Con reproches y críticas por no modificar el fuero al presidente de la República para ser enjuiciado por casos de conflicto de interés, cohecho y abuso de facultades, el Senado aprobó, en lo general, por 97 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, las modificaciones a 14 artículos constitucionales que crean el Sistema Nacional Anticorrupción.
Este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción le otorga más facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar el gasto público; crea una Fiscalía Especial Anticorrupción; convierte al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (TJFA) en Tribunal Especial para casos de corrupción con una Sala Superior de 16 magistrados, designados todos por el presidente de la República y ratificados por el Senado.
Además, ratifica las funciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La nueva burocracia creada por el Sistema Nacional Anticorrupción incluye un Comité Coordinador integrado por el titular de la ASF, el fiscal anticorrupción de la PGR, el presidente del TJFA, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco “destacados” especialistas en temas como rendición de cuentas.
La aprobación en el Senado –con la mayoría de votos de PRI, Verde, PRD y PAN– se realizó bajo la presión también de las ONG que participaron en la elaboración de este dictamen, las cuales solicitaron a los legisladores votar a favor de la minuta proveniente de la Cámara de Diputados.
Entre estas organizaciones se encuentran la Red por la Rendición de Cuentas, Transparencia Mexicana, México Evalúa, Mexicanos Primero y el Instituto Mexicano de la Competitividad.
En los posicionamientos a favor de la reforma, los legisladores priistas Enrique Burgos, de la Comisión de Puntos Constitucionales; Cristina Díaz, de Gobernación, así como el Verde Pablo Escudero, de la Comisión Anticorrupción, y Alejandro Encinas, de Estudios Legislativos Segunda, argumentaron a favor de las reformas, aunque admitieron que aún son incompletas para combatir la corrupción.
En principio, el senador Manuel Bartlett, del PT, criticó la minuta porque no analiza el origen de la corrupción “ni actuará en contra del presidente de la República” y tampoco regulará el poder de las empresas trasnacionales, entre otros puntos.
Irónico, Bartlett calificó el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción como un “demiurgo” que no ayudará “porque la voluntad política no se legisla”.
Luego afirmó que los recientes escándalos de corrupción en el entorno de Peña Nieto se hubieran evitado y sancionado con los instrumentos jurídicos ya existentes.
A nombre del PRD, el senador Armando Ríos Pitter consideró que en un año el nuevo sistema podría dar resultados, siempre y cuando “se quite el fuero para legisladores, presidentes municipales y presidente de la República”.
Dolores Padierna, del mismo partido, criticó las limitaciones de la reforma porque la ASF no fiscalizará “en tiempo real”, sino que sólo lo hará para preparar las auditorías. “Hay grandes vacíos” y “una gran dependencia hacia el Ejecutivo federal”, acusó.
No obstante, admitió la legisladora perredista, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción es un avance, pero “en sólo 5 centímetros de los 5 kilómetros que son necesario recorrer”.
El senador del PAN, Javier Corral, advirtió que sólo son reformas en el ámbito administrativo, no en el penal. Al insistir en la necesidad de reformar el artículo 108 constitucional, Corral calificó de “incomprensible, inadmisible y, por lo tanto, deplorable que no abarque al presidente de la República”.
Corral, junto con otros legisladores de su partido como Roberto Gil Zuarth o Ernesto Cordero, presentó reservas para reformar el 108 constitucional para que el presidente de la República pueda ser juzgado por conflicto de interés, cohecho, abuso de facultades y funciones.
En respuesta a las múltiples críticas y reservas sobre el artículo 108 constitucional, el senador del PRI, Omar Fayad, afirmó que la demanda de quitarle fuero al presidente de la República es “populista”, y recordó que el fuero “no es un pasaporte de impunidad para nadie, menos para el presidente. No nació así. Nació para proteger a los políticos de sus opiniones”.
Por su parte, el senador del PRD Mario Delgado insistió en que “si el presidente de la República no puede ser juzgado por corrupción, nada va a cambiar”.
A lo largo del debate se mencionaron ampliamente los casos de la Casa Blanca de Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera; las mansiones de Luis Videgaray, titular de Hacienda; de Miguel Angel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y hasta el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NACM).
Fuente: Apro
