El PRI inició el proceso contra tres Gobernadores y un ex Mandatario estatal que podría concluir en su expulsión del tricolor.

Tras haber dado entrada a la solicitud de expulsión por presuntos actos de corrupción, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria priista requirió a los órganos estatales pruebas sobre los señalamientos en su contra.

Fernando Elías Calles, presidente de la comisión, señaló que, además de notificarles sobre el proceso, deberán darles derecho de audiencia a Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua.

Aunado a ello, la comisión admitió una solicitud contra el ex Mandatario de Nuevo León Rodrigo Medina, quien fue vinculado a proceso por uso indebido de funciones, por lo que también solicitó pruebas de las imputaciones en su contra.

Los procedimientos son a raíz de denuncias presentadas por el consejero político nacional Armando Barajas, en las que pidió la suspensiónde sus derechos como militantes y, en su caso, la expulsión de los cuatro priistas.

Elías Calles señaló que la intención de solicitar información a las comisiones de Justicia Partidaria de los estados es hacerse de elementos y pruebas sobre los casos, ya que las denuncias fueron sustentadas en notas periodísticas.

Sin precisar un plazo, indicó que, una vez que reciban la información, los Mandatarios y Medina serán citados a una audiencia para que respondan a los alegatos en su contra, tras lo cual los siete miembros de la comisión tomarán una decisión.

“Les tenemos que notificar que han sido denunciados y, como tenemos la obligación de darles el derecho de audiencia, estamos en proceso para entonces fijarles en su caso para que ellos puedan alegar lo que a su derecho convenga”, explicó.

En el caso de los Gobernadores, la solicitud se basa en anomalías en sus gestiones, las cuales están por concluir, y denuncias interpuestas por la propia Auditoría Superior de la Federación.

Para el caso de Medina, por estar sujeto a proceso, el código priista señala que podría determinarse la suspensión temporal de sus derechos como militante.

El paso a paso

1. Determinar la procedencia de las denuncias.
2. Notificarles a los inculpados para que respondan a las imputaciones.
3. La Subcomisión de Derechos analizará las pruebas.
4. De estar fundadas, continuará el procedimiento y determinará si procede la sanción.
5. Una vez agotado el proceso, se emitirá un dictamen que será votado por la Comisión Nacional.
6. Se informará del resolutivo a la Secretaría de Organización para efectos del Registro Partidario.

Fuente: Reforma