Pese al despliegue de miles de militares en el corredor costero que va de Cihuatlán a Puerto Vallarta, Jalisco, un presunto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinó en esa zona a Eladio Ávila Pérez, suegro de Nestora Salgado García, en cumplimiento de una amenaza para que le bajen a las presiones en demanda dela liberación de Nestora.
Los hechos ocurrieron la noche de ayer en el municipio de Tomatlán, cuando Juan Pérez –identificado por testigos– disparó contra el hombre de 67 años de edad, sin que nadie pudiera detenerlo.
Familiares de Eladio Ávila atribuyeron la ejecución al cumplimiento de una serie de amenazas que él y su hijo José Luis Ávila –residente en la ciudad estadunidense de Seattle– habían recibido para que éste le “bajara” en el activismo que realiza en el país del norte en busca de la liberación de Nestora Salgado, excomandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, presa desde 2013 en el penal de El Rincón, Nayarit, acusada de secuestro.
La mujer se declaró en huelga de hambre desde el martes 5 en protesta por su injusto encarcelamiento y debido a que no hay avances en su proceso penal.
Ayer, activistas de México y Estados Unidos, integrados en el Frente para la Liberación de Nestora Salgado, demandaron la intervención del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, para que la defensora deje la prisión.
En una carta enviada a la CIDH, el colectivo aseguró que el Estado mexicano incumple las medidas cautelares dictadas el pasado 28 de enero a favor de Nestora, y alertó que la integridad y vida de la activista está en juego por los “pases políticos” entre el gobierno federal, las autoridades penitenciarias y el gobierno de Guerrero, que no toman acciones para proteger su salud y hasta ahora se han negado a trasladarla a un penal del fuero común para que reciba atención médica.
La organización remarcó que la exigencia única, prioritaria y urgente es la libertad inmediata de la defensora, por lo que pidió la actuación y coadyuvancia de la CIDH para exigir al Estado mexicano su pronta liberación, y que haga públicas las razones por las que aquella sigue presa como criminal de máxima seguridad.
El pasado lunes 18, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, firmaron un acuerdo con la familia y los abogados de la activista Nestora Salgado García, en el que se comprometieron a reubicarla en un penal del Distrito Federal.
En entrevista telefónica desde Estados Unidos, José Luis Ávila, esposo de la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, informó que ese día sostuvieron una reunión funcionarios de la Segob con familiares y los defensores legales de Nestora, Leonel Rivero y Alejandra Gonza, en la que se acordó el traslado en fecha por determinar.
“No es verdad que esté un traslado hoy. Hay un compromiso por parte del gobierno tanto federal como estatal de hacer un traslado en los próximos días, pero de ahí todavía no hay nada concreto”, aseguró.
Agregó: “Es un compromiso firmado, pero como en otras ocasiones ha habido otros compromiso firmados y el gobierno nos ha quedado mal, pues no podemos decir que ya es algo 100% seguro. Esperamos que esta vez cumpla el gobierno”.
Fuente: Proceso
