Una ventana se abrió este martes para las madres de jóvenes desaparecidas o asesinadas en Ciudad Juárez, al iniciar el primer juicio oral contra presuntos integrantes de una presunta red de trata de personas en el estado.
Por Patricia Mayorga
Los imputados son: Manuel Vital Anguiano, José Gerardo Puentes Alba, Edgar Jesús Regalado Villa, César Félix Romero Esparza, Jesús Hernández Martínez y José Antonio Contreras Terrazas.
Los seis sujetos están acusados de trata de personas y homicidio agravado en razón del sexo. Las víctimas son: María Guadalupe Pérez Montes (desaparecida en 2009), Lizbeth Avilés García (2009), Perla Ivonne Aguirre González (2009), Idaly Juache Laguna (2010), Beatriz Alejandra Hernández Trejo (2010), Jessica Leticia Peña García (2010), Daisy Ramírez Muñoz (2010), Andrea Guerrero Venzor (2010), Mónica Liliana Delgado Castillo (2010), Jessica Terrazas Ortega (2010), Jazmín Salazar Ponce (2011) y otras más que aún se encuentran desaparecidas. Los restos óseos de la mayoría de las jóvenes fueron localizados en el Arroyo del Navajo.
Por varias semanas las familias de las víctimas se prepararon para hacer frente a la última etapa del proceso en el fuero común, ya que forman parte del grupo de 394 testigos que serán llamados a declarar durante el juicio que se estima durará más de un mes.
De acuerdo con Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, “los indicios los aportaron las mamás. Ellas acercaron y aportaron pruebas al juez, datos sobre testigos y demás evidencias (…) Esos indicios ya fueron aportados en la audiencia intermedia”.
Las madres de las víctimas, representadas por la Red Mesa de Mujeres se prepararon con sesiones de contención y aromaterapia, y el fin de semana pasado acudieron en familia al parque El Chamizal para relajarse.
Junto con la organización Justicia para Nuestras Hijas, que dirige Norma Ledezma Ortega, la Red Mesa de Mujeres es coadyuvante en el proceso penal.
“Aún faltan personas de ser procesadas, esto no se termina aquí. Es un paso importante en la lucha de acceso a la justicia, es un acercamiento a la justicia porque, por ejemplo, las mamás del caso del Campo Algodonero no tuvieron esta oportunidad, no hubo capacidad ni voluntad para investigar. La Red impulsó la jurisprudencia del Campo Algodonero que sirvió para que el juez aceptara dos expertas”, dice Marrufo sobre el juicio oral que inició a las 10 de la mañana de este martes.
La experta Martha Estela Pérez adelantó que aportaría como prueba el contexto de la ciudad, basada en la sentencia de Campo Algodonero para juzgar casos de feminicidio.
Otra experta que participa en el juicio es Andrea Medina Rosas, quien tiene vinculación con Ciudad Juárez en la investigación de feminicidios y fue una de las litigantes del caso Campo Algodonero para juzgar con perspectiva de género.
Marrufo precisa que durante la audiencia intermedia las madres de las víctimas participaron con su testimonio, pero como coadyuvantes consideran que hay elementos suficientes para continuar la investigación hasta sus últimas consecuencias y que ésta alcance a personas de más alta jerarquía.
No obstante, el fiscal especializado en delitos contra mujeres, Ernesto Jáuregui Venegas, asegura la red de tratantes estaba conformada únicamente por los imputados, quienes, añade, privaban de la libertad a las jóvenes con fines sexuales en la misma ciudad, ya que no las sacaban del estado.
La Red Mesa de Mujeres ha refutado ese argumento en diferentes foros y en instancias federales, como la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres y la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), entre otras.
Imelda Marrufo recuerda que las familias de mujeres desaparecidas o asesinadas han impulsado diferentes esfuerzos para obligar a las autoridades a localizar a sus hijas y dar con los culpables.
A partir de 2006 iniciaron su trabajo con subcomisiones de instancias federales y posteriormente en comisiones y mesas de revisión de expedientes, además de que han exigido políticas públicas sobre el tema.
“En ese mecanismo de revisión de casos vimos la minimización del contexto, porque pareciera que han ocurrido fuera del crimen organizado. Se quedan con lo mínimo de lo mínimo, sólo han aprehendido a enganchadores, por ejemplo”, refiere Marrufo.
En diversos foros, las familias afectadas han dicho a la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instancias de investigación que sólo se ha detenido a parte de los involucrados, es decir, a los de más bajo nivel de jerarquía vinculados a la trata de personas, y exigieron una investigación más profunda para dar con los responsables de mayor rango, dado que hay testimonios que vinculan a policías con esa actividad.
