La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a los matrimonios entre parejas del mismo sexo al resolver que la Constitución Política de Baja California violenta el principio de igualdad cuando considera que el matrimonio debe ser exclusivamente entre un hombre y una mujer.
Al excluir del matrimonio a las personas del mismo sexo se “atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, además, de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, porque da un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales”, detalló la Corte en un comunicado.
La formación de una familia, añadió, no es la finalidad del matrimonio, toda vez que cada persona es libre de determinar si tiene o no hijos, independientemente de su preferencia sexual y condición civil.
Con su fallo, la Corte declaró inconstitucionales los artículos 7 de la Constitución Política del Estado de Baja California, y 143 y 144 del Código Civil de dicha entidad federativa, en la parte que conciben al matrimonio como la unión de un hombre con una mujer, y vinculan su finalidad con la perpetuación de la especie.
Precedente judicial
La tarde del 17 de junio de 2013 fue rechazada de manera oficial la primera solicitud de matrimonio entre personas del mismo sexo, con base en el Código Civil y la Constitución Política de BC, que determinaba la exclusividad de contratos civiles entre heterosexuales.
El 7 de junio de ese año, Día de la Libertad de Expresión, un hombre acudió a la ventanilla de informes del Registro Civil de este municipio para solicitar fecha para un contrato de matrimonio. Se fijó para el 17 del mismo mes, a las 8:30 de la mañana.
Luego de recibir el pago correspondiente, las autoridades del Registro Civil citaron a los novios –Víctor Manuel Aguirre Espinoza y Karla Aguilera Ochoa– para el 14 de junio, a fin de que entregaran los documentos de identidad.
Ese día, una empleada de la Oficialía 01 turnó el trámite a la oficina del suboficial, debido a que no concordaban los nombres de los contrayentes en la agenda del registro Civil ni en el recibo de pago, toda vez que las actas de nacimiento y credenciales correspondían a Víctor Manuel Aguirre Espinoza y Víctor Fernando Urías Amparo. Y dijeron a la pareja que el trámite se cancelaba por la diferencia de nombres en la solicitud y la documentación entregada, además de las “limitaciones” constitucionales y del Código Civil, que señalan que el matrimonio tiene carácter de institución máxima, cuyo fin es garantizar la perpetuación de la especie y que sólo puede satisfacerse con la unión de un hombre y una mujer.
Pese a haber sido cancelada la petición, el 17 de junio los solicitantes acudieron al Registro Civil para exigir la validación del matrimonio. La oficial Anette Aldrete informó al abogado José Luis Márquez Saavedra, representante legal de Víctor Manuel y Víctor Fernando, las disposiciones jurídicas para no proceder con el contrato matrimonial.
El abogado solicitó la negativa por escrito para poder presentar un recurso judicial federal de protección a la pareja en su interés por contraer matrimonio.
Durante 2013, otras dos parejas del mismo sexo acudieron a la oficina de Registro Civil de esta ciudad con el propósito de contraer matrimonio, pero sus solicitudes fueron rechazadas por las “limitaciones” constitucionales.
Ahora, con el fallo de la SCJN, las autoridades bajacalifornianas están obligadas a aceptar los trámites que realicen las parejas homoparentales para contraer matrimonio.
Otras solicitudes rechazadas
En 2013 tres parejas del mismo sexo acudieron a la ciudad de México para contraer matrimonio y obtener con ello la protección de la seguridad social de sus parejas. Hasta el momento el ISSSTECALI se ha negado a dar luz verde a sus solicitudes.
Se trata de empleados de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública estatales, quienes cuentan con esta prestación laboral, pero se ha negado el beneficio a sus parejas.
El gobierno panista de Baja California dijo que estudiará las solicitudes. No obstante, una fuente consultada señaló que las afiliaciones son procedentes porque la SCJN determinó que las autoridades estatales están obligadas a reconocer de manera oficial las actas de matrimonio suscritas en otros estados o apostilladas en otros países.
Desde 1989 el PAN gobierna Baja California, cuyo marco legislativo también rechaza el aborto al proteger la vida desde su concepción, salvo cuando la vida de la madre o el nonato estén en riesgo o cuando haya habido violación.
Un caso emblemático en el estado es el de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, una adolescente que en 1999 fue violada en una colonia popular del poniente de esta ciudad fronteriza y obligada a parir, con la intervención de la Iglesia católica y la connivencia de la Secretaría de Salud.
Su caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Seis años después el gobierno estatal aceptó entregar un pago único de 20 mil pesos para que estableciera un negocio, además de cubrir un seguro médico para ella y su hijo y otorgarle una beca al menor hasta que culmine con sus estudios profesionales.
“Soy Paulina, mi caso se conoció en todo México. Cuando tenía 13 años fui violada y quedé embarazada. Mi vida se cortó, fui una niña madre. Qué bueno que la mamá de Chespirito pudo decidir por ella misma (y tenerlo). A mí y a mi familia también nos hubiera gustado decidir”, dijo al dar a conocer el compromiso gubernamental.
Fuente: Apro
