueron compañeros en el diario Notiver de Miguel Ángel López Velasco y su hijo Misael López Solana, asesinados el 20 de junio de 2011. Ambos, junto con Esteban Rodríguez (quien trabajó hasta agosto pasado en para AZ) abandonaron Veracruz en 2012 por amenazas.
La situación de riesgo en la que se encontraban fue denunciada por la organización Article 19 en un reporte entregado a funcionarios del gobierno mexicano, durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 27 de octubre de 2011.
“Ni los representantes de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ni las autoridades del estado de Veracruz tomaron medidas para garantizar la seguridad de los periodistas, quienes formaban parte de un grupo aún mayor de desplazados”, de acuerdo con un comunicado de Article 19.
Los cuatro asesinatos ocurrieron en Veracruz, la entidad federativa que se ha convertido en la más peligrosa para ejercer el periodismo. No habían transcurrido tres semanas cuando el reportero Marcos Ávila García, del periódico El Regional de Sonora fue privado de la libertad y asesinado. Su cuerpo fue encontrado el viernes 18 de mayo en la carretera entre Guaymas y Empalme.
Los cinco asesinatos, más allá del móvil, opacan el esfuerzo de los poderes Ejecutivo y Legislativo por crear nuevos instrumentos legales y administrativos para supuestamente proteger el ejercicio periodístico.
De nueva cuenta, los homicidios exhiben que la impunidad y la indolencia oficiales son los principales enemigos de los periodistas, por la falta de persecución y castigo a los perpetradores. Las autoridades, sin embargo, continúan apostando por elaborar iniciativas con las que simulan acciones para garantizar el trabajo periodístico.
Contra esos esfuerzos en el papel y en las declaraciones públicas, la indolencia y la impunidad son letales. Los casos se suman a los de 66 periodistas asesinados de 2000 a 2011, más 13 desaparecidos por motivos relacionados con su labor, de acuerdo con el informe “Silencio Forzado” de Article 19. La falta de castigo a los perpetradores representa una invitación para seguir agrediendo y asesinado periodistas.
Las autoridades no han comprendido que la mejor protección del ejercicio de las libertades de expresión y de prensa es la garantía más eficaz del derecho de acceso a la justicia.
Los asesinatos de cinco periodistas en menos de un mes también refleja la situación actual por la que atraviesan los reporteros, fotógrafos y camarógrafos que salen a diario a ejercer el oficio en condiciones de alto riesgo para su integridad personal. Muchos de ellos sin la mínima seguridad social y la mayoría sin contar con seguro de vida.
Si bien todas las vidas humanas tienen un valor igual, el tratamiento periodístico y por parte de las autoridades no ha sido el mismo.
El caso de Regina Martínez se convirtió en un caso emblemático que puede ser el primero –al menos en el estado de Veracruz– en resolverse pronto por la presión directa del medio para el que la periodista escribía en la capital del país.
Se trata del primer homicidio perpetrado en contra de un periodista que colaboraba o trabajaba en un medio de la Ciudad de México. También es el primer hecho de sangre contra la revista Proceso, desde su creación en 1976. El domingo 19 de abril, después de que su fundador Julio Scherer, el director Rafael Rodríguez Castañeda y el jefe de Información, Salvador Corro, se reunieron con el gobernador Javier Duarte, la empresa fijó un posicionamiento público:
“La agresión contra cualquiera de los integrantes de esta casa editorial es un atentado contra Proceso y en contra del derecho constitucional a informar”.
“No eludiremos ninguna acción hasta conseguir el esclarecimiento del crimen”.
Con el crimen, la procuración de justicia en Veracruz de nueva cuenta se pone en entredicho, particularmente en relación a las agresiones y al asesinato impune de periodistas.
De 2000 a la fecha, 13 periodistas han sido víctimas de homicidio en Veracruz, cinco en lo que va de la gestión de Javier Duarte, cuya Procuraduría no ha logrado capturar a ningún responsable.
El crimen, además, obliga a la reflexión sobre la necesaria solidaridad entre periodistas y entre medios, más allá de las filias y fobias entre empresas y dueños, hayan o no firmado el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia en marzo de 2012.
La noticia del asesinato concitó la solidaridad de miles de personas en las redes sociales el sábado 28 de abril de 2012, hacia su familia, con la revista Proceso y con el gremio. Pero esa solidaridad no se vio reflejada en las portadas de los medios impresos de la capital del país, con alguna excepción como el de La Jornada, que le dio un llamado en su primera plana.
Más burocracia, más leyes, pero… ¿quién persigue?
Cada vez que se registra el asesinato de un periodista en México, a un político o a un funcionario se le ocurre inventar algo, en vez de cumplir con la obligación de capturar a los responsables y llevarlos a tribunales.
Entre otras cosas, se ha propuesto crear: un fideicomiso (cuando fue asesinado el periodista Armando Rodríguez en Ciudad Juárez); una fiscalía especial (como la de la PGR, sin facultades, que no da resultados); federalizar el delito de homicidio de periodistas (cada vez que matan a uno); un protocolo de seguridad (como el que no puede aplicar la Secretaría de Gobernación) o el Programa de Agravios contra Periodistas de la CNDH (que infla la estadística de víctimas, en vez de dar seguimiento a cada agresión); una ley de protección (como la que hoy se pretende aprobar en la Cámara de Diputados).
O una comisión especial, como la que ayer anunció el gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa y en la que participarán un representante de Proceso, la PGR como coadyuvante y personal de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.
En este contexto, los cinco asesinatos cometidos entre el 28 de abril y el 18 de mayo demuestran que es falsa la supuesta “federalización” de los delitos contra periodistas, por parte del Congreso de la Unión, como se publicó en la mayoría de los medios cuando la Cámara de Senadores ratificó una reforma al artículo 73 Constitucional, el 13 de marzo.
Con la reforma, el texto constitucional aprobado primero por la Cámara de Diputados, ahora establece:
“Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”.
¿Qué significa? El “podrán conocer” no significa que se tipificó el asesinato de periodistas como delito federal, al otorgar al Ministerio Público de la Federación la facultad de investigarlos de oficio.
Pero falta mucho tiempo para que esa reforma entre en vigor. El cambio al artículo 73 Constitucional debe ser avalado por al menos 17 legislaturas estatales y aún así faltará que el Congreso de la Unión la reglamente mediante reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Orgánica de la PGR, además de que los congresos estatales hagan lo propio con el marco jurídico local.
En los hechos, sucederá lo que ocurre ahora con el caso de Regina. La Procuraduría estatal puede solicitar a la PGR que participe como coadyuvante, pero primero debe demostrar que el asesinato está relacionado con la labor de la víctima para poder solicitar al Ministerio Público de la Federación que conozca del delito.
Un peligro para la democracia
¿Por qué los asesinatos de periodistas representan un atentado contra la democracia?
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy clara cuando reconoce “que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información”.
Esclarecer a la brevedad el asesinato de Regina, como el de las víctimas de homicidio y desaparición que se han acumulado desde hace 20 años, identificar a los responsables y llevarlos ante los jueces, no puede formar solamente parte del discurso político.
¿Quién mató a Regina Martínez, a Guillermo Luna, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez y a Marcos Ávila? ¿Por qué?
Que la impunidad y la indolencia oficiales no sigan matando periodistas.