Siete de cada diez ciudadanos califican de negativa la situación económica y 60 por ciento ya no cree el argumento oficial de culpar de todo lo que sucede al gobierno anterior con lo que llamaba la “pesada herencia”.
El ejecutivo intentó impedir que se declarara la emergencia social, y ahora una mayoría rechazó el proyecto oficial en torno al impuesto a las ganancias de los trabajadores que, según Macri, iba a desaparecer durante su gobierno.
El mandatario es acorralado por una seria crisis de credibilidad cuando importantes políticos opositores incluso denuncian las presiones y “chantajes” contra los gobernadores provinciales amenazados con la retención de recursos económicos obligatorios e indispensables para que ordenen a sus senadores votar contra el proyecto de ley sobre impuesto a las ganancias consensuado por los opositores en su conjunto.
Los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) unificada advirtieron ahora que van a ir al Senado a fijar su posición, esta semana para que “se apruebe” lo que votaron los diputados.
La cúpula de la CGT advirtió sobre la presión que ejerce el gobierno sobre los gobernadores para frenar la iniciativa, después que el gobierno recurrió a insultar a dirigentes como Sergio Massa del Frente Renovador y otros, que lo acompañaron en decisiones tan graves como el pago a los Fondos Buitres, o el endeudamiento del país que en un año supera los 50 mil millones de dólares.
Los funcionarios de Macri hablan de la posibilidad de un veto, ante lo cual la CGT advirtió que “no va a caer bien en los trabajadores”, pues recordaron que el presidente asumió el compromiso de que bajo su gobierno no se pagaría más el impuesto a las ganancias. “Macri defraudó” a la gente, señala la CGT.
Se reclama por la disminución de impuestos a sectores como la minería, el juego, las patronales del campo, que suman millones de dólares de pérdidas, que se intenta obtener de los trabajadores, cuyos salarios disminuyen cada día ante la creciente inflación. Fue determinante la decisión del Poder Ejecutivo de no permitir ningún avance en ninguna negociación, y en esto también se tienen que hacer cargo”, indicó el sindicalista, y diputado del Frente Renovador. Héctor Daer.
Incluso medios como la Nación y Clarín que han defendido todas las medidas y silenciado toda demanda justa de la población que pudiera ser negativa para Macri, están apuntando a los graves “errores” del gobierno.
A esto se agrega un fin de año con 300 mil desocupados, que estaban legalizados, y unos 200 mil que estaban sin regularizar, lo que suma medio millón de despedidos, aumentando visiblemente la pobreza y la indigencia, que sólo en un año dejó fuera del sistema a más de dos millones de familias y aumentó el número de indigentes a una cifra similar.
Una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), para Página 12 señala que a un año de la sunción de Macri 70 por ciento de la población considera que el mandatario no cumple sus promesas electorales.
“La principal fortaleza del presidente está en las expectativas, es decir, la existencia de una proporción de ciudadanos que piensa que las cosas van a mejorar, que hay que tener paciencia. Sin embargo, también esa expectativa está en descenso y se llega a un fin de año de mal humor social, con una franja mayoritaria muy preocupada.
Derechos Humanos
Durante la Jornada nacional de Lucha por los Derechos Humanos que comenzó este sábado con una marcha en Plaza de Mayo., que se replicó en las capitales de varias provincias y en ciudades importantes se leyó una carta de la dirigente social y diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur) Milgaro Sala.
“Se cumple un año más de la vuelta de la democracia y el Día internacional de los Derechos Humanos, y pensar que en Jujuy no se siente la democracia ni menos la vigencia de los derechos humanos”, escribió desde la celda en que se encuentra desde enero pasado Sala, quien se ha convertido en un serio problema, para el gobierno de Macri que no ha hecho nada por responder a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y una cantidad de organismos internacionales, gobiernos y parlamentos que exigen la libertad de la activista del Frente Tupac Amaru.
Más grave aún, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de la Unión Cívica radical aliada del macrismo se burló este sábado de esos organismos al festejar” por la paz “de un año de su gobierno, cuando él promovió personalmente la detención de Sala, quien convocó “a todos los militantes populares, sobre todo a los jóvenes, para defender la democracia que costó más de 30 mil compañeros desaparecidos”.
El gobernador respondió a los reclamos internacionales que “formamos parte de un sistema internacional pero también tenemos el derecho de no compartir visiones” y calificó como”opiniones” los argumentos de de la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En un texto consensuado por los organismos y leído en uno de los tramos de la movilización reivindica la lucha de los 30 mil desaparecidos, reclama la continuidad de los juicios por el terrorismo de Estado y critica “la banalización de la memoria”. Denuncia la existencia de presos políticos, el “negacionismo” de varios funcionarios del gobierno y advirten que seguirán resistiendo y defendiendo lo que “hemos logrado en políticas de Memoria, Verdad y Justicia que fueron reconocidas desde el Estado por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”.
Los organismos criticaron “el agravamiento de la situación de los derechos humanos” durante este período y “la vulneración de los derechos sociales, económicos y culturales de nuestro pueblo”.
Advirtieron sobre los obstáculos puestos a las investigaciones para avanzar en la verdad y el juzgamiento de delitos de lesa humanidad”, particularmente contra los responsables civiles de la dictadura.
Fuente: La Jornada