“Faltan detenciones de otra índole. Aunque la sentencia sea condenatoria, hay que recordar que la verdad jurídica no es la verdad histórica”, apunta Marrufo.
Otros implicados
Además de los seis imputados en la causa penal, también están vinculados a proceso Camilo del Real Buendía, Víctor Chavira García, César Félix Romero Esparza, José Antonio Contreras, Eduardo Sánchez Hermosillo, Humberto Gerardo Páez Carreón y un menor de edad.
La investigación sobre las jóvenes desaparecidas dio luces después de que Adrián Arturo Roldán, El Miguelito, aprehendido en 2013 por vender droga en el centro y posteriormente ultimado en un enfrentamiento contra agentes municipales, dio información sobre la banda tratante de personas.
La Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Razones de Género acusó a los implicados de homicidio y trata de personas por prostituir y obligar a las jóvenes a vender droga, luego de ofrecerles empleos en diferentes negocios para engancharlas.
Entre otros implicados en el caso está Esperanza Castillo Saldaña, detenida con otros dos hombres y vinculados a proceso por matar a policías federales afuera del hotel Verde, donde supuestamente se prostituía a las víctimas, según testigos protegidos.
Esperanza era la recepcionista y administraba el dinero en dicho hotel, y era quien manejaba a las jóvenes dentro del inmueble.
Otros cómplices de la red son Raquel Venegas Treviño, prófuga de la justicia, y Margarito Daniel Landeros, uno de los supuestos dueños del hotel Verde detenido en Veracruz por delincuencia organizada, quien obtuvo su libertad después de pagar una fianza.
Para las coadyuvantes del caso, la investigación no puede concluir con los ahora imputados, es necesario, dicen, indagar a agentes municipales y federales, así como a sus jefes y autoridades aduanales, puesto que hay indicios de que pasaron a algunas jóvenes a Estados Unidos.
De acuerdo con la causa penal 1268/2013, de la que se desprende el juicio oral que inició este martes, la testigo KDM trabajaba en una tienda de abarrotes, cerca del hotel Verde. Según su declaración, “Gerardo” la subió por la fuerza en una camioneta blanca y la violó. Después le exigió que llamara a su familia para decirle que estaba bien, pues de lo contrario le haría daño a su hija.
Aparentemente KDM andaba libre en la calle, pero en realidad vivía amenazada. Ella declaró que del hotel Verde entraban y salían policías de diferentes corporaciones.
Testimonio
Una joven a quien la Fiscalía tiene resguardada como testigo protegido declaró que la red de trata en Ciudad Juárez la enganchó cuando tenía 16 años.
Luego de huir de sus captores y explotadores relató que se fue de su casa siendo menor de edad, porque su mamá la corrió por una discusión y se fue a buscar a sus amigas.
“En una parada de ruta industrial pasó una señora que trabajaba con mi hermana como prostituta. A esa señora la conocía como Julia, Alicia o Pamela, y me preguntó por mi hermana. Le dije que estaba en la casa. Me preguntó por qué estaba triste y yo le dije que porque mi mamá me había corrido de la casa, por lo que Julia me ofreció que fuera a su casa, que ella me iba a dar escuela mientras que a mi mamá se le quitaba el enojo”, relató la joven ante el Ministerio Público.
La mujer, dijo, le ofreció techo y comida, pero luego de dos semanas, le cobro: “Me dijo que (yo) iba a trabajar en lo (mismo) que mi hermana trabajaba.
“Yo le dije que no quería trabajar en eso y que mejor me iba a ir, y le di las gracias por el tempo que se molestó. Me dijo que no me iba a ir. Posteriormente hizo una llamada y a la persona que le contestó le dijo que ya tenía que ponerme a trabajar para que le pagara todos los días que me había dado de comer. Y le dije que me dejara ir, que yo le iba a pagar, pero me dijo que no”.
En ese momento apareció un hombre apodado Zeta Uno y le advirtió que ya estaba dentro del negocio y si se salía él tomaría venganza contra su madre o sus hermanos.
“El jueves (Julia) me dijo que me metiera a bañar, me dio ropa, después me pintó la cara y yo lloraba, me dio una cachetada porque se me corría el rimel…ahí tenía varias muchachas, éramos cinco… Le marcó al chofer, quien llamaba con el nombre de Felipe, que tenía un carro dorado. Llegó por nosotras y nos llevó al hotel Las Palmas. Julia nos dijo que nos bajáramos, entramos al hotel, cerró la puerta. Y ahí estaba un señor que le preguntó si éramos mayores de edad y le dijo que sí”, continúa el relato publicado en la revista Proceso 1939.
