Después de casi dos años, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero del Presidente de la República y permite que se le pueda juzgar no sólo por traición a la patria, sino también por delitos de corrupción, electorales y todos los demás ilícitos, como cualquier ciudadano.
La minuta aprobada con 89 votos a favor y 23 en contra fue turnada a los congresos de los estados para continuar con el proceso del Constituyente.
Se acabó la impunidad, los privilegios que por décadas permitieron a los presidentes de la república en turno cometer todo tipo de corruptelas, actuar como rufianes, como lo hicieron Enrique Peña Neto, Felipe Calderón y Vicente Fox, advirtieron senadores de Morena,mientras que la oposición insistió, sobre todo el PAN, en trata de bloquear el dictamen, que por tercera vez se discutió en el Senado de la República.
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador fue presentada por primera vez,en diciembre del 2018 a a a la Cámara de Diputados, que la aprobó los términos que el Ejecutivo federal la había enviado, para modificar el artículo 108 Constitucional y 111 constitucionales.
Establecía que el Presidente de la República puede ser juzgado por traición a la patria, pero también por corrupción, delitos electorales y otros ilicitos graves. Sin embargo, la oposición en el Senado propuso modificar la minuta y añadir que también los diputados fueran juzgados por los mismos delitos, lo que en realidad no sólo no les quitaba el fuero a los legisladores.
✅ Con 89 votos a favor y 23 en contra, se aprueba el dictamen de reforma constitucional en materia de fuero presidencial. pic.twitter.com/52QbnPc8Ok
— Senado de México (@senadomexicano) November 26, 2020
La minuta se aprobó con ese cambio y se regresó a diputados, quienes lo rechazaron. “Pablo Gómez resaltó que cómo iban a pasar como la legislatura que no sólo no les quito el fuero a los legisladores, sino que hasta impunidad les dió”. Como no se lograba destrabar la minuta, López Obrador mandó una nueva iniciativa a la Cámara de Diputados, en febrero de este año, en la que propuso otra redacción al Artículo 108 Constitucional: “Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”.
La Cámara la aprobó el primero de septiembre pasado y la turno al día siguiente al Senado, pero a propuesta de la senadora del PT, Nancy de la Sierra, se volvió a modificar y así se aprobó en la Comisión que encabeza el morenista Cristóbal Arias.
Durante varios días, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal negoció con la oposición, a la que ofreció presentar y aprobar una iniciativa para eliminar por separado, el fuero de los legisladores. Fue necesario votar en contra el dictamen y aprobar luego un voto particular del Morenista Alejandro Peña, para regresar a los términos de la minuta que remitieron los diputados.
Aún con el aval de todos los coordinadores, los panistas Damián Zepeda, Julén Rementería y Xochítl Gálvez, argumentaron en contra y sostuvieron que en realidad no se quita el fuero al presidente, ya que para ser juzgado, el Senado debe decidirlo, antes de pasar el caso a las autoridades judiciales.
“Que los intereses partidistas y electorales no impidan que se apruebe esta reforma trascendental”, recalcó el senador morenista Héctor Vasconcelos, mientras que su compañero de bancada, Martí Batres resaltó que ahora el presidente de la república podrá ser juzgado por todo tipo de delitos, incluídos los 200 que obran en en el Código Penal Federal”.
Recordó que en la Constitutición de 1917 se eliminó el delito de cohecho y soborno, además de delitos electorales, que estaba en la de 1957 y el ejecutivo sólo podía ser enjuiciado por traición a la patria,
El senador Peña hizo notar que con la reforma aprobada se acaban los privilegios para el Presidente de la República, pero se dejan en la Constitución un procedimiento para evitar acusaaciones infundadas, que pongan en riesgo la estabilidad del gobernante durante su mandato.
Fuente: La Jornada
