La Procuraduría General de Justicia Militar ejerció acción penal contra ocho militares que el 30 de junio participaron en el operativo donde fueron abatidos 22 presuntos criminales en Tlatlaya, Estado de México, al acusarlos de desobediencia e infracción de deberes, esto “independientemente de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles”.
Sin cargos relacionados con una supuesta “ejecución” masiva ni homicidio doloso, en un comunicado que emitió anoche indicó que “fueron puestos a disposición” del juzgado sexto militar e internados en la prisión adscrita a la Primera Región, en el Campo Militar No. 1-A, DF, un oficial y siete elementos de tropa.
La Sedena indicó que la Procuraduría General de Justicia Militar detuvo a estos elementos por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos contra la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial. Además de infracción de deberes en el caso del personal de tropa.
Mandos consultados por MILENIO señalaron que por el momento no hay pruebas de la presunta “ejecución” que han difundido algunos medios de comunicación, información que ha sido retomada por organizaciones no gubernamentales e incluso provocó un “pronunciamiento” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La Procuraduría General de la República lleva a cabo una investigación por este caso, en el que se denunció que los presuntos criminales fueron asesinados por los militares, aun cuando se habían rendido sin oponer resistencia.
Cero impunidad
Sin mencionar el presunto asesinato de 22 personas supuestamente vinculadas a la delincuencia organizada, ocurrido en Tlatlaya, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, advirtió que “cualquier conducta que se aleje” del precepto de proteger a las personas, las habrán de llevar ante las instancias jurídicas” para que determinen lo conducente.
“El fomento de las relaciones civiles militares y la comunicación social han permitido que los mexicanos mantengan alto grado de confianza en sus soldados y en sus marinos.
“En esta toral labor nuestro compromiso es y será, a pesar de los riesgos a los que se ven expuestas las tropas, proteger a la sociedad a la que nos debemos, respetando irrestrictamente sus derechos fundamentales.
“Cualquier conducta que se aleje de ese precepto habremos de llevarla a las instancias jurídicas correspondientes para que sean ellas las que determinen lo conducente”.
Durante la clausura del seminario La Defensa Nacional del Estado mexicano ciclo 2014, Las fuerzas armadas mexicanas, una visión humanista para la conformación y defensa del Estado mexicano, que organizó la Sedena con la Universidad Anáhuac, Cienfuegos afirmó que la labor castrense se ha diversificado.
“Anteriormente el papel preponderante de todas las fuerzas armadas del orbe estaba claramente definido: ser instrumento bélico de disuasión o de acción para evitar o hacer la guerra. A través del tiempo esta función ha evolucionado y se ha diversificado, adecuándose a las necesidades de cada pueblo para confrontar amenazas nuevas y desafíos no necesariamente militares”.
Acompañado del almirante, Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, el titular de la Sedena opinó que los elementos castrenses continuarán brindando apoyo a las autoridades civiles para reducir la violencia.
“El instituto armado mexicano, es decir, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, ha sido sumamente propositivo en esta dinámica global de conformidad con las misiones que le establecen sus leyes y reglamentos adaptan sus capacidades para destinarlas independientemente de sus misiones orgánicas prioritarias de defensa nacional y seguridad interior al cumplimiento de tareas de carácter social como el auxilio a las personas en caso de desastres, la Cruzada Nacional contra el Hambre y la labor social en comunidades vulnerables por citar solo algunas.
Fuente: Milenio
