Después de una accidentada ruta que atravesó descalificaciones políticas, diferendos legales sobre la temática, recriminaciones entre sus promotores y organizadores, así como jaloneos presupuestales, finalmente llegó el día y por primera vez en la historia en México se realiza hoy a nivel federal un ejercicio de democracia directa: la consulta popular sobre el desempeño de los actores políticos del pasado. Los ciudadanos decidirán sobre un asunto de interés nacional.
De acuerdo con el último corte del Instituto Nacional Electoral (INE), 93 millones 686 mil 877 ciudadanos podrán acudir a las 57 mil 87 mesas receptoras de votación (esta vez no habrá mesas especiales, por lo que se deberá asistir a la sección correspondiente) a pronunciarse sobre la compleja pregunta que diseñó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya redacción se ha convertido en un enigma jurídico y político. No hay claridad sobre el destino que se dará al resultado de este ejercicio y algunos ven su formulación final como un obstáculo para la participación ciudadana:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Promovida en su momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una fórmula de revisión del pasado, tuvo –de origen– una elaboración radicalmente diferente y dirigida sin ambages a sus antecesores: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”
Cuando envió la petición, López Obrador explicó las razones personales por las cuales se debía enjuiciar a sus antecesores, como parte de su visión crítica del periodo neoliberal al que considera la causa de la problemática social y económica que padece actualmente el país:
“Carlos Salinas de Gortari, impuesto por un fraude, profundizó la desigualdad en México y entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedente de bienes públicos; Ernesto Zedillo llevó hasta sus últimas consecuencias las políticas privatizadoras, entregando bienes nacionales, como los ferrocarriles, y adjudicó a los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos del rescate bancario de 1998.
Vicente Fox “intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral de 2006 para impedir su triunfo”; Calderón, por exacerbar la violencia y multiplicar las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas con su estrategia militar; desoyó las advertencias de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico y no hizo nada. En cuanto a Peña Nieto, resaltó la irrupción de grandes cantidades de dinero, producto de sobornos de Odebrecht en su campaña presidencial.
Su pretensión no prosperó. Con el argumento de inviabilidad jurídica, los ministros de la SCJN modificaron radicalmente la pregunta presidencial. Anularon cualquier vestigio de personalizarla y la remitieron al eufemismo genérico, “los actores políticos que actuaron en el pasado”, sin definición alguna del periodo involucrado. Por lo que ahora los especialistas se cuestionan: ¿qué tan pasado abarca el pasado a enjuiciar?
La coincidencia general sobre el sentido de la consulta estriba en que por primera vez los ciudadanos podrán decidir en torno a los temas de interés nacional.
Además, se le ve como un primer paso para hacer justicia a las víctimas en un país con una historia reciente tan violenta, según se planteó durante las jornadas nacionales de promoción de la consulta organizadas por el INE.
La Ley de Consulta Popular establece que el resultado de cada uno de estos ejercicios tendrá carácter vinculante sólo si se alcanza 40 por ciento de participación del listado nominal. Para que en esta ocasión así ocurra se requiere el sufragio de al menos de 37 millones 475 mil 551 ciudadanos.
Más allá de los desencuentros públicos entre el INE, la Presidencia de la República y Morena sobre los preparativos y promoción de este mecanismo, a partir de las 8 de la mañana se instalarán las mesas receptoras del voto. Serán apenas poco más de la tercera parte de las casillas que se colocaron el 6 de junio, lo cual estuvo condicionado –de acuerdo con el Instituto– por el presupuesto disponible para la consulta.
Sin recursos adicionales, el INE adecuó una logística de 104 mil casillas, a un costo de mil 499 millones de pesos (la empleada en las elecciones del 6 de junio), a otro escenario que tendría poco más de 90 mil mesas, con inversión de 890 millones de pesos.
Pero rechazadas sus peticiones por los tres poderes de la Unión (el Ejecutivo, sin autorizar una partida extraordinaria; el Congreso, que omitió una ampliación presupuestal y el Judicial, que rechazó una controversia), con 522 millones de pesos de ahorros institucionales, se instalarán las 57 mil casillas.
El micrositio ubicatumesa.ine.mx está disponible en el portal del INE para disipar dudas sobre dónde votar. Con la justificación de las restricciones presupuestales no se colocarán urnas especiales y sólo se podrá acudir a la sección correspondiente.
Desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas los ciudadanos podrán responder la pregunta en una papeleta que, aun cuando no está impresa en papel seguridad como las boletas electorales, sí contiene mecanismos de control suficientes.
Fuente: La Jornada
