La Cámara de Diputados, con el voto de Morena y sus aliados, aprobó esta madrugada, la ley de juicio político y declaración de procedencia, que incluye la regulación para determinar si procede actuar penalmente contra el Presidente, pero que incluye candados para evitar una destitución automática del mandatario.
Durante más siete horas, el pleno de la cámara desahogó y aprobó con 266 votos en favor y 205 en contra, una iniciativa de Morena -que copió de un dictamen aprobado la legislatura anterior- y la mayoría solo aceptó tres reservas para precisar el proceso político contra un Presidente en funciones.
Se incluyó en la ley respetar el principio de presunción de inocencia, que las sesiones donde se aborde una acusación ministerial contra el Presidente sean presenciales y que la decisión del Senado, erigido en Jurado de Sentencia, sea por el voto de las dos terceras partes presentes en la sesión respectiva.
Antes, en la iniciativa a la cual se le dispensaron todos los trámites legislativos, Morena cambió la redacción avalada en agosto en comisiones, para acotar que, si el Senado determina la responsabilidad del Presidente, la decisión no sea la destitución del cargo, “sino resolver en términos de la legislación penal aplicable”.
Aunque la oposición votó en contra, esta madrugada logramos aprobar las reglas para evitar que los corruptos se escondan en sus cargos para lograr impunidad.
Ellos dicen: “si tocan a uno, nos tocan a todos”, y es cierto, cuando cae uno: tiemblan todos los que lo protegen. pic.twitter.com/9pHfMet6X3
— Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) September 2, 2021
Para la oposición, los cambios a la redacción constituyen un blindaje e impedirán, en contra del discurso, que un Presidente durante su encargo pueda ser sancionado.
Desde la bancada panista se acusó, por ejemplo, que el mayor impedimento para juzgar a un mandatario es la obligación para que el Jurado de Sentencia resuelva por mayoría calificada.
No obstante, Leonel Godoy Rangel (Morena) acotó que esta decisión se toma en términos de lo que prevé el artículo 110 de la Constitución, espero de que la Cámara de Diputados primero resolverá por mayoría absoluta y presentará la acusación respectiva ante el Senado, que a su vez “aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión”.
El ex gobernador de Michoacán agregó: “No es un trato privilegiado al Presidente, es lo que dispone la Constitución, que el Congreso de la Unión aprobó… En estos tiempos tan difíciles, donde está claro que el principal cáncer de México es la corrupción, combatir la impunidad es fundamental y esta iniciativa busca ese propósito”.
El panista Elías Lixa insistió que la redacción del artículo 42 de la nueva ley “le da no solo un régimen especial al Presidente, sino modificaron su propio texto para quitar que lo que procede es la separación del cargo, para poner una figura ambigua sobre la legislación penal aplicable. Desde luego que es un régimen de excepción. Y esa es la parte que no acompañamos”.
A su vez, el priísta Eduardo Zarzosa alertó que la ley podría ser utilizada para perseguir a consejeros electorales o magistrados , al incluir que “cualquier ciudadano bajo su estricta responsabilidad”, pueda interponer una solicitud de juicio político en su contra.
“Esta ley puede ser utilizada para amenazar y perseguir a quienes piensan distinto al actual régimen, por qué no decirlo, a los titulares de los órganos autónomos. Vaya, como si no tuviéramos suficiente con lo que pasa todos los días en las mañaneras”, expresó.
Fuente: La Jornada
