Por Luis Javier Valero Flores
Las conductas contradictorias de los partidos políticos, especialmente los firmantes del Pacto por México, alrededor de los asuntos más importantes para el país, reflejan el profundo pragmatismo con el que actúan, cuyo fin, de ninguna manera, tiene que ver con los reclamos ciudadanos. Si tal conducta es extremadamente riesgosa para la salud pública, en lo referente a la seguridad pública adquiere ribetes de verdadera catástrofe societaria.
Durante largos meses, los de la campaña electoral y los posteriores, tanto los nuevos gobernantes, del PRI, como el resto de las dirigencias partidarias deploraron acremente la existencia de la figura del arraigo; especialmente ácido resultó ser, en este tema, el nuevo Procurador General, Jesús Murillo Karam. No menores fueron las posturas del PRD y del PAN.
El lunes, en la Cámara de Diputados, las bancadas de estos 3 partidos aprobaron, solamente, una rebaja de los días del arraigo a que podría someterse a una persona; pero el mismo día, todos los diputados locales del DF aprobaron la desaparición de tal figura en la legislación de la capital de la república ¿Y entonces?
Una mayoría de diputados federales, del PRI, PAN y PRD, aprobó reformar el artículo 16 constitucional para reducir la temporalidad de la figura del arraigo de 40 a 20 días y, en caso de que sea solicitada una ampliación, de 20 a 15 días, para lo cual será necesario que se trate de delitos relacionados con el crimen organizado, el terrorismo, el acopio y tráfico de armas, la pornografía y el turismo sexual.
Tal reforma se realizó a pesar de los exhortos efectuados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esa oficina enunció los requisitos que debieran cumplirse para el arresto de las personas: “(Que) deberán ser informadas, en el momento de su detención, de las razones de la misma; en segundo lugar, se les notificará sin demora las acusaciones formuladas contra él o ella”, y no dar origen a las detenciones arbitrarias.
El colmo fue que la bancada del PRD desechó su propia iniciativa para suprimir ese mecanismo de la Constitución, y respaldó que se mantenga su aplicación. La representación en México del Alto Comisionado de la ONU solicitó a los diputados asumir el contenido sustantivo de los reiterados posicionamientos citados (de numerosos organismos derechohumanistas que han deplorado la existencia de tales ordenamientos) “y llegue, como sana conclusión, a la derogatoria absoluta del arraigo y restrinja además cualquier otra figura que implique la privación de la libertad”.
En tanto, en el DF, la reforma aprobada establece la “detención con control judicial” y se reduce el número de días en los que una persona puede estar en una situación de apresamiento, con un máximo de cinco días, que podría alargarse por otros cinco más.
Tales reformas tienen como fondo el evidente fracaso de la política que en esta materia siguió la administración federal de Felipe Calderón, a la cual le dieron seguimiento hasta gobernantes reputados como democráticos, como el del DF, Marcelo Ebrard, y en la cual ocuparon parte central, por una parte, las detenciones arbitrarias e ilegales, denominadas arraigo, y por la otra el programa de testigos protegidos, puesto en evidencia mayor con la liberación del Gral. Tomás Angeles, por orden judicial, ante la postura de la PGR de aceptar que no tenía más evidencias que las declaraciones de un testigo protegido, por pura coincidencia en manos de las agencias norteamericanas de seguridad, cosa que se repitió a lo largo del sexenio anterior, y que alcanzó proporciones de verdadero escándalo con los episodios conocidos públicamente como el michoacanazo, la Operación Limpieza, las acusaciones contra tres ex gobernadores de Tamaulipas y contra varios generales.
Si bien las preocupaciones mayores son las del respeto a la legalidad vigente, que incluyen la defensa de los derechos humanos de cualquier persona, en el fondo la principal preocupación la constituye que tales figuras fueron usadas -seguramente concebidas estrictamente para edulcorar la situación y llevar a que la percepción ciudadana mejorara respecto de la seguridad pública- solo como un instrumento para obtener la ratificación electoral.
Ahora el problema es mayor. Si los críticos de ayer, en la campaña, deciden no desaparecerlas, en medio de una tormenta homicida de magnitudes semejantes a la del pasado sexenio, el mensaje que nos envían es que las pueden usar igual que sus antecesores.
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