El Décimo Tribunal Colegiado Penal en la CDMX resolvió que sea el juez federal Gerardo Moreno García quien lleve el proceso, por lo que el operador de Manlio Fabio Beltrones sería recluído en el Reclusonio Norte de la capital del país, a pesar de que el desvío de fondos públicos al PRI nacional se cometió en Chihuahua.
El juzgado del fuero común de Chihuahua que había iniciado el juicio pasará por tanto el caso de los presuntos desvíos de 250 millones de pesos del gobierno de César Duarte al PRI a un juez de control federal.
El Colegiado consideró que los recursos presuntamente desviados del erario estatal eran del ramo educativo por lo que su naturaleza es federal. El caso implica al ex secretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez, La Coneja; también a Antonio Tarín y Gerardo Villegas, ex funcionarios del gobierno duartista.
El pasado 22 de marzo la PGR archivó el caso de lavado y delitos bancarios contra César Duarte porque el año pasado uno de los organismos dependientes de Hacienda, cuando José Antonio Meade era su titular, decidió no denunciar al el ex Gobernador de Chihuahua al concluir que no cometió ningún delito.
Este viernes, elTribunal Colegiado ordenó quitarle a la justicia de Chihuahua el proceso por peculado agravado en contra del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por el presunto desvío de 250 millones de pesos y, en consecuencia, la causa penal del fuero común 780/2017 deberá ser enviada a un juez de Control federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, quien lo resolverá, indicó el abogado defensor, Antonio Collado Mocelo.
Según información proporcionada por el abogado Antonio Collado Mocelo, defensor de Alejandro Gutiérrez, en audiencia celebrada ayer en la capital del país, dentro del conflicto competencial número 08/2018 con antecedente del 04/2018, el Décimo Tribunal Colegiado integrado por los magistrados Guadalupe Olga Mejía Sánchez (presidente), Carlos López Cruz y Silvia Estrever Escamilla, determinaron que los fondos públicos, supuestamente desviados desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Gobierno de Chihuahua y de ahí a cuatro empresas “fantasma” proporcionadas por el empresario coahuilense, son de naturaleza federal.
El presunto desvío multimillonario se cometió entre los meses de febrero y abril de 2016, según la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE), y esos recursos fueron destinados al financiamiento de campañas del PRI a nivel nacional.
El consejero jurídico de Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés declaró ayer que hasta donde él tiene información no hay ningún movimiento en el caso del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “La Coneja”.
“Hasta donde yo sé no ha habido ningún movimiento sustancial en el asunto, simple y sencillamente sigue su trámite en la cuestión de la competencia que se está tratando de ver entre la Federación y el Estado. Hasta donde tengo información está en el mismo estado”, expresó Espinoza Cortés.
El exdirigente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) fue designado como consejero jurídico por el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado tras la salida del Maclovio Murillo.
Dijo que Gutiérrez Gutiérrez seguía sujeto al proceso penal en el estado, por lo que dijo no tener noticias de que el Tribunal Colegiado de Distrito en materia Penal con sede en Chihuahua hubiera resuelto el cambio de competencia.
“Todavía no resuelve en cuanto al fondo de la competencia. En la información que nosotros tenemos no hay tal cosa y no se nos ha notificado que se haya realizado la atracción o que se le haya concedido a la Federación llevarse al asunto”, expresó.
El abogado Antonio Collado Mocelo, defensor de Alejandro Gutiérrez, dijo ayer a El Diario que con esta resolución del Tribunal Colegiado, el Gobierno del Estado deberá trasladar al político priísta al Reclusorio Norte en la Ciudad de México, donde finalmente se asumirá la competencia por un juez federal, quien desahogará y resolverá conforme a Derecho.
De negarse a cumplir con este mandato, los poderes Judicial y Estatal podrían incurrir en responsabilidad del tipo penal por desacato.
Fue el 15 de febrero del presente año cuando el juez federal Gerardo Moreno García, con sede en el Reclusorio Norte en la capital del país, se pronunció por que el procesado Alejandro Gutiérrez, al igual que el exdirector del Comité de Adquisiciones en la pasada administración estatal Antonio Enrique Tarín y el ex director de Administración, Gerardo Villegas Madriles debían ser juzgados en el ámbito federal, pues los recursos presuntamente sustraídos ilícitamente eran correspondientes al Ramo 23 federal.
Los 250 millones fueron depositados a la cuenta número 4058556945 del banco HSBC a nombre del Gobierno del Estado de Chihuahua, mismos que se “utilizaron” en el ramo educativo.
En contraparte, el pasado 26 de marzo el juez de Control local, Alejandro Legarda Carreón, resolvió que era competente para continuar con el procedimiento y rechazó entregarlo al Poder Judicial Federal, surgiendo así el conflicto de competencias.
El juez adscrito al Distrito Judicial Morelos estableció que diversos jueces de Control, entre ellos, Eduardo Alexis Ornelas dictaron autos de vinculación a proceso en contra de los imputados, dentro de la misma causa penal (780/2017), pero en diferentes momentos, lo cual implicaba que sí se afectaron los recursos públicos estatales con sus acciones.
Legarda Carreón consideró: “Los recursos federales no estaban etiquetados, yo sostengo la competencia, sin embargo debido a que el juez federal Gerardo Moreno con sede en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México aceptó la competencia por inhibitoria, aquí hay un conflicto competencial, por lo que todo lo actuado envíese al Tribunal Colegiado de Distrito en materia Penal con sede en Chihuahua (no obstante, se fue a la Ciudad de México), quien deberá dirimirlo”.
El exsenador, exdiputado local y federal así como también precandidato a gobernador por el PRI en el estado de Coahuila, Alejandro Gutiérrez, fue detenido el 20 de diciembre de 2017 mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión, que se ejecutó por policías estatales y federales en la ciudad de Saltillo.
Posteriormente se le trasladó al Cereso número Uno del municipio de Aquiles Serdán donde permanece actualmente recluido, con varios intentos de parte de sus abogados para buscar cambiarlo a un Cefereso, aduciendo que ha sido víctima de actos de tortura y actos de presión constantemente para que denuncie a personajes de la vida política nacional en actos de corrupción cometidos en la administración del exgobernador César Duarte Jáquez.
Fuente: Reforma/ El Diario
