En su primera sesión del nuevo periodo ordinario, el Senado de la República aprobó esta noche, por unanimidad, la declaratoria por la que el Estado mexicano reconoce la competencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para recibir e investigar denuncias por desaparición forzada de personas en el país, ocurridas a partir de diciembre del 2010, en que nuestro país firmó la convención respectiva.
Diez años después, el Senado aprobó la declaración para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recibir y examinar comunicaciones individuales, una exigencia de miles de familias de víctimas de desaparición en el país.
Por unanimidad, con 107 votos, este martes poco antes de la media noche, senadoras y senadoras respaldaron la declaración que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, una acción que fue evadida en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
De hecho, senadores de Morena, PRI, PT, PVEM y PRD reconocieron que el presidente López Obrador haya avalado la intervención de ese organismo de la ONU, que gobiernos anteriores rechazaron.
El coordinador morenista Ricardo Monreal resaltó es de la mayor trascendencia aprobar que la competencia de ese Comité de la ONU, que ahora podría investigar y dictar recomendaciones en torno a denuncias que familiares o representantes de desaparecidos le hagan llegar.
“Quizá hubiéramos tenido justicia en Ayotzinapa si este Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU hubiera tenido competencia”, señaló e hizo notar que “de ese tamaño es el compromiso del ejecutivo federal”, porque los familiares de los más de 60 mil desaparecidos que hay en este momento en el país, pueden acudir al organismo de Naciones Unidas.
Por unanimidad (107 votos), el Senado de la República aprobó que la ONU intervenga en casos de desaparición forzada de personas. pic.twitter.com/RbHyYclw0D
— Angel Gallegos (@gallegoso) September 2, 2020
“A lo largo de décadas, México se resistía a invocar la ayuda del exterior para la lucha contra sus grandes lacras. Se decía, entonces, que el país podía hacer frente por sí mismo a sus retos, sin ayuda alguna de las organizaciones fundadas expresamente para combatir determinados delitos. La reticencia a aceptar ayuda externa quizás se explica porque aquellos gobiernos incurrían en tantas prácticas que no resistían el escrutinio foráneo”, apuntó el senador por Morena, Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, durante su intervención.
Las y los legisladores celebraron la declaración enviada por el Ejecutivo la semana pasada pues con ella el Comité contra la Desaparición Forzada, integrado por diez expertos independientes en materia de derechos humanos, podrá revisar de manera expedita las peticiones presentadas por familiares o cercanos a una persona desaparecida para su búsqueda y localización.
Además, el Comité podrá declarar admisibles las comunicaciones individuales cuando los familiares o representantes legales hayan agotado los recursos internos, a menos que éstos excedan los plazos razonables.
“Si el Comité considera que la comunicación realizada por una víctima de desaparición forzada en nuestro país cumple con los requisitos establecidos en la Convención, la transmitirá al Estado mexicano, y le solicitará que le proporcione en un plazo que habrá de fijar el propio Comité, sus observaciones y comentarios”, explicó la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.
Durante sus intervenciones, varios miembros del Congreso reconocieron la declaratoria como un logro de familiares y de colectivos y organizaciones de víctimas, que durante años han exigido que se termine de implementar la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que se encuentra vigente en México desde el 23 de diciembre de 2010.
En este país hay más de 75 mil desaparecidos están considerados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Fuente: Apro/ La Jornada
