Las principales avenidas de Buenos Aires estaban prácticamente desiertas el martes, al igual que las estaciones de metro y trenes, mientras los vuelos nacionales e internacionales fueron cancelados por una huelga general en protesta por los impuestos sobre los salarios y la elevada inflación.
Este el cuarto paro general que enfrenta la presidenta Cristina Fernández, convocado por algunos de los sindicatos más poderosos del país que también buscan hacer una demostración de fuerza ante los candidatos que aspiran a sucederla en las elecciones de octubre.
La protesta de 24 horas es liderada por la Unión Tranviarios Automotor que representa a los choferes de autobuses de corta y media distancia, junto a los gremios de camioneros, ferroviarios, aeronáuticos, el metro y portuarios. También adhieren bancarios y trabajadores enrolados en el ala más crítica de la Confederación General del Trabajo como gastronómicos, judiciales, personal de estaciones de servicio y un sector de los empleados públicos.
En los hospitales sólo funcionan las guardias y algunos gremios de maestros también adhirieron a la huelga. La medida de protesta también se sentía con fuerza en las principales ciudades del interior del país.
Dentro de la corriente sindical afín al gobierno, el sindicato de metalúrgicos declaró la “libertad de acción” a sus afiliados.
“Maldito impuesto al trabajo”, decía un cartel pegado en la cabina de un metro detenido en una de las estaciones por la que habitualmente circulan miles de personas pero que el martes era recorrida sólo por periodistas que cubrían la huelga.
También desierto estaba el aeropuerto metropolitano debido a la cancelación de los vuelos de cabotaje. La medida de fuerza también afectó a muchos vuelos internacionales que fueron desviados a Montevideo, Uruguay.
Unos 800 pasajeros de compañías aéreas regionales no pudieron trasladarse el martes desde Asunción hasta la capital argentina debido al paro.
Rubén Aguilar, administrador del aeropuerto internacional de la capital paraguaya, dijo a The Associated Press que aviones de las empresas LAN, Aerolíneas Argentinas y Tam “están haciendo gestiones para redireccionar a sus pasajeros hacia otros destinos”.
La falta de transporte público, sumada al bloqueo de los principales accesos a la capital argentina por parte de militantes de partidos de izquierda, afectó al resto de las actividades, incluso aquellas enroladas en sindicatos que no adhirieron a la huelga como el de los trabajadores de la construcción.
“El impacto es completo”, afirmó Roberto Fernández, líder la Unión Tranviarios Automotor, en diálogo con radio Mitre. “Pero para nosotros no es ninguna alegría esto, acá el que pierde es el país. Lamentablemente el gobierno se niega a razonar y sentarse en una mesa para discutir y buscar un buen camino para todos. Y debido a eso se sucedió esto”.
Los huelguistas reclaman al gobierno que eleve el piso salarial a partir del cual un trabajador debe tributar ganancias. En la actualidad está fijado a partir de los 15.000 pesos (unos 1.700 dólares) al mes, lo que afecta al 10% de los trabajadores en blanco, según el gobierno.
Los gremios aducen que ese impuesto es confiscatorio y que reduce todavía más al poder adquisitivo de los trabajadores ya afectado por una inflación que en 2014 rondó el 35%.
Hasta el momento sólo se produjeron incidentes aislados entre taxistas y militantes que interrumpían la circulación en una avenida.
El gobierno cree que la huelga tiene móviles políticos a siete meses de las elecciones presidenciales y ha descartado por ahora un cambio en el esquema del impuesto a las ganancias.
“Están parando por defender los sueldos altos”, dijo el jefe de gabinete de ministros Aníbal Fernández en rueda de prensa.
El jefe de gabinete dijo que este impuesto “lo que hace de alguna manera es transferir los ingresos del decil más alto de todos, en el cual están los que ganan un buen dinero, hacia los otros que reciben un beneficio en términos solidarios de la seguridad social”.
La presidenta Fernández podría referirse a la huelga en un acto que encabezará desde las 2100 GMT.
Según Patricio Giusto, director del instituto de investigaciones Diagnóstico Político, más que una forma de presionar a un gobierno saliente la medida de fuerza es una señal para el que surja de las elecciones de octubre.
“Gane quien gane, el próximo presidente tendrá que ocuparse de esta situación”, dijo Giusto. “Es inevitable si no quiere tener conflictos” con un gran sector de la población.
Fuente: AP
