Por Fernando Dorado
El presidente Santos ha roto las negociaciones con la dirigencia agraria de Dignidad Papera y Lechera. Lo hace, aprovechando y tomando como excusa los hechos de violencia sucedidos ayer (29.08.2013) en Bogotá. También acusa a los negociadores campesinos de tener una agenda oculta y acusa a Marcha Patriótica de estar detrás de la supuesta intransigencia campesina. Además ha anunciado la militarización de Bogotá y la intervención militar para despejar las vías bloqueadas por los participantes del paro.
El gobierno intenta atemorizar a la dirigencia papera y lechera, ponerlos contra la pared para que acepten las “soluciones” que ellos han ofrecido como el control de precios y eliminación de aranceles para importación de fertilizantes y plaguicidas, importación directa de fertilizantes, mayor control del contrabando, y no rebajar el presupuesto para el sector agropecuario (alocución presidencial del 28.08.2013).
Santos y sus ministros saben que las peticiones campesinas son justas. Sin embargo, no están en capacidad de resolverlas porque están comprometidos con la política neoliberal, el “libre comercio” y todo un paquete de medidas que han tomado en los últimos 23 años desde el gobierno de César Gaviria. Santos no puede ceder en política económica estructural, sólo puede ofrecer paños de agua tibia.
Ahora el pulso es por ganar la opinión pública, neutralizar la solidaridad que ha conseguido el movimiento y derrotarlo por la fuerza. El gobierno pretende desmovilizar a los sectores paperos y lecheros de Boyacá, Nariño y Cundinamarca, que se han convertido en el eje central de la lucha campesina, y así debilitar el movimiento en su conjunto que viene creciendo día a día en las regiones.
El paro nacional agrario entra así en una nueva fase. Frente a la represión militar vamos a ver a campesinos de uniforme enfrentados con campesinos de ruana. Utilizan el argumento de la “infiltración de fuerzas oscuras” para justificar la intervención del ejército. Ello va a traer graves consecuencias al interior del ejército y desarrollos futuros inesperados.
La incapacidad gubernamental para manejar un conflicto social agrario refleja la imposibilidad de la oligarquía de resolver los problemas del pueblo. Se aproxima así – a pasos agigantados – una crisis de tipo revolucionario. “Los de arriba no pueden, los de abajo no quieren”.
Para enfrentar esta situación está surgiendo una dirigencia social de nuevo tipo, que entiende que el problema es estructural y que la lucha nos exige tener una visión de conjunto. Que existen los recursos económicos para financiar los proyectos populares y resolver sus problemas, pero que actualmente están monopolizados y al servicio del gran capital.
Por ello es fundamental elaborar una plataforma de lucha que levante por lo menos los siguientes puntos:
– Nacionalización de los recursos naturales, especialmente los minero-energéticos.
– Renegociación inmediata de los Tratados de Libre Comercio.
– Moratoria y renegociación de la deuda pública (interna y externa).
– Política agraria democrática centrada en apoyo a la economía campesina.
– Reforma estructural de la Ley 100 de salud.
– Educación primaria, secundaria, y universitaria gratuita, de calidad y pagada por el Estado.
Ya no se trata de que cada sector luche por separado por sus reivindicaciones sectoriales. Se debe hacer todo el esfuerzo por priorizar aspectos que nos cobijen a todos, los más sentidos por la población y los que tienen mayores posibilidades de movilizar a sectores de la población no organizada.
No ceder, resistir y avanzar. Las condiciones están dadas para derrotar las medidas de fuerza del gobierno.
Popayán, 30 de agosto de 2013
Fuente: Aleinet.org
