El empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz, quien en 2004 puso en jaque a Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con los llamados videoescándalos, no será extraditado a México donde está acusado de defraudación fiscal por 1 millón 647 mil 236 pesos, reporta la agencia de noticias de Proceso.
El lunes 10 de agosto, un juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 9 de Buenos Aires, Argentina, rechazó la solicitud hecha en 2017 por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, pese a la existencia de una orden de aprehensión girada en su contra en México.
De acuerdo con la resolución del Poder Judicial de la Nación, signada en el expediente CFP18113/2018/3, el proceso de extradición “ha quedado huérfano de impulso” por los planteamientos formulados por el abogado Santiago Rozas Garay, respecto a la inexistencia de la conducta engañosa o dolosa por parte de Ahumada respecto a sus obligaciones fiscales en México.
“Por último y como corolario del temperamento precedentemente indicado habré de rechazar el pedido de extradición formulado por las autoridades judiciales mexicanas, respecto a Ahumada Kurtz. Resuelvo: I) Hacer lugar a pedido de excepción de falta de acción planteada por Santiago Rozas Garay. II) Rechazar el pedido de extradición formulado por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, respecto a Carlos Ahumada Kurtz. Notifíquese a las partes mediante cédula electrónica”, se señaló en la resolución compartida en redes sociales.
“Así es, se cancela la posibilidad de ser extraditado a México, mas no se cancela el ridículo proceso judicial que están siguiendo en México desde el juez 12 de procesos federales, concretamente el licenciado Guillermo Francisco Urbina Ranus, quien insiste en no declararse incompetente”, señaló Ahumada Kurtz en una entrevista radiofónica.
Ahí, el argentino aprovechó el espacio para pedirle al presidente López Obrador, “en carácter de súplica” que se revisen los casos contra él y su esposa Cecilia Gurza González, acusada de defraudación fiscal en 2011. “No pido un trato preferencial. Como dice el señor presidente: ‘amor y paz’, es lo único que quiero pedir, que nos dejen vivir en paz”, señaló.
Fuente: Apro