Ese señor eligió a la testigo y le pagó 350 pesos a Julia. La joven le pidió ayuda, le contó lo que sucedía. Él le preguntó si era menor de edad y ella reconoció que sí. El cliente le reclamó a Julia su dinero.
“Julia se enojó y me subió al carro. Me dijo que si me acordaba de Zeta Uno, y en eso le marcó y le dijo: ‘esta niña se peinetió’. Y lo puso en altavoz. El Zeta Uno le dijo: ‘tráigamela, aquí estoy en El Afro’. Y le dijo a un señor que estaba ahí que iba a buscar al Zeta Uno”.
Luego de describir el lugar, la joven precisó que el Zeta Uno la sentó junto a ella, mientras que del otro lado había otra muchacha que tenía una expresión triste, a quien presentó como su novia.
Luego el Zeta Uno las llevó hacia afuera, cruzaron la calle. Ahí había un centro comercial y en éste se encontraba estacionada una Van verde que los esperaba.
“Se agacho (Zeta Uno) y sacó una pistola. Me apuntó poniéndomela en la frente y me dijo que era la última vez y que la próxima me iba a matar. También me dijo que si yo pensaba que él no hacía nada y que si yo no veía las noticias, porque él tenía comprados a los policías municipales y tránsitos. Y que él metía a menores al Cereso para prostituirlas. Entonces yo me solté llorando y él le dijo a Alicia: ‘llévatela’. Alicia le marcó a Felipe para que acercara el carro para subirme”, se lee en el expediente que tiene la fiscalía y el juez.
La testigo estuvo privada en contra de su libertad seis meses, lapso en el que la obligaron a prostituirse en hoteles y casas particulares. Declaró que cuando llegaba a ver al Zeta Uno era cuando Julia le entregaba dinero, y lo llegó a ver con su novia y con otra más.
La testigo se escapó un día que llegaron a la casa de Alicia junto con otras jóvenes. “Al llegar Alicia nos bajó rápido del carro porque ya se hacía del baño. Entramos a la casa, pero a ella se le olvidó cerrar la puerta y Felipe ya se había ido. Fue cuando aproveché y me salí. Y me fui corriendo varias cuadras, me encontré un camión especial y le pedí ayuda al chofer del camión, le explique que me había escapado porque me habían encerrado”.
La testigo marcó al 060 y contó lo que había sucedido. Dijo que a los policías les mostró un periódico vespertino para indicarles que ahí anunciaban a las prostitutas. Llevó a los agentes a la casa de Alicia y la detuvieron junto con su esposo. El celular de ella sonó cuando llamó el Zeta Uno y así lograron detenerlo.
Por las fotografías que le presentaron, la testigo reconoció a Jessica Leticia Peña García como la muchacha triste que estaba en El Afro sentada junto al Zeta Uno y a quien presentó como su novia. La primera vez que la vio fue en julio del 2011 y luego los siguientes meses, hasta diciembre del 2011. Los restos de Jessica los entregaron equivocados a otra familia y viceversa, por lo que actualmente hay un proceso penal en contra de empleados de la funeraria que supuestamente los confundieron.
La testigo también identificó a Daisy Ramírez Muñoz, a quien vio en algunas ocasiones en la camioneta del Zeta Uno. Su cuerpo fue localizado el año pasado en el Valle de Juárez.
A Idalí Juache Laguna la ubicó como la joven que a veces estaba con el Zeta Uno e iba aparte de las demás. “Siempre iba adelante con él”, dijo, e indicó que se veía triste y no hablaba. La vio por primera vez en julio de 2011 y hasta enero de 2012. A la mamá de Idalí le entregaron el año pasado un cráneo que presuntamente es de su hija, pero ella no ha aceptado los restos hasta asegurar que los exámenes periciales sean realizados por las expertas antropólogas argentinas, porque no cree en las autoridades estatales.
La joven que declaró bajo el anonimato estuvo privada de su libertad de julio de 2011 a enero de 2012. Su hermana, según dijo, conoció al Zeta Uno de 2007 a 2011. “Cuando Alicia me tenía, yo escuche que él quería encontrar a mi hermana para matarla, porque sabía muchas cosas de él. Y mi hermana sí se fue un tiempo de Juárez con un federal”.
Fuente: Proceso
