La presidencia de la República argelina anunció el miércoles por la tarde que “suspendía de inmediato el tratado de amistad y cooperación” concluido con España el 8 de octubre de 2002. Argel agrava así la crisis con España, que empezó el 19 de marzo, justo después de que se hiciese pública parte de la carta que el presidente Pedro Sánchez envió al rey Mohamed VI alineándose con Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental.
De inmediato, la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros (ABEF) de Argelia ordenó hoy la congelación de las domiciliaciones bancarias relacionadas con las operaciones de comercio exterior de productos y servicios desde y hacia España, según una circular recibida por Efe.
La decisión, que entrará en vigor a partir de este jueves, se debe a la suspensión “inmediata” y unilateral del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación anunciado hoy por Argelia, explicó la circular de la ABEF, que pidió su aplicación “estricta”.
Argel sopesaba esta decisión desde hace semanas, pero la tomó el mismo miércoles por la mañana después de escuchar la comparecencia de Sánchez en el Congreso y la del portavoz del PSOE, Hector Gómez. El primero ignoró a Argelia en su intervención dedicada a explicar la nueva era que se abre con Marruecos -no la mencionó ni una sola vez- y el segundo llegó a afirmar desde la tribuna de oradores que España sigue manteniendo una “relación estrecha”, una “relación extraordinaria” con su vecino argelino.
“La declaración de Pedro Sánchez de hoy ha sido la gota que ha colmado el vaso”, afirmó desde Argel una fuente diplomática de alto nivel. “Se jactó además de haber vendido el Sáhara Occidental al ocupante marroquí”, añadió. “La España de Pedro Sánchez ya no es un socio creíble para Argelia”, advirtió. “Otras medidas podrían seguir a corto plazo”, concluyó, pero sin especificar cuáles.
La decisión anunciada el miércoles es ante todo simbólica y tiene poco alcance práctico, ya que los contactos políticos y diplomáticos entre ambos países están interrumpidos desde marzo pasado. No hay visitas ministeriales ni tampoco los ministros se hablan por teléfono porque los argelinos se niegan a ello.
El comunicado de la presidencia de la República argumenta su decisión afirmando que “las autoridades españolas están embarcadas en una campaña para justificar la posición que han adoptado sobre el Sáhara Occidental, violando sus obligaciones legales, morales y políticas como potencia administradora del territorio, que incumben al Reino de España hasta que se declare su descolonización” por las Naciones Unidas.
La diplomacia española niega que España sea la potencia administradora aunque así lo afirmara Hans Corell, jefe de la asesoría jurídica de la ONU, en un dictamen que le fue solicitado en 2002. ENAIRE, una empresa pública española, sigue, por ejemplo, gestionando el espacio aéreo del Sáhara Occidental.
Fuente: El Confidencial/ EFE
